Por Juan Lozano
Deben sentirse avergonzados con los colombianos y descalificados en su trabajo los flamantes representantes de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país, los señores Alan Bojanic y Carlo Scaramella, al leer el informe que pone a Colombia peor que a Venezuela y en el mismo nivel que Haití en materia de alertas alimentarias y de hambrunas.
No voy a minimizar el problema del hambre en Colombia, pero, a pesar de tantas carencias e infamias que subsisten, ese informe parece chimbo y contrario a la evidencia real asociada con la entrega de subsidios monetarios, soportes alimentarios, ayudas y programas del sector público y privado, tareas de los bancos de alimentos, redes de protección social, implementación de los acuerdos, atención a los migrantes venezolanos y soportes de los sistemas de salud, bienestar familiar y educación.
Parece un informe especulativo con dificultades metodológicas, prejuicios e intencionalidades políticas, con una extraña intromisión a partir de juicios de valor sin soporte fáctico frente al proceso de paz. Por momentos parece proclama electoral de algún candidato, con afirmaciones contraevidentes y frases efectistas para alimentar titulares de prensa y arengas politiqueras.
El informe, además, es inconsulto. Las autoridades colombianas dicen que la información oficial auditada no fue tenida en cuenta y los señores Bojanic y Scaramella, en contradicción manifiesta con lo que dice el propio informe, le aseguraron al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, que nunca fueron consultados y que el informe no refleja la realidad del país, según me lo confirmó el propio ministro ayer.
En similar sentido, me confirmaron su inconformidad en la Casa de Nariño y celebro que desde la Cancillería, la Vicepresidencia y la Presidencia se esté preparando una respuesta contundente, soportada en datos verificables y una exigencia de aclaración del informe.
Que aquí tenemos inmensos retos en materia de nutrición; que dolorosamente todavía muchos colombianos –demasiados– aguantan hambre; que no hemos podido desterrar las mafias de la alimentación escolar enquistadas en la clase política; que no se ha hecho lo suficiente para encarar, enfrentar, desenmascarar y meter a la cárcel a los conocidos empresarios de la leche –nacionales y multinacionales– que le mezclan lactosueros, nadie lo niega.
Pero de ahí a equipararnos con Haití, colocarnos en una posición peor que la de Venezuela y a negar lo que los propios Bojanic y Scaramella habían venido reconociendo como logros en materia de nutrición hay mucho trecho.
En medio de las entretelas de esas costosas y a veces inútiles burocracias internacionales de las agencias multilaterales, como la FAO, y de su consabido carnaval del blablablá, los cocteles y los viáticos, se esconden agendas de intervención en la política interna de los países, sobre todo en temporada electoral. ¿Será este otro nuevo ejemplo de ese fenómeno?
En todo caso, la agenda de la nutrición, de la seguridad alimentaria y la agenda del hambre debe ser prioridad en el concierto nacional.
Para lo que sí sirvió este informe chimbo fue para recordarnos en plenas campañas presidenciales y de Congreso, no obstante los avances, que hay un larga lista de tareas pendientes en materia de nutrición y seguridad alimentaria que deben empezar por la sostenibilidad de los actuales programas de nutrición, la ampliación de sus coberturas, el blindaje de los programas de alimentación escolar y la acción contundente contra los piratas de la leche y los mezcladores de lactosueros que se acostumbraron a cometer los delitos tipificados en los artículos 299, 300 y 372 del Código Penal y que condenan a los niños a beber agualeches pagadas como si tuvieran los nutrientes y las propiedades nutricionales de la leche de verdad. Criminales.
@JuanLozano_R
Publicado en El Tiempo de Bogotá
