“Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”, así lo publicó ayer martes el equipo de investigación del portal español “TheObjetive”.
Según la documentación que cita el reportaje, PDVSA habría contratado al bufete de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España, en presuntos casos contra proveedores de Bariven por presuntos ¡delitos de fraude y cohecho”.
En el contrato con Garzón, Ilocad se comprometió a la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España”, lo cual según los periodistas conformaría un conflicto de intereses con Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado y pareja del propio Garzón.
Otro aspecto que se señala en la nota, es que el contrato fue suscrito por Eulogio del Pino, quien estaría “pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción”.
El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad. Y se da la circunstancia de que el directivo de la petrolera que firmó la orden de contratación, Eulogio del Pino, se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción.
“Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA. Delgado ya ha advertido en alguna ocasión que no se siente «concernida» ni cree que personalmente deba apartarse por afectación directa o indirecta en el ‘caso Tándem’ –que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo- por su relación personal con Garzón. Sin embargo, se da la paradoja de que un fiscal de Tándem sí fue apartado por la cúpula de la carrera, presidida por Delgado, bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. La inspección tachó todo de conjeturas y no apreció irregularidad alguna en su comportamiento”.
“La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España”.
Asimismo, se señala que “en dichos documentos, aflorarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez. Todos ellos han sido miembros de la dirección de PDVSA en el periodo investigado (2005 a 2014). El bufete de Garzón entregó una prueba que, según fuentes jurídicas, puede volverse en contra de su cliente: las atribuciones legales de la junta directiva de PDVSA. Y entre ellas estaba la de «autorizar la celebración de contratos».
Otros conflictos
Para Francisco Mercado, quien firma la nota, la causa juidical sobre PDVSA que lleva el bufete chocaría con la próxima decidión “sobre la posible extradición del todopoderoso exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal”. Por cuanto concoería “precisamente contratos clave de PDVSA, incluidos los obtenidos por Ilocad del Estado venezolano o de sus empresarios afines”. Además, que hace varios años el bufete de Garzón participó en la defensa de Carvajal para evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
El razonamiento de periodista sobre este conflicto es muy claro. Señala que Carvajal “dice tener documentados oscuros negocios vinculados a la coalición que gobierna España”. Preguntàndose que ¿qué papel deben asumir la Fiscalía y la judicatura?. Concluyendo que “el conflicto de intereses está servido: extraditar sin investigar las denuncias de Carvajal alimentaría la credibilidad de sus acusaciones y parecería un favor a Maduro, presidente de un régimen amigo (Delcygate, Plus Ultra, Caso Morodo, subvenciones millonarias a la fundación embrión de Podemos…) y cliente de bufetes poderosos”.
El otro conflicto citado, es el casi de Alex Saab, detenido en Cabo Verde y sometido a un proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos.
Para leer el reportaje de investigación, hacer click en el siguiente enlace:
https://theobjective.com/garzon-delgado-venezuela-pdvsa