Desde el año 2013, y ciertamente también desde antes, en Venezuela hemos sido testigos de los excesos de los cuerpos policiales, para policiales, militares y para militares. Muchas de esas violaciones a los derechos humanos (DDHH), calificarían para ser considerados “crímenes de lesa humanidad”.
Desde el año 2000, es la Corte Penal Internacional (CPI) la institución internacional con competencia para investigar los casos, determinar si se han cometidos esos crímenes, encontrar los presuntos culpables que los han cometido, enjuciarlos y condenarlos.
Venezuela es signataria de ese acuerdo firmado en Italia y denominado el “Estatuto de Roma”, y por ello está sometida a esa jurisdicción penal supra nacional.
Ese Estatuto, un logro para la justicia internacional, fue una lucha de abogados defensores de los derechos humanos por 45 años. Abogados cuyo interés se remonta a los episodios de los Juicios de Nuremeberg, que procesaron a los jerarcas Nazis y a su subalternos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, de visita en Caracas sostuvo reuniones formales con Nicolás Maduro, jefe del régimen. De esas reuniones, surgió la firma de un “memorandum de entendimiento 3-11-2021” que facilitará las investigaciones de la CPI en Venezuela.
Se debe recordar, que ante la CPI en Holanda -en donde está radicada la Corte Penal Internacional- han sido introducidas centenares de denuncias, extensamente documentadas según los expertos, sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Todas esas denuncias formaron de la «investigación preliminar» que fue cerrada este miércoles y que dió paso a la investigación firme anunciada por el fiscal Khan.
En un Twit de la madrugada de este jueves, el Dr. Román Duque Corredor nos hizo llegar la opinión del Bloque Constitucionalista de Venezuela. La comunicación sirve para explicar como ha sido el procedimiento seguido por la CPI: “cierre de investigación preliminar por Fiscal de CPI significa que hechos investigados son delitos de lesa humanidad y se abre investigación sobre responsabilidad penal sin importar cargos o privilegio de gobierno madurista”.
Tal vez el régimen venezolano, ávido del reconocimiento internacional que en estos momentos no tiene, haya aceptado esta investigación en la manera que le ha caraterizado hasta el momento para retrasar en el tiempo la solución de los problemas que enfrenta. También tal vez, porque la experiencia en el caso colombiano con una investigación abierta, se extendió por 25 años.
Luego de dos décadas del régimen chavista, y post chavista en manos de Nicolás Maduro, es que de alguna manera los venezolanos hemos aprendido a esperar.
Esperamos en largas colas para comprar gasolina, comprar medicinas en las farmacias, votar en las elecciones, retirar unos pocos bolívares en las taquillas de los bancos, y hasta esperar a que por las tuberías llegue el agua, y nos regresen la electricidad al sobrevenir los apagones.
Ojalá que el fiscal Khan haya tenido la capacidad de comprender, que los venezolanos no esperarán tanto para ver los resultados de sus gestiones legales en Caracas de esta semana.
En todo caso, el comienzo es positivo: El Estatuto de Roma, ya se empieza a aplicar en Venezuela.
Eduardo Martínez
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