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Por Eduardo Martínez

Para mantener el aparato burocrático venezolano el fisco impone una variedad de impuestos. Entre estos tenemos principalmente, el impuesto a las ventas de petróleo, los impuestos a las importaciones, y el impuesto sobre la renta que pagan empresas y personas.

En las últimas décadas, fueron introducidas nuevas herramientas fiscales, como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las transacciones bancarias y financieras, el impuesto a los patrimonios y, últimamente, el impuesto a la grandes transacciones financieras.

Estas innovaciones que tratan de compensar los déficits fiscales, han demostrado no ser sufientes -más allá del momento- para dotar al Estado de los fondos para cumplir con sus compromisos. Por eso, cada tanto, vuelven a instrumentar nuevos impuestos.

El impuesto a las grandes transacciones financieras  (IGTF), que recientemente entró en vigencia, esconde tras esa pomposa denominación la insaciabilidad fiscal de un régimen que no sabe como o no quiere corregir sus errores. Empezando por su nombre, debemos decir que es simplemente un impuesto al dólar que se gasta en una economía de por sí dolarizada.

El bolívar, tanto nuestro signo monetario como el héroe del cual se tomó el nombre, es una ficción. El héroe ya no existe en el léxico gubernamental. La moneda ha sido sustituída por el dólar.

Hoy en día es más fácil conseguir dólares que bolívares. No solo para las empresas. Lo alarmante es que tampoco las personas -individuos- logran tener los bolívares en su cartera para cancelar las tarifas de taxis, autobuses y camionetas. Y ni se diga de las compras en supermercados, mercados, abastos y farmacias.

En este sentido, el IGTF es una tasa fiscal -que de ser aplicada- castiga más -como siempre- a los que tienen menos.

La interrogante sobre este nuevo impuesto, es si logrará satisfacer las necesidades de la burocracia. Es tan masivo el alcance e impacto que produciría en la menguadas finanzas personales, que no es de extrañar que brote la complicidad entre los consumidores y los vendedores. Y vuelva la vigencia de aquella máxima colonial, cuando desde Madrid se trataba de imponer leyes y órdenes sin pensar en el impacto que tenía en los lejanos territorios: “se acata pero no se cumple”.

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