Redacción
El periodista Alfredo Conde advierte que los acuerdos de la II etapa de negociación carecen de compromisos concretos, mantienen la censura digital e incumplen el mandato constitucional para la renovación judicial.
«Reivindico el derecho y el deber ético de opinar desde el ejercicio periodístico, sin concesiones a la autocensura y con el compromiso inquebrantable de defender la libertad de informar”, destacó el periodista, gremialista y líder social.
Añadiendo que “ante este escenario, considero que el balance de la segunda etapa de la Mesa de Diálogo refleja una brecha profunda entre los anuncios políticos, las exigencias constitucionales y las demandas urgentes de la sociedad civil y el sector comunicacional»,
La partidización de la selección judicial
Para Conde, se evidencia la violación del mandato constitucional. Explica que la Constitución exige que la selección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda a un Comité de Postulaciones independiente, plural y dominado por la sociedad civil.
“Es inaceptable que una anunciada comisión de evaluación de 7 integrantes incluya a tres militantes activos del PSUV con severos cuestionamientos. Esto desvirtúa la imparcialidad y la meritocracia, convirtiendo el proceso en una repartición de cuotas políticas», expresó el comunicador.
Conde también cuestionó la exclusión de las academias y gremios. «Se ignoró deliberadamente a los colegios de abogados, facultades de derecho y gremios profesionales que contaban con propuestas y baremos técnicos para evaluar la idoneidad de los aspirantes. Al marginar a las instituciones capacitadas, el proceso pierde legitimidad ante los ciudadanos».
Libertad de prensa y el limbo del sector comunicacional
«La censura no requiere comisiones, exige órdenes inmediatas. El levantamiento del bloqueo a los medios digitales no necesita ‘mesas de trabajo’ ni burocracia. Los bloqueos son arbitrarios y se resuelven hoy mismo si hay voluntad política mediante una instrucción administrativa. Someter la restitución de derechos a dilaciones alarga injustificadamente la censura», argumentó Conde.
A su juicio, es evidente la falta de reformas estructurales. «No existen garantías para la libertad de expresión mientras permanezca vigente la inconstitucional ‘Ley del Odio’, un instrumento diseñado para criminalizar la opinión y el trabajo periodístico, así como a los ciudadanos que se expresan en redes sociales”.
Al precisar que “su derogación -no la reforma anunciada por Delcy Rodríguez- es el estándar mínimo para hablar de un debate público libre”.
«Hay una deuda histórica con la radio y la protección periodística. El país exige la devolución inmediata de las concesiones, frecuencias y equipos confiscados a decenas de emisoras clausuradas. De igual forma, exigimos el cese de la intimidación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Ejercicio del Periodismo», resaltó.
Comunicados oficiales e impacto en la negociación
Sobre los pronunciamientos emitidos tras los encuentros, Alfredo Conde subrayó que «el comunicado difundido al cierre de esta etapa carece de plazos perentorios, metas concretas y mecanismos de verificación independientes. Usar un lenguaje evasivo como ‘evaluar marcos’ o ‘crear comisiones’ convierte el diálogo en un trámite retórico alejado de la urgencia nacional».
Finalmente, Alfredo Conde advirtió que «la gradualidad acomodaticia y la subordinación de los derechos ciudadanos a los tiempos de la política” terminan dañando la credibilidad y el esfuerzo de la delegación de las fuerzas democráticas ante la opinión pública».
Fuente: Nota de Prensa
Fotografía: rsf.org