por: Víctor Maldonado C.
A los presos políticos de Econoinvest
Una juez de inmigración del Estado de Florida solventó un dilema que yo no había podido resolver sobre la cualidad de los empresarios que, por una u otra razón, habían sido objeto de persecución, hostigamiento, daño reputacional, expropiación, exilio y cárcel. Porque en un principio ninguno de ellos había querido siquiera imaginar que estaban en la línea de colisión con el gobierno, la mayoría mantenía un perfil político discreto, se dedicaban eso si al fomento de las artes, la ciencia y la cultura, pero con un talante respetuoso y pluralista que, de acuerdo con su forma de ver las cosas, les evitaba cualquier situación equívoca con un régimen tan dado a responder eruptivamente cualquier asomo de competencia en lo que le es lo más preciado, el uso hegemónico del poder para imponer se propia visión del mundo. Fueron muchas las veces que me resultaba incómodo el calificarles la condición de presos políticos, lo que los colocaba en un limbo de imprecisiones muy incómodo a la hora de intentar defenderlos. Pero la honorable magistrada Lourdes Martínez Esquivel sentenció que “la privación de libertad del Señor Eligio Cedeño es arbitraria debido a que viola los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9,10 y 14 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos». ¡Bien hecho!
Este gobierno hace gala de su enemistad manifiesta contra los capitalistas, que entienden en el sentido más amplio y difuso del término, para englobar en él cualquier disensión, cualquier emprendimiento con aspiración de autonomía, cualquier indicio de acumulación sobre la base del trabajo productivo. Todos los capitalistas son sospechosos. Todos ellos son enemigos del proceso que tiene como objetivo el imponer el socialismo ortodoxo una vez que hayan acabado con la vieja estructura fundamentada en la propiedad privada de los medios de producción. Eso lo sabemos. La pregunta es si el gobierno tiene derechos para haber emprendido esa persecución. Si para el exterminio basta contar con esa legitimidad difusa que se basa en la indiferencia de las mayorías o en la explotación sistemática del resentimiento. Lo que debemos cuestionar es si hemos sido espectadores de una calamidad ética que el Dr. Ernesto Garzón Valdez calificó como Terrorismo de Estado, habiéndose invocado para ello la supremacía del socialismo por encima de cualquier otra consideración, y justificando de esta forma la aplicación de medidas coactivas violatorias de los derechos humanos. Porque por lo decidido por la Corte de Inmigración de la Florida, los empresarios a quienes se les ha reducido a la ruina y a la cárcel son víctimas de una gran confabulación, de un acto terrorista dirigido desde el gobierno con la finalidad de descalificar al capitalismo.
El terrorismo de Estado tiene los siguientes rasgos: Declaración de la “guerra vertical” contra un enemigo interno, de acuerdo con el guión provisto por León Trotsky, que justificaba su instrumentación porque de los contrario “la burguesía nos hubiera estrangulado mucho antes del advenimiento de la revolución”. ¿Les suena? El segundo atributo de esta calamidad es “la delimitación imprecisa de los hechos punibles y eliminación del debido proceso para ciertos delitos y ciertos “delincuentes”. ¿No es eso lo que ocurrió con Eligio y lo que ocurre con los directores de Econoinvest, sometidos a un galimatías jurídico inabordable por lo insensato? El tercero es la imposición clandestina de medidas de sanción estatal prohibidas por el ordenamiento jurídico? Algunos de ustedes han visto la violación flagrante del honor y la reputación como propaganda repetida una y mil veces en los canales oficiales. Alguno ha oído cómo funcionarios de medio pelo repiten lo que dicen sus dirigentes sobre el talante monstruoso de los que sólo fueron culpables de emprender? ¿Y la incomunicación? ¿Y el retardo procesal? ¿Y el secuestro de la Fundación de la Cultura Urbana? El cuarto es la aplicación difusa de medidas violentas de privación de libertad, la propiedad, o la vida. Sólo quiero decir que William Niño Araque murió de un infarto, luego de haber pasado por la aterradora circunstancia de irse del país al saberse perseguido. Y por supuesto, el mantener esa sensación de que nadie está a salvo. Que todos tienen un número en la espalda, que el exterminio viene, pero no se sabe ni cuándo ni cómo.
Por eso celebro el poder llamar al pan, pan y al vino, vino. Que hay terrorismo de Estado contra un enemigo interno. Que estos “enemigos” son perseguidos políticos y presos políticos. Y que toda esta situación de extrema injusticia es repudiable y que por lo tanto no cabe seguir guardando ese silencio cómplice sobre lo que aquí está ocurriendo.
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