Entre las conclusiones de los 18 especialistas que se reunieron en Caracas en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunados a la crisis financiera, y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados
“Quienes lavan dinero no son los que conocemos como narcotraficantes, sino que son políticos, banqueros, abogados que están detrás de esas operaciones. No es el que trasiega la droga, sino un buen político funcionando en un buen puesto porque es el que tiene las regulaciones, el banquero porque es quien facilita, y el abogado porque es quien conoce los hoyos de la ley”, dijo el mexicano Carlos Ramírez, criminólogo y director de la firma Prisma Consulting Latinoamérica, en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo celebrada en Caracas.
“No hay una cultura antilavado bien formada en Latinoamérica”, agregó. “Estamos en ese proceso donde se hace necesario atacar los altos niveles de gobierno, sean del partido que sean, y también al sector privado que participa y se beneficia de ello”, y al igual que Colombia, comparó el especialista, esto forma parte de una decisión política que deben tomar los Estados de la región para combatir con eficacia el blanqueo de dinero.
En la misma dirección, Alejandro Rebolledo, experto y consultor venezolano del Instituto de Altos Estudios Profesionales, explicó que se va conformando una cadena en la medida que falta más adiestramiento y formación, volviendo más complejo el panorama cuando “en los altos niveles no tienen idea de este tema, pese a que el delito contra la corrupción no prescribe, y cualquiera puede resultar salpicado. Con el poder que se maneja en este momento desde las instancias de gobierno, cualquiera podría mañana ser autor, coautor, cómplice, cómplice necesario o encubridor, y el delito por corrupción no prescribe”, según el artículo 271 de la Constitución Nacional venezolana.
Recordó el caso Pinochet, Montesinos y al ex dictador panameño Manuel Noriega a quien le impusieron 7 años de prisión en Francia recientemente por hechos de corrupción. “Por eso si no hay capacitación, estás ciego”. Precisamente una manera de contrarrestar este flagelo, según Rebolledo, es instalar la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, decretada en septiembre de 2006 por el Presidente Chávez, la cual aún no tiene conductor.
También Mónica Jiménez, experta financiera para el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito, mencionó que el lavado de dinero “está asociado no sólo al narcotráfico, sino a todas aquellas actividades que generen recursos ilícitos como la trata de blancas y la corrupción; así como todo lo que tiene que ver con procesos de extorsión, tráfico de armas, y delitos de administración pública contra entidades financieras”.
Al igual que en América Latina, el especialista y académico español Antonio García Noriega señaló que Europa vive uno de sus peores momentos en cuanto a la legitimación de capitales por corrupción, debido al uso de facultades discrecionales que tienen los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias.
Razón por la cual William Chinchilla de Costa Rica enfatizó que “algunos países han ido creciendo en normativa y no quiere decir que crecer en normativa dé garantías de eficiencia. Tenemos países con normativas muy modernas pero su aplicación es ineficiente, se sigue lavando dinero. Es un asunto de conciencia, un tema de convicción, que debe comenzar desde la planta asesora política al educar no sólo el sistema financiero, sino incluso al ciudadano común.
En Latinoamérica, el aumento del lavado de dinero ha sido detectado por los entes regulatorios con el crecimiento de los reportes de actividades sospechosas en 6 de las economías más importantes de la región. México y Brasil encabezan la lista con cifras alarmantes de presunta legitimación de capitales a través de movimientos de los carteles aztecas de la droga que pudieron estar manejando alrededor de 9 billones de dólares en el 2009, aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según las autoridades locales; mientras que el gigante del sur reportó a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, la investigación de 22.042 informes de la banca, 1.392.597 actividades dudosas provenientes del área aseguradora y 1.246 registros de nebulosa procedencia del mercado de capitales.
Colombia no se quedó atrás y en el mismo período, experimentó un repunte de 32% en los registros de presuntas actividades ilícitas y Perú contabilizó unos 2.423 reportes de operaciones sospechosas el año pasado. También Ecuador presentó en 2008 cerca de 98 reportes de operaciones y transacciones que podían estar relacionadas con el lavado de activos, los cuales ascendieron a USD 624.089.563 millones.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera venezolana adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), observó 705 casos en el segundo semestre de 2009, que elevaron a 13,34% las cifras de lavado de dinero, con respecto al mismo período del año anterior.
Esta UIF, según Rebolledo, debería depender del Ministerio de Finanzas y se preguntó: “¿quién reporta los negocios de los bienes raíces? ¿quién reporta la construcción? ¿O la venta de automóviles? ¿Las joyerías? Son negocios que nadie se imagina cómo se lava dinero”.
Fuente: ECCA Comunicaciones