Indefensión: “Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa. Puede causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervenga culpa o negligencia de quien alegue indefensión. Da lugar a la nulidad de lo actuado y es motivo para recurrir las resoluciones judiciales y también las administrativas”.
Por Eduardo Martínez
Si los venezolanos que emigraron en las últimas dos décadas (8,5 millones registrados y 10 millones extraoficialmente) los dejaran votar, sería una inmensa fuerza electoral y el chavismo (4 gatos) con toda su hegemonía de poder quedaría fuera de juego.
Sin embargo en Venezuela, las instituciones que constitucionalmente deberían tener independencia, han colocado al venezolano y al colectivo venezolano en absoluto estado de indefensión. Una figura legal que nos hemos permitido citar al inicio de esta nota, según se define en el “Diccionario Panhispánico del español jurídico” que publica la Real Academia Española.
No hay duda sobre el uso de este término para calificar lo que ocurre en Venezuela. Un país donde las leyes son utilizadas, no para proteger al ciudadano, sino para subyugar y dominar.
El más reciente caso es el proceso de inscripción de los candidatos presidenciales. Un proceso en el cual, violando cuantas leyes son necesarias violar – como es el caso del constitucionalmente derecho de “elegir y ser elegido- se ha impedido la inscripción de candidatos, se ha amenazado con borrar del registro a partidos, y se ha eliminado el registro o intervenido judicial o administrativamente a partidos que adversan al régimen. Llegando incluso a inhabilitar extrajudicialmente a venezolanos cuyos nombres puntean en las encuestas. Todo eso para evitar que los venezolanos logren con su voto producir el cambio político que anhelan.
Estos hechos demuestran, más allá de toda duda, el estado de tutelaje que ejerce el régimen para conducir el proceso electoral que culminará “en teoría” con las votaciones del 28J.
Ante esta situación, el ciudadano venezolano se encuentra en un estado de indefensión. Se le cercena el derecho constitucional a ser elegido y a elegir. El cual es un derecho fundamental, y como tal, un derecho humano que viene siendo violado.
Un hecho que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, -de visita en Venezuela en estos días- debería llevarse anotado en sus libretas.
@ermartinezd