“Francisco Illarramendi, quien se declaró culpable de usar dinero del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela para montar un esquema de fraude estilo Ponzi(*), se había convertido en uno de los principales accionistas de una empresa de tecnología nuclear, según la investigación que la Comisión de Valores (SEC) emprendió en su contra”, así reza la noticia publicada en el día de ayer por El Nuevo Herald de Miami en su primera página. Una información que comienza a develar el oscuro destino de los dineros de los trabajadores de PDVSA. En este caso, de 540 millones de dólares.
Especial desde Miami
La imputación de la fiscalia federal de Connecticut no da lugar a dudas de qué pasó con los fondos de pensión de los trabajadores de PDVSA. Puede ser leída en el siguiente enlace:
ILLARRAMENDI+Francisco+information
Luego del paro petrolero del 2002-2003, sistemáticamente el gobierno venezolano ha negado a los ex trabajadores el pago de sus prestaciones sociales, fideicomisos y los fondos de pensión.
Ya sea en forma individual, o colectivamente, los ex trabajadores de PDVSA tienen 8 años reclamando sus derechos y haberes a la empresa, al ministerio de Energía y a las distintas instancias del Estado, administrativas y judiciales. No han obtenido ni el dinero, ni la información respectiva.
En los casos de las demandas y recursos judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ termina siempre fallando de la misma manera: “Sin Lugar” ó “Inadmisible”. Siendo la lectura de las bases de las decisiones de una ingeniosidad leguléyica sin precedentes en la historia judicial venezolana.
Recientemente, con exactitud el 21 de febrero pasado, el diputado Ismael García, en compañía de otros tres diputados, pidieron a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la apertura de la correspondiente investigación penal luego de exponer en un extenso escrito delitos y presuntos delincuentes que cometieron en el manejo de los fondos de pensiones de PDVSA y la Electricidad de Caracas-EDC. (para ver el documento consignado ante el ministerio Público hacer click aquí fgrfondodepensionespdvsa-110217101036-phpapp01)
Igualmente, solicitaron se interrogara a los ciudadanos Eudomar Caruyo, Director de Finanzas de PDVSA; Juan Montes, funcionario de Tesorería de PDVSA; Francisco Illarramendi, Asesor de inversiones de PDVSA; Acacio Rodríguez, Tesorero de Citgo en 2004; Javier Alvarado Ochoa, de la EDC; Wills Rangel, presidente de la Federación de Trabajadores de Pdvsa; y José Bodas, secretario de la Federación de Trabajadores de Pdvsa.
También, los diputados solicitaron en su petitorio la realización de una auditoría fiscal y exhaustiva a las empresas PDVSA y EDC, “sobre modo, aprobación y ejecución de las colocaciones de los Fondos de Pensiones de los trabajadores de PDVSA y EDC para los períodos comprendidos desde el año 2006 a la fecha actual”
Hasta el momento, se desconocen cuáles han sido las actuaciones de la Fiscal General con respecto a esta solicitud de cuatro diputados de la República. Al día de hoy, la revisión de la página web del Ministerio Público sólo tiene información relativa a la prohibición de las competencias de Fun Race y la solicitud de medidas innominadas a sus organizadores, y la imputación de dos ciudadanos por vender guacamayas.
En los EEUU, Francisco Illarramendi enfrenta hasta 70 años de cárcel, la pérdida de todos sus bienes y el tener que devolver la totalidad del dinero confiado a su manejo. Esto último, será por lo visto bastante difícil de ocurra. El fiscal federal de Connecticut, David Fein, sólo ha podido ubicar 53 millones de dólares que había congelado la SEC (la comisión de valores de los EEUU). En cuanto a 275 millones de dólares, la fiscalía y la SEC los dan por perdidos. Por que Illaramandi había falsificado una carta, entregada a la SEC, donde certificada que tenía esta cantidad en activos. Lo cual resultó una mentira.
Sobre la culpabilidad de Illarramandi, no habría nada que demostrar. Este venezolano de 42 años, la fiscalía dio a conocer en una nota de prensa, ya se declaró culpable de cinco cargos criminales, entre ellos: fraude de valores, fraude electrónico y conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la SEC.
La conspiración, ha vinculado a otros dos venezolanos que han sido arrestados: Juan Carlos Guillén Zerpa, contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano. Guillén Zerpa, ambos venezolanos.
Regresando a Venezuela, la denuncia del diputado García hace pensar que existe también una conspiración local en torno a este caso. Lo que toma cuerpo cuando se examina las inversiones que hacía Illaramendi y las magnitudes de los fondos confiados a él, y su empresa MK Capital Management LLC.
Por una parte, invertía en empresas relacionadas con reactores nucleares. Por otra parte, manejaba sin supervisión cientos millones de dólares de PDVSA, al punto de desviarlo presuntamente en un esquema Ponzi sin que nadie se diera cuenta.
¿Qué tanto sabían de estos negocios los directivos de PDVSA y su presidente, que a la vez es ministro de Energía? ¿Porqué no actuó de inmediato la Fiscal General? ¿En dónde entraría el presidente en todo esto, sobre todo con el tema nuclear? ¿Estamos en presencia de una conspiración?
En los próximos días conoceremos más detalles de este caso, que ha sido calificado por el fiscal federal de Connecticut como “el mayor juicio de cuello blanco alguna vez conducido por esta oficina”
(*)Esquema Ponzi: modus operandi que ofrece grandes rendimientos por depósitos, pero que cancela los intereses a los primeros que invierten con el dinero que depositan los que vienen después. El sistema colapsa cuando dejan de aparecer nuevos inversionistas.
Fuente: Redacción
