Por Francisco J. Contreras Marquez
Colombia y Venezuela muestran que la magnitud de una catástrofe no se decide únicamente bajo tierra: también se define en los presupuestos, los registros, las instituciones y la confianza.
Ilustración conceptual
l: · La infraestructura visible descansa sobre una arquitectura institucional menos visible, pero decisiva.
2: La lección para América Latina no es importar una receta, sino construir un núcleo común de deberes y calibrar los controles según la capacidad real de cada territorio.
La Tesis
La sacudida es solo el comienzo.
Los terremotos duran segundos. Las catástrofes pueden durar decenios. Cuando cesa el movimiento comienza la prueba que de verdad separa una emergencia contenida de una crisis prolongada: rescatar, informar, sostener servicios, movilizar liquidez, contratar con integridad y reconstruir sin reproducir la vulnerabilidad que convirtió la amenaza en tragedia.
Llamar «natural» al desastre puede resultar cómodo porque desplaza la explicación hacia una fuerza inevitable. La geología importa —y mucho—, pero no decide por sí sola quién vive en una edificación insegura, cuánto tarda una ambulancia, si un hospital conserva energía, si una tesorería dispone de caja o si una compra de emergencia entrega lo prometido. La sacudida es física; la duración social del daño es institucional.
Los sismos de Venezuela del 24 de junio y de Colombia del 10 de agosto de 2026 ofrecen una comparación excepcional, siempre que no se convierta en una competencia entre gobiernos. No fueron eventos equivalentes. El doblete venezolano incluyó un segundo movimiento superficial; el colombiano ocurrió a 103 kilómetros de profundidad. Cambiaron el mecanismo, la exposición, el suelo, la hora y la madurez de la información. Comparar mortalidad bruta como si ambos países hubieran rendido el mismo examen sería mala ciencia y peor política.
Lo que sí puede compararse son los mecanismos. ¿Existían mapas, protocolos, equipos y líneas de financiamiento antes del choque? ¿La información tenía definiciones comunes?
¿El mando nacional alcanzaba la última milla? ¿Los contratos podían revisarse mientras se ejecutaban? ¿La cooperación reforzaba capacidades nacionales o creaba dependencias? Allí aparece la tesis decisiva: la capacidad estatal no es una oficina ni una ley; es una cadena de funciones cuya fuerza queda determinada por el eslabón que falla cuando más se necesita.
Para leer el texto completo:
* Este editorial forma parte de una investigación en curso sobre capacidad estatal, financiamiento, integridad y reconstrucción antifrágil en Colombia y Venezuela. ORCID: 0000-0002-9448-2543.
* Profesor de Pre y Post grado de la Universidad de Carabobo en Venezuela y de la Broward International University, Florida.
* Editado por los Papeles del CREM. Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca.
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