El muerto es del gobierno

Un caso de propiedad, donde lo único que está claro es que el muerto es del gobierno

por Eduardo Martínez

El fallecimiento del productor agropecuario Franklin Brito ha impactado a la opinión pública mundial. Fue la noticia más resaltante de ese día. Agencias, cadenas informativas y prensa en general, cualquiera fuera su idioma, la destacaron en sus titulares.

Los venezolanos asistimos a su agonía a veces con indiferencia. En momentos, la imagen de un hombre famélico, huesudo y mirada pérdida, nos impulsaba a voltear la página. Su apariencia, que nos impresionaba, fue producto de largos años de lucha por unas tierras en el estado Bolívar. Las 8 huelgas de hambre durante largos meses minaron su organismo y, probablemente, su capacidad para negociar con un gobierno que se negaba a dar satisfacción a sus requerimientos.

El gobierno se defiende, de este problema que nunca enfrentó como “su problema”, señalando en comunicado emitido a los dos días, que Brito recibió: “en todo momento respuestas oportunas”, que “en ninguna forma violó o conculcó” sus derechos. Igualmente arremetió contra los medios, la oposición, y las autoridades de la Iglesia católica, que “alentaron la decisión extrema del Sr. Brito con el único fin de lograr un muerto para sus sucias banderas”.

Olvida el gobierno un principio del derecho, ese derecho del cual se jacta tanto de respetar: “la causa de la causa es la causa”. Principio que debe orientarnos siempre a buscar el origen primero de los sucesos. En este caso, unas tierras que le fueron confiscadas al señor Brito. Todo partió de ese acto gubernamental.

Franklin Brito, a diferencia y en rechazo al método “Chaz”, decidió luchar por su derecho constitucional a la propiedad. Decidió no quedarse callado.

¿Por qué Brito recurrió a acciones extremas, como es una huelga de hambre? Porque el procedimiento de incautación de sus tierras fue ilegal. Sin mediar ningún juicio de expropiación repartieron sus tierras entre varias personas. Lo que quedaría demostrado posteriormente cuando revocaron la medida. Porque no recibió respuesta, hasta que su caso ocupó las primeras planas de los periódicos. Esa no es una respuesta oportuna. Porque consideró en su justo derecho y opinión que no estaban dados los supuestos para una expropiación por utilidad pública. Porque quitarle las tierras a un pequeño productor para dárselas a otros minúsculos productores no constituye un caso de utilidad pública.

Pero lo que más ha indignado a los venezolanos es el más absoluto irrespeto por las personas y sus derechos constitucionales. Siendo el broche de cierre su secuestro, traslado y aislamiento en el Hospital Militar de Caracas. Como si quitándolo de la vista del público se resolvía el problema original de las tierras de Franklin Brito.

No faltará quien diga que Brito no estaba en sus cabales. Puede ser verdad. Pero también ese desquiciamiento no deja de ser responsabilidad del Gobierno, a quien le pertenece al final de la historia la propiedad única del muerto.

2 de septiembre del 2010