Por Eduardo Martínez
Justificando la carta de los «25 Abajo Firmantes», se ha alegado que “la prolongación de sanciones económicas, que no funcionaron para forzar un cambio en el mando político de Venezuela, están generando efectos colaterales no deseados en las empresas privadas y hogares venezolanos”.
Sin embargo, una revisión de lo acontecido en la economía venezolana, desde 1999, nos señala que el modelo económico desplegado por el régimen venezolano ha sido el efecto más letal en contra de las empresas privadas venezolanas. Y no solo contra las privadas, sino que inclusive en contra de las empresas estatales.
Solo en el sector industrial privado -cifras de Conindustria- en Venezuela de 12 mil industrias en 1999, se ha llegado a menos de 3 mil en 2022, con el agravante de que esas industrias están -en promedio- al 30% de su capacidad operativa.
En cuanto a las empresas estatales: Sidor, Alcasa-Venalum, Bauxiven, entre otras, han dejado de suministrar láminas y perfiles a la industria nacional, mucho antes de que se aplicara la primera sanción al régimen.
En este caso Acero-Aluminio, aguas abajo, el desabastecimiento obligó a disminuir la producción de industrias privadas que trabajaban con perfiles y láminas. Cito un ejemplo literalmente «lapidario».
Con la llegada de Maduro a Miraflores, desaparecieron las urnas de metal, y se tuvo que regresar a las de madera. Y más aún, hoy en día escasean a veces las de madera. Esto a pesar de que una alta proporción de los fallecidos no son enterrados, sino cremados.
Adicionalmente, la arremetida confiscatoria contra las empresas del agro -vertical y horizontalmente en toda la cadena- ha producido una desinversión en el sector.
En cuanto a PDVSA y las empresas eléctricas, la primera que generaba los recursos, y la segunda que motorizaba a la economía y la sociedad, ha ocasionado un descalabro de tal magnitud, que sin una la otra no funciona -y no puede funcionar- con eficiencia y efectividad.
En el presente, no en el futuro, si no se recupera la generación, transmisión y distribución de la electricidad, no se puede levantar la producción de gas y petróleo a los niveles anteriores.
Si no se levanta la producción de gas y petróleo, no se puede generar la electricidad que requiere la producción de petróleo.
Ambas disminuciones de producción (eléctrica y petrolera) ocurrieron antes de que anunciaran las sanciones.
En el modelo de empobrecimiento del país y los venezolanos, lo que más preocupa y altera al régimen, no es lo que le pasa al venezolano común y corriente, sino lo que falta a los fondos que alimentan la «caja chica» de Miraflores. Fondos que se han venido utilizando -arbitrariamente y a discreción- para dirigirlo hacia el logro político: Cuba, Nicaragua, África, el Caribe, y los esquemas de control social interno, incluyendo la política dadivosa e insuficiente de los llamados “bonos”.
Todo eso ocurrió ante de las sanciones que, en su gran mayoría, son «personales» a jerarcas y enchufados del régimen.
Por el contrario, el venezolano común y corriente, ha estado sometido a sanciones de naturaleza «interna», y nadie le ha escrito una carta a Maduro. Es de suponer que los «Abajo Firmantes» a esta altura han debido quedar tan despelucados con las reacciones ante la carta en cuestión, que ni siquiera de ahora en adelante firmarán electrónicamente.
La justificación de la Carta, no es otra cosa que un infructuoso intento de chantaje, que en este caso es emocional.
Según los psicólogos, el «chantaje emocional consiste en utilizar los sentimientos como arma para conseguir que los demás sucumban a las exigencias de uno mismo». Ni más ni menos.
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* Gráfica y conceptos cortesía de itaepsicologia.com