El afán por desandar en la destrucción y las devoluciones

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Por Ana Carrasquero *

Es público y notorio el denodado esfuerzo que desde el poder se ha hecho para que impere la versión de la recuperación económica. Esa narrativa ha ido acompañada de lo que han querido mostrar como acciones concretas orientadas a reconstruir la confianza.

La devolución del Sambil de La Candelaria encabeza la lista de tales acciones. Tal y como cuando fue expoliado por el finado Chávez, en esta oportunidad se hizo todo el ruido posible entorno a la concreción de esa devolución.

Así como se aplicó una política sistemática en contra del derecho de propiedad para la imposición de la autodenominada revolución y por consiguiente la conculcación de la libertad de los venezolanos, para desandar en la destrucción, correspondería una política integral de restitución y reparación para todas aquellas víctimas cuyas propiedades fueron arrebatadas.

El camino para dicha política está delineado y puede ser consultado en el Anteproyecto de Ley Especial de Restitución y Garantía de la Propiedad Privada presentado por Cedice Libertad. En el artículo 11, se establecen las medidas de reparación, entre las que se resaltan las siguientes:

  • La devolución a sus legítimos dueños o sus suce­sores
  • El pago según precio de mercado
  • Investigar y sancionar a los responsables de las violaciones
  • Derogar leyes, regulaciones y decretos violatorios de los derechos de propiedad privada
  • Adoptar medidas de desagravio, me­diante comunicaciones, actos públicos, actividades educativas o estructuras permanentes, en recono­cimiento de las víctimas de violaciones a los dere­chos de propiedad y como medida para concientizar a la ciudadanía para que nunca más se comentan violaciones similares

Dicho lo anterior, se puede asegurar que las devoluciones, que efectivamente están ocurriendo, no responden a una política integral de reparación y restitución. Muchas son las víctimas que han contactado con el Observatorio de Derechos de Propiedad para preguntar ante cuál instancia deben acudir para que su caso sea tomado en cuenta. Con preocupación inquieren sobre si fue que pasaron por alto el llamamiento público para iniciar el proceso. La verdad es que no ha habido llamamiento ni instancia destinada para tal fin.

Hasta ahora, se conocen noticias sobre unidades de producción agropecuarias que han sido devueltas. Como ha sido política de Estado, la opacidad impera, ya que tampoco hay forma de acceder a un listado de propiedades devueltas.

No sobra recordar que además de quienes están en los campos venezolanos y sufrieron a manos de “rescates de tierras” e invasiones, también son víctimas aquellos cuyas propiedades fueron objeto de intervenciones, ocupaciones temporales, ocupación de tierras urbanas, invasión de inmuebles, adquisición forzosa de bienes, medidas de aseguramiento, regulaciones confiscatorias, multas y decomisos.

Con las devoluciones, la revolución confiesa el gravísimo error cometido, así como lo indispensable que es el derecho de propiedad para la generación de riqueza. Esto no supone que estemos atestiguando una conversión al libre mercado. Tienen que confrontar varias dificultades, ya que desandar el camino de la destrucción será complejo ¿Cómo meter dentro de la caja de Pandora los males que ellos mismos desataron? ¿Cómo convencer a los invasores de oficio (de tierras y de inmuebles), a los funcionarios cómplices, a los de mirada complaciente, a sus acólitos, que esta es la nueva senda? Todo esto considerando la desinstitucionalización del país.

Vale decir que una víctima jamás debe ser revictimizada. En este caso, recibir señalamientos por recibir de vuelta su propiedad bajo el esquema actual. La ciudadanía debe recordar que quienes deben ser señalados son los perpetradores de estos desmanes que postraron al país. Lo peor que puede ocurrirle a una víctima es el olvido, por lo que corresponde hacer memoria y seguir exigiendo justicia.

* Sociólogo – Coord. del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad – anamcarrasquero@cedice.org.ve

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