Editorial: Cuando el modelo económico no funciona

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La semana pasada entró en vigencia la denominada Ley de Costos y Precios Justos. Inmediatamente, el gobierno activó un plan sistemático de fiscalización de las empresas para combatir la especulación y el acaparamiento de productos.

Fundamenta el gobierno sus acciones bajo la premisa que la inflación es producto del acaparamiento y el desmedido margen de ganancia de los empresarios.

Hace unos meses, el ministro de Planificación  y Finanzas, Jorge Giordani, señaló que un margen de ganancias justo estaría entre el 8 y el 10%. Por supuesto, fue una declaración para preparar el terreno para la aprobación de esta Ley de Costos y Precios.

Este margen, que el ministro llama “justo”, es inferior a la tasa del Impuesto al Valor Agregado-IVA que el gobierno cobra a cualquier transacción de bienes y servicios, con algunas excepciones. Para el gobierno es justo ese 10%, para el empresario que se arriesga, da empleo y paga otras tasas  e impuestos. Pero considera por supuesto “más justo” cobrar 12% de impuesto. Ganando más la oficina de impuestos que las empresas que realizan la actividad. En todo caso, lo pagamos los consumidores.

En todo caso, para quienes no se han leído los detalles de la nueva ley, vale la pena mencionar que ahora será el gobierno quien fijará los precios de cada uno del millón y medio de bienes y productos que se comercializan en Venezuela. Para lo cual tuvieron a bien congelar los precios de los productos de aseo personal y limpieza, mientras la superintendencia que se encargar de fijar los precios, realiza sus estimaciones.

Otra opinión, dada a conocer por funcionarios del gobierno en estos días, es que van a comparar con los precios de México y Brasil, entre otros países. Dos países donde existe el libre mercado de bienes y servicios. Es decir, economías que no tienen control de cambios y tampoco control de precios, y que por lo tanto gozan de libre competencia sin injerencias del Estado. Lo que no ocurre en Venezuela.

En los últimos años, producto de las política públicas instauradas por el gobierno revolucionario de Hugo Chávez, la inflación no solo ha sido de dos cifras (en cada unos de los años de gobierno desde 1999), sino que se ha mantenido desde el 2008 por encima del 25%. Este año ocurrirá lo mismo y Venezuela seguirá siendo el país de mayor inflación de la región.

Dado que al gobierno le gusta hacer comparaciones para fijar precios, vale la pena mencionar que la inflación de un mes en Venezuela es similar a la inflación de todo un año de Colombia ó Chile, por sólo mencionar dos países.

¿Porqué suben los precios?

De acuerdo a las estadísticas, ya sean del Banco Central de Venezuela o de organizaciones no gubernamentales como el CENDAS-FVM, son los alimentos los que más han aumentado de precio.

La lectura de la data relativa a los alimentos, nos muestra que el gobierno venezolano importa cerca del 68% de los mismos. Alimentos que deben ser pagados en dólares que en un año, de enero del 2010 a enero del 2011, pasaron de costar cada dólar 2,15 bolívares a 4,30. Lo que es simplemente el doble. El Estado paga el doble por dos de cada tres alimentos.

El otro tercio de los alimentos, también está sujeto a una inflación de dos dígitos. Aunque  debemos de llamar la atención que los llamados productos de primera necesidad, han estado regulados desde hace varios años. Lo que ha desestimulado la producción, con lo cual aumenta la presión para importar cada vez más alimentos.

El gobierno, se ha embarcado en una política de reducir el tamaño dentro de la economía de los productores privados, a la vez que realiza grandes inversiones para desarrollar un conglomerado de empresas estatales  y paraestatales.

Sin embargo, las ineficiencias en imperfecciones de la burocracia estatal no logra satisfacer el consumo interno y, por ello, aumentan las importaciones y la escasez.

La oferta de productos, en variedad, disminuye, y en cantidad, también; con lo cual existen períodos de escasez de productos, alternándose los suministros. Si esta semana el consumidor logra conseguir aceite, no consigue harina pre cocida, y así con casi todos los productos.

Para entender el impacto de las políticas del gobierno, con respecto al sector privado de alimentos, es oportuno citar al diputado Julio Borges en sus declaraciones de este domingo.

Señala Borges que “el gobierno importa alimentos a precios más altos mientras expropia y amenaza a los productores venezolanos. El maíz lo importa a BsF 1.870 la tonelada, mientras el productor local tiene el precio fijado en BsF 1.500. Y recordamos el insólito caso de las vaquillas nicaragüenses que el Gobierno venezolano las compra en 1.700 dólares cada una, mientras allá las venden a menos de 500 dólares”.

Cuando el modelo no funciona

Es obvio, aun si examinamos las estadísticas oficiales sospechosas de poca veracidad, que no funciona el modelo económico del gobierno.

Los ministros del área económica, e inclusive el mismo presidente, alegan que se está avanzando hacia el socialismo y por ello hay unos rezagos de las malas prácticas del capitalismo salvaje y el imperio, entre otras excusas. Es aquí donde entran en el léxico oficial las palabras especulación y acaparamiento. Lo que a su vez, lleva a una política de represión comercial, basada en el allanamiento, el chantaje de la expropiación y la incautación sin pago de los productos que las empresas mantienen en sus depósitos.

Indudablemente, hay que buscar un culpable que sea la explicación de porqué el modelo económico impuesto por el gobierno ha encarecido los productos, no existen en la cantidad, variedad y calidad requerida.

Desde 1999, el consumidor venezolano ha venido perdiendo la libertad de escoger cuál producto comprar. Ahora, o no lo consigue, o debe conformarse con lo único que hay.

Los controles

En Venezuela, el gobierno ha instaurado un régimen de múltiples controles que asfixian la oferta de bienes y servicios: se controla la tasa de cambio, el acceso a las divisas, las nóminas de empleados son inflexibles con la política reiterada cada seis meses de “inamovilidad laboral”, se restringe el transporte de productos; se restringe el almacenamiento de productos; y ahora se controlan los precios y los márgenes de ganancia de los productores privados.

En el caso del sector público, no se respeta la inamovilidad laboral; no se calculan los costos, simplemente se subsidia; hay acceso casi ilimitado para las importaciones de bienes que hace el Estado; y se utilizan transportes militares para el libre transporte y tránsito de las cargas de las empresas estatales.

Lo único que no ha logrado controlar el gobierno venezolano es la escasez de productores y el creciente grado de insatisfacción de los consumidores. Por ello, la Ley de Costos y Precios Justos es un simple remiendo a las políticas económicas del gobierno.

Eduardo Martínez, Editor

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