Por Eduardo Martínez
En Venezuela vivimos en una especie de realidad suspendida. Con un monopolio del papel en manos del Estado, y con un cepo comunicacional a los medios radiales, televisivos y en internet -desde Conatel- el venezolano es ajeno a lo que acontece. Por eso no se entera de lo que sucede.
La oscuridad
Ejemplificando lo que sucede, es oportuno relatar lo que ocurre en las zonas rurales del estado Miranda. Específicamente en la región del Tuy, a menos de una hora de Caracas.
Un tuyero que debe venir a Caracas a trabajar, se levanta de madrugada. Hace 25 años, desayunaba viendo las noticias de las estaciones privadas. Se trasladaba a Caracas oyendo las narraciones de las estaciones de radio. Al mediodía, almorzaba rápidamente leyendo la prensa impresa. Y en la tarde regresaba oyendo los noticieros de las 5 de la tarde.
Hoy en día,un cuarto de siglo después, la tv y la radio que se oye en el Tuy, pertenece a estaciones del Estado o comunitarias que solo transmiten lo que la hegemonía comunicacional quiere transmitir. Y la prensa impresa, ya no existe.
El tuyero no es tonto. Lo que ve y le afecta en su bolsillo y en su barriga, lo lleva a despreciar estos medios. No se entera de lo que sucede.
La alfombra
En la Venezuela del último cuarto de siglo, las violaciones de los derechos humanos son como la basura que esconde debajo de las alfombras. Las denuncias no avanzan. Aunque se siga una formalidad que no llega a ninguna parte.
A pesar que dentro del país no nos enteremos de la mayor parte de estas violaciones, el Mundo ha empezado a oír y ver lo que aquí acontece.
El Mundo
En un mundo globalizado por las redes y medios universales, la realidad venezolana cruza las fronteras. En esta semana, varias organizaciones multilaterales han estado presentando y difundiendo sus investigaciones sobre todo aquello que afecta los derechos humanos en Venezuela.
Hoy viernes, está anunciada una presentación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Canales de TV han estado en los últimos días adelantado algunos testimonios de lo acontecido. Las experiencias relatadas son impresionantes e indignantes.
Habrá que esperar los informes oficiales de la (CIDH), y los testimonios de a quienes “presuntamente” le han sido violados sus derechos.
A pesar de la oscuridad
También en esta semana, la organización no gubernamental “Provea”, presentó su Informe anual Provea 2023. En esta ocasión, incluye un apartado en el cual se hace “un balance sobre los 10 años de gestión de Nicolás Maduro y el impacto que este ha tenido sobre la garantía y realización de los derechos humanos en Venezuela.
A continuación, transcribimos la sección “Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos”:
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En el marco de la edición 35 de Informe Anual de Provea, se presentó (30-4-2023) un balance sobre los 10 años de gestión de Nicolás Maduro y el impacto que este ha tenido sobre la garantía y realización de los derechos humanos en Venezuela.
El pasado 19 de abril de 2023, Nicolás Maduro arribó a su décimo año al frente de la primera magistratura nacional. Al asumir la presidencia, Maduro afirmó que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, pero, tras el incumplimiento de sus promesas, se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día: un presidente anti obrero.
Provea denuncia que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
En 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.
La organización reitera que en los últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.
La gestión de Maduro condujo al país -por primera vez en su historia- a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional.
A pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor fuerza desde 2014. La ONG venezolana señala que en paralelo, en comunidades pobres y cárceles del país, la violencia institucional de agentes de seguridad del Estado ha sido empleada como un mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados. Esta crisis ha significado que desde mediados de 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, sigan con preocupación la crisis en Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”. Esta advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad internacional de los Derechos Humanos.
Provea advierte que, junto a la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela. Subrayan un irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el acaparamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
La organización con más de 35 años en Venezuela insiste en que la crisis solo tendrá una solución cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
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El informe completo puede ser leído en https://provea.org
Fuente: provea.org
@ermartinezd
Por lo menos no han pedido sanciones ni bloqueos contra nuestro País, ni se han robado los capitales que teníamos fuera de Venezuela. Y si han matado miles de venezolanos durante 15 años de guarimbas.
Este grupo de candidatos, son opositores democráticos, los candidatos golpistas (gringos) so de la DEPOSICION.