UNT: Situación social y económica del sector agroalimentario 2021

Por Fernando Camino (*)

En 2021 se estima que están excluidas de la producción agroalimentaria el 90% de la agricultura familiar y también están en vía de extinción los medianos productores. La falta de programas de financiamiento, la inseguridad jurídica, el irrespeto a la propiedad, la ausencia de asesoramiento técnico, el encarecimiento de los insumos, la inseguridad personal y la escasez de combustibles, han asfixiado a estos dos sectores que garantizaban el 60% de la producción de alimentos y materia prima para la agroindustria.

La producción agrícola, pecuaria, de acuicultura y de la pesca, se ha convertido en una actividad que solo la puede desarrollar una minoría que cuenta con los recursos económicos suficientes, para producir sin depender del financiamiento bancario, además de contar con capacidad para importar los insumos necesarios y de garantizar la seguridad personal y de los bienes de su unidad de producción.

El deterioro de la vialidad rural empeoró debido a las lluvias, inusualmente más copiosas, que azotaron casi todas las zonas rurales del país. Esta contingencia terminó de destruir la ya maltrecha estructura vial que une las zonas de producción agrícola. Las familias campesinas, en su mayoría, quedaron aisladas e imposibilitadas de transportar los insumos y de sacar su producción al mercado.

La inseguridad personal y de los bienes de los productores, continuó creciendo en este trimestre con el incremento del abigeato, secuestros, el hurto y el desmantelamiento de maquinarias, embarcaciones y de la infraestructura productiva. También ha crecido el secuestro y el asesinato de horticultores y transportistas que se aventuran a llevar frutas y hortalizas a los mercados de las poblaciones urbanas de nuestro país. Las invasiones y el saqueo de unidades de producción, se han intensificado por el año electoral, estos delitos se cometen en su mayoría amparados por instituciones del régimen.

Ante la demanda de financiamiento del sector agrícola que requiere una cartera de crédito de 1.200 millones de dólares anuales, la banca, tanto pública como privada, hasta finales de septiembre solo pudo colocar en el sector 59 millones de dólares, debido a la obligación que establece el régimen de un encaje legal cercano al 90% de la cartera. Se quedaron sin ser atendidos el 95% de los productores que requieren créditos a largo plazo para infraestructura, a mediano plazo para maquinarias, semovientes y embarcaciones y los créditos de corto plazo para cultivos de ciclo corto y capital de trabajo.

El desabastecimiento de combustibles, el cobro arbitrario de tributos y la proliferación de alcabalas en todo el país, han pasado de ser de un costo eventual, a un costo fijo que incide en el aumento de la estructura de costo de los alimentos. El costo depende de la frecuencia o de la cantidad que el productor o el transportista consiga los combustibles y también del precio en el mercado informal. El costo además depende de cuánto tenga que pagar en cada alcabala, sea en dinero o en alimentos y también de lo que cobre arbitrariamente cada alcaldía como tributo. La suma de estos aumentos de precios que se le hacen a los alimentos los termina pagando el consumidor.

Los productos importados tienen un valor menor a los productos nacionales debido a que la inflación interna es superior a la de todos los países del mundo. Por ejemplo, en Colombia la inflación de octubre fue 0,03% y aquí fue 7%. Los productos importados mantienen una competencia desleal con la producción nacional debido a la exoneración de aranceles por parte del régimen, además reciben subsidio de exportación de su país de origen y los importadores tienen privilegios que no tienen los productores y transportistas nacionales: disponibilidad ilimitada de combustibles y la facilidad de movilizar los productos importados por todo el país sin interrupciones de ningún tipo.

El crecimiento económico de una nación lo genera el consumo. En nuestro país la caída del consumo se ha convertido en una limitante de la actividad de los productores de alimentos. La contracción del consumo se debe a la reducción del PIB en aproximadamente 80% entre 2013 y 2021, lo que ha generado la disminución del poder adquisitivo de la población, el desempleo y el aumento del empleo informal. Aunado a esto, la desacertada política macroeconómica del régimen, ha creado una espiral inflacionaria que ha generado que el 76.6% de nuestra población esté en situación de pobreza extrema y no pueda adquirir todos los alimentos necesarios para su normal desarrollo. Es por ello, que su dieta se basa en cereales, raíces, tubérculos, grasas, algunas proteínas como sardinas, huevos y algunos cortes de carne y de pollo. Un 18% de la población están en situación de pobreza y apenas puede adquirir la canasta alimentaria. Solo un 5% de la población no es pobre y puede cubrir sus necesidades de alimentación y adquirir plenamente los bienes y servicios que requieren y vive en una especie de burbuja de bienestar.

El sector agroalimentario venezolano en condiciones normales de consumo, estaría en capacidad de producir en promedio un 80% de la demanda de alimentos. Sin embargo, como el consumo de alimentos se ha reducido de forma dramática, el  sector solo produce un 20% de su capacidad instalada. El tamaño de la producción agrícola vegetal, pecuaria y acuícola de nuestro país, no es ni siquiera comparable con el de una provincia de un país exportador de alimentos. Igual podríamos decir de la incipiente exportación de algunos rubros, solo comparable con la exportación de una pequeña empresa o cooperativa de un país medianamente desarrollado en materia de producción agroalimentaria.

 (*) Coordinador Nacional, Productores y Emprendedores de Un Nuevo Tiempo

 

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