por Oscar Meza
Al menos en lo que se llama la Gran Caracas, en restaurantes modestos, son 123 bolívares en promedio, 19,52 dólares al tipo de cambio oficial (6,30 bolívares por un dólar de los Estados Unidos) o menos de 5 dólares si se utiliza otro. 123 bolívares es un monto mayor que una unidad tributaria: 107 bolívares. Debe recordarse que el ticket de alimentación que reciben por ley los trabajadores formales[1] tiene un valor máximo de 53,5 bolívares, lo que ni siquiera cubre el costo de un almuerzo de hace un año: 57,10 bolívares, tal como se representa en el gráfico.
El precio de los alimentos aumentó 64,5% en un año
El aumento de 115,4% del precio de un almuerzo para un trabajador es el reflejo directo del aumento de precio de los alimentos en el mismo período, de 64,5%, y de los problemas de escasez de los mismos. Y adicionalmente, de los mayores costos laborales provocados por la nueva ley del trabajo, legada por el presidente Chávez.
Al final del mes, un trabajador debe sacar de su bolsillo al menos 2.460 bolívares para poder cubrir el costo de un almuerzo modesto en el área de la Gran Caracas si no percibe el beneficio del ticket de alimentación o de un comedor en su lugar de trabajo. 2.460 bolívares es prácticamente el monto de un salario mínimo: 2.457,02 bolívares.
Y no hay ninguna razón que permita pensar que el precio de los alimentos vaya a bajar como consecuencia de un aumento de la oferta nacional, a juzgar por las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de que el gobierno tiene previsto nacionalizar 265 mil hectáreas de tierras cultivables, que se sumarían a los 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante la administración del difunto presidente Chávez, las cuales están improductivas o produciendo menos que cuando las expropiaron, ratificando, una vez más, el fracaso del modelo socialista.
Más de 6 millones de trabajadores no perciben el ticket de alimentación
Peor están los trabajadores desempleados o cuya ocupación se ubica en el heterogéneo sector informal, quienes suman más de seis millones según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, porque no reciben ni el ticket de alimentación ni los ajustes del salario mínimo, ni están protegidos por la ley del trabajo, pero sí comen y tienen las mismas necesidades que la mayoría de los trabajadores. Son excluidos del mercado laboral, que se refugian en cualquier actividad que les genere algún ingreso, sin garantías legales ni perspectivas de progreso laboral. Una buena parte de ellos venden en la calle, en las camionetas de pasajeros, en los accesos al metro y en los espacios públicos. Otros montan pequeñas bodegas y negocios en los barrios de las principales ciudades del país, lo que apenas les produce ingresos para sobrevivir. Y están los que prestan servicios de taxis, en automóviles o en motos, que es la actividad que más ha crecido en los últimos años. Un enorme ejército de reserva ocupado en actividades de baja productividad y poco valor agregado social y económico cuando no ilícitas o ilegales.
Quizás ese sea el ejército de “hombres nuevos” de la revolución socialista del siglo XXI con el que pretenden salvar el planeta. Pero al menos deben garantizarles el almuerzo de cada día o su “cestaticket”.
[1] Los trabajadores formales son aquellos que tienen un empleo en una empresa privada o están en la nómina pública con ingresos regulares, aportes a la seguridad social y amparados por las leyes laborales.