ONU: Luego de un año sigue igual deterioro de los DDHH en Venezuela

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves 2 de julio su Informe sobre “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela”.

El informe de 17 páginas no puede ser más grave. Se describe en 69 puntos las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en período junio 2019 al mayo 2020.

Llama la atención el capítulo VI, dedicado a las conclusiones. En este capítulo, la Alta Comisionada, a pesar de las graves violaciones, “acogió con agrado” en el primer punto (79) de las 7 Conclusiones, “el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país”.

Un “agrado” que contrasta con la introducción de las Recomendaciones, donde señala que “La Alta Comisionada considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18) siguen siendo válidas”.

Agregando, que “Las siguientes recomendaciones tienen carácter complementario y pretenden orientar al Gobierno sobre la adopción de medidas concretas para abordar los problemas de derechos humanos identificados en el presente informe”.

Ante esta presunta contradicción, entre las conclusiones y las recomendaciones, se oportuna la pregunta: ¿Si siguen siendo válidas las Recomendaciones de hace un año, cuál es el agrado?

En todo caso, extrajimos del Informe los capítulos relativos a las Conclusiones y a las Recomendaciones –Capítulos VI y VII.

VI Conclusiones

79 El ACNUDH acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país. El ACNUDH también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para comprometerse aún más con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el sistema de procedimientos especiales, y mediante el establecimiento de un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento. La ampliación del acceso del ACNUDH a los centros de detención y a las personas detenidas y la consolidación del mecanismo establecido para remitir a las autoridades los casos individuales constituyen instrumentos de protección fundamentales que podrían servir de catalizadores de las reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos.

80 Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, aumentar los salarios y

mantener la cobertura de los programas sociales han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Para millones de venezolanos, el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado se ve afectado diariamente por los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, el precario acceso a los servicios de salud y las persistentes carencias de los servicios públicos, que se han agravado en el contexto de la COVID-19 y la escasez de combustible. Las sanciones económicas sectoriales y el consiguiente “over-compliance” del sector financiero han exacerbado esta situación, entre otras razones, por la importante disminución de ingresos del Estado que podrían haberse destinado a la realización de los derechos económicos y sociales.

81 El ACNUDH siguió constatando restricciones al espacio cívico y democrático, incluso bajo el «estado de alarma» decretado en respuesta a la pandemia de COVID-19. En este contexto de alta tensión política, el ACNUDH sigue preocupado por los procesos penales contra ciudadanos que protestan por falta de acceso a servicios públicos, parlamentarios, líderes de la oposición, periodistas, profesionales de la salud y dirigentes sindicales. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública.

82 El ACNUDH reconoce la disminución de la tasa de homicidios. Sin embargo, han continuado las muertes de hombres jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad en barrios marginales caracterizados por altos niveles de inseguridad. Se necesitan más iniciativas para intentar resolver el problema de la exclusión, la desigualdad y la inseguridad en los barrios empobrecidos. El ACNUDH acoge con agrado la información sobre la situación de las investigaciones, facilitada por las autoridades competentes, y está dispuesto a seguir prestando asistencia técnica para velar por que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación, sobre la base de las normas y principios internacionales de derechos humanos.

83 El ACNUDH observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales de las personas que presuntamente habían participado en acciones de desestabilización del Gobierno. Casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron objeto de desaparición forzada durante breves períodos de tiempo después de su detención y antes de ser conducidas ante el juez. El ACNUDH condena los varios intentos reportados de insurrección armada contra el Gobierno y reconoce su derecho a impedir esos actos, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y a procesar con justicia a los implicados. Sin embargo, según la legislación internacional, la prohibición de la tortura, los malos tratos y la privación arbitraria de libertad es absoluta, y debe garantizarse el derecho a un juicio justo, incluso en estados de emergencia o en cuestiones de seguridad nacional.

84 El ACNUDH reconoce que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha reducido el nivel de violencia en los centros de detención que administra y que ha implementado iniciativas para abordar la cuestión del retraso de los procedimientos judiciales para optar por medidas alternativas a la privación de libertad. Sigue habiendo problemas con el acceso a los alimentos, la salud y el agua y el saneamiento, y con los retrasos judiciales indebidos que pueden dar lugar a detenciones arbitrarias. Según la información recibida, las condiciones de detención en la DGCIM no cumplen las normas ni los criterios internacionales en materia de derechos humanos.

85 La grave crisis económica y social y el estancamiento político están afectando a millones de venezolanos y exigen el que todas las partes interesadas adopten medidas urgentes. El ACNUDH reitera su llamamiento en favor de un diálogo político y social inclusivo basado en un programa integral de derechos humanos, y está dispuesta a prestar su apoyo para conseguir que los derechos humanos de todos los venezolanos estén en el centro de una solución negociada y pacífica. El establecimiento de una oficina del ACNUDH en el país facilitaría dicho apoyo porque estrecharía la colaboración con las autoridades e instituciones del Estado, las víctimas de violaciones de los derechos humanos, la sociedad civil y el Sistema de las Naciones Unidas.

VII. Recomendaciones

86 La Alta Comisionada considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18) siguen siendo válidas. Las siguientes recomendaciones tienen carácter complementario y pretenden orientar al Gobierno sobre la adopción de medidas concretas para abordar los problemas de derechos humanos identificados en el presente informe.

(a) Garantizar que las medidas excepcionales autorizadas al amparo del «estado de alarma» sean estrictamente necesarias y proporcionadas, limitadas en el tiempo y sujetas a supervisión y revisión independientes;

(b) Respetar, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos a las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica, así como los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos políticos;

(c) Publicar el presupuesto anual de la Nación y los informes de gastos, garantizar el acceso a los datos clave para evaluar la realización de los derechos y restablecer la función supervisora de la Asamblea Nacional en la utilización de fondos públicos;

(d) Abstenerse de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a los profesionales de los medios de comunicación y adoptar medidas eficaces para protegerlos, entre ellas la adopción de un protocolo especializado para investigar las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos;

(e) Revisar las políticas de seguridad para aplicar las normas y criterios internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos, en particular restableciendo el carácter civil de las fuerzas de policía, investigando los antecedentes, restringiendo las funciones de las «fuerzas especiales» y reforzando los mecanismos de supervisión interna y externa;

(f) Garantizar la investigación sistemática, rápida, eficaz y exhaustiva, con independencia, imparcialidad y transparencia, de todas las muertes llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados, y velar por la debida independencia de todos los órganos de investigación, para que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación;

(g) Cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia; garantizar que toda persona sometida a detención preventiva sea recluida en centros oficiales de detención preventiva sujetos a supervisión judicial, y trasladar a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros oficiales de detención;

(h) Garantizar el derecho a los alimentos, el agua y el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad, de todas las personas privadas de libertad, incluso atendiendo las necesidades específicas de cada sexo;

(i) Abordar las causas subyacentes al hacinamiento y el retraso indebido de los procedimientos judiciales mediante una reforma integral de la administración de justicia;

(j) Emprender iniciativas específicas en el contexto de la pandemia de COVID-19 para garantizar el derecho a la salud y la seguridad de las personas detenidas, tales como la concesión de medidas alternativas a la privación de libertad al mayor número posible de presos, en consonancia con la protección de la seguridad pública;

(k) Proceder a la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, en particular mediante la aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

(l) Velar porque se investigue y sancione con eficacia a los responsables de los casos de tortura y malos tratos, y porque se fortalezca la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura con base a normas internacionales en materia de derechos humanos;

(m) Garantizar una respuesta a gran escala liderada por las Naciones Unidas a la situación humanitaria, incluyendo un mayor acceso de los agentes humanitarios, facilitando el acceso del Programa Mundial de Alimentos, regularizando la presencia de las organizaciones no gubernamentales internacionales y garantizando la protección de todos los trabajadores humanitarios;

(n) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el regreso seguro, digno y voluntario, y la reintegración sostenible de los repatriados venezolanos; velar por su acceso a la atención sanitaria y la protección social, y defenderlos de la discriminación y la estigmatización;

(o) Profundizar en el compromiso con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el sistema de procedimientos especiales, mediante la recepción periódica de visitas oficiales de los titulares de mandato;

(p) Facilitar el establecimiento de una oficina del ACNUDH en el país como medio eficaz para ayudar al Estado a hacer frente a los retos y problemas en materia de derechos humanos que se contemplan en el presente informe.

87 Los Estados Miembros deberían:

(a) Plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela que obstaculizan los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19 sobre la población.

Para leer el Informe original de la ACNUDH, hacer click en el siguiente enlace:

467724647-A-HRC-44-20-UnofficialVersion-SP

Fuente: ACNUDH

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