Por Francisco J Contreras M
Artículo de investigación · Economía política comparada · Elección pública
Este artículo reinterpreta el bloqueo de la transición venezolana como un problema de negociación estratégica bajo asimetría extrema de activos y restricciones de compromiso. A partir de la elección pública, la teoría de juegos y el neoinstitucionalismo económico, argumento que el fracaso recurrente de las negociaciones no se explica primariamente por déficit de voluntad política, sino por una divergencia estructural entre las alternativas externas de las coaliciones en disputa: el incumbente conserva activos coercitivos, regulatorios y rentísticos, mientras la oposición dispone de recursos materiales limitados y capacidad imperfecta de enforcement intertemporal. La contribución esperada de esta reflexión consiste en desplazar el foco desde la presión declarativa hacia la producción de activos intangibles —coordinación social, gobernabilidad ex ante y garantías creíbles de salida— capaces de modificar los pagos esperados, reducir el costo de defección del incumbente y ampliar el conjunto de acuerdos Pareto-superiores. La transición se conceptualiza, por tanto, como un problema de arquitectura institucional orientado a convertir incertidumbre política en intercambio constitucional creíble.
Palabras clave: elección pública; teoría de juegos; negociación de Nash; compromisos creíbles; activos intangibles; Venezuela; transición política.
El argumento procede en cuatro pasos. Primero, identifica la asimetría de alternativas externas que restringe el espacio de negociación. Segundo, especifica los activos intangibles que pueden alterar esa estructura de pagos. Tercero, introduce la economía política de la atención como mecanismo que erosiona dichos activos. Finalmente, formaliza de manera mínima las condiciones bajo las cuales una transición pactada puede resultar individualmente racional para las coaliciones en disputa.
El problema: negociación sin excedente creíble
Las transiciones desde autocracias no se explican adecuadamente como simples fallas de persuasión, moderación discursiva o mediación diplomática. En contextos de alta concentración coercitiva, la política funciona como un intercambio estratégico entre coaliciones que calculan riesgos de supervivencia, costos de represión, amenazas de expropiación y beneficios de permanecer en el poder. La pregunta central, por tanto, no es por qué las partes no negocian, sino bajo qué condiciones un acuerdo puede superar las alternativas externas de cada actor.
En el caso venezolano, la coalición gobernante retiene una dotación material decisiva: control del aparato coercitivo, capacidad regulatoria, acceso a rentas extractivas y mecanismos de distribución selectiva. La oposición democrática, en contraste, opera bajo restricciones materiales significativas: financiamiento limitado, infraestructura organizativa fragmentada, vulnerabilidad represiva y dependencia de apoyos externos sujetos a variación estratégica. Esta asimetría produce una brecha de alternativas externas: para el incumbente, el desacuerdo permite administrar el statu quo; para la oposición, suele traducirse en represión, desmovilización o marginalidad institucional.
El resultado es un conjunto de negociación estrecho, discontinuo o potencialmente vacío. Si la salida del poder expone a la élite incumbente a castigo judicial, confiscación patrimonial o pérdida existencial de seguridad, y si la oposición carece de instrumentos institucionales para hacer creíbles sus promesas futuras, el punto de desacuerdo del incumbente puede dominar cualquier oferta transicional disponible. En esas condiciones, la represión puede constituir una estrategia racional aunque socialmente ineficiente. El fracaso de la negociación no obedece entonces a su indeseabilidad normativa, sino a la ausencia de mecanismos verificables de compromiso.
Marco analítico: elección pública, compromiso y activos
La elección pública permite modelar partidos, élites militares, burocracias, empresarios, audiencias y actores externos como agentes que responden a incentivos diferenciados. Desde esta perspectiva, la transición no constituye un acto de rectificación moral, sino un problema de diseño institucional: cómo inducir cooperación individualmente racional entre actores que enfrentan pérdidas potenciales de poder, patrimonio, jurisdicción o seguridad personal.
El obstáculo central es la inconsistencia temporal. Una oposición que promete garantías en el período pre transicional puede enfrentar, una vez en el gobierno, incentivos electorales, judiciales o simbólicos para revisar esos compromisos. Anticipando dicha reversión, la coalición incumbente descuenta el valor esperado del pacto. La credibilidad no deriva, por consiguiente, de declaraciones programáticas, sino de reglas institucionales ex ante: independencia judicial, garantías procedimentales, límites constitucionales, mecanismos de veto acotados y dispositivos verificables de cumplimiento.
El argumento puede expresarse mediante tres activos intangibles que modifican la estructura de pagos. Primero, la cohesión social y coordinación estratégica (?), que reduce costos de acción colectiva y eleva el costo político esperado de la represión. Segundo, la credibilidad institucional ex ante (?), que aumenta el valor esperado del orden postransicional al proteger derechos, contratos y procedimientos. Tercero, las garantías creíbles de salida (?), que disminuyen el costo esperado de abandonar el poder para los actores con capacidad de veto. La transición se vuelve factible cuando estos activos convierten el acuerdo en una alternativa superior al conflicto para ambas coaliciones.
1 La economía de la atención y el deterioro del capital político
Un componente adicional del bloqueo puede analizarse a partir de la economía política de la atención. Las plataformas digitales tienden a aumentar el retorno marginal de mensajes simples, moralmente polarizados y emocionalmente intensos, al tiempo que reducen la visibilidad de propuestas gradualistas o institucionalmente complejas. Este mecanismo afecta directamente los activos intangibles identificados en la sección anterior: debilita la coordinación estratégica, reduce la credibilidad de los compromisos moderados y encarece políticamente las garantías de salida. Se genera así un problema de agencia: ciertos intermediarios comunicacionales capturan beneficios privados —reputación, audiencia, centralidad faccional— mediante estrategias discursivas que incrementan los costos colectivos de construir compromisos intertemporales.
El maximalismo retórico puede elevar la cohesión expresiva de corto plazo, pero deteriora el capital político necesario para la negociación: reduce el espacio de ambigüedad constructiva, penaliza la moderación y transforma concesiones potencialmente eficientes en señales de defección. En escenarios de fatiga social e incertidumbre institucional, esta dinámica puede aumentar la demanda por soluciones personalistas. Sin embargo, desde la elección pública, el personalismo no resuelve el problema de compromiso; lo desplaza hacia una nueva concentración discrecional del poder.
Unmo de lo mínimo de negociación
Sea ? la coalición incumbente y ? la coalición desafiante. El punto de desacuerdo ? = (??, ??) representa los pagos esperados ante el fracaso de la negociación. Una transición pactada distribuye un valor institucional ?(?) mediante una cuota ? para ? y 1 ? ? para ? , pero impone un costo de salida ??(?) al incumbente. La solución negociada exige dos restricciones de participación: (1 ? ?)?(?) ? ??(?) ? ?? y ??(?) ? ??. De forma agregada, el acuerdo resulta factible cuando ?(?) ? ??(?) > ?? + ??, siempre que la coordinación social ? eleve el costo esperado del desacuerdo
para el incumbente o mejore la capacidad de enforcement de la coalición desafiante. La interpretación sustantiva es directa: la coalición democrática debe aumentar la coordinación social, reducir la incertidumbre institucional y producir garantías de salida suficientemente creíbles para que la permanencia represiva deje de ser la estrategia dominante del incumbente.
Implicaciones y conclusión
El modelo no pretende ofrecer una predicción determinista ni una explicación exhaustiva de la trayectoria venezolana. Su alcance es más limitado: identifica condiciones bajo las cuales una negociación transicional puede volverse racional para actores con preferencias heterogéneas, información incompleta y temor fundado a la reversión de compromisos. En ese sentido, el argumento es analítico antes que descriptivo: no sustituye el estudio empírico de coyunturas específicas, sino que organiza los mecanismos que hacen posible o improbable un acuerdo.
El argumento sugiere tres implicaciones derivadas del modelo. Primero, la coordinación opositora no debe entenderse únicamente como atributo expresivo, sino como activo estratégico que reduce costos de acción colectiva y aumenta el costo político esperado de la represión. Segundo, la preparación técnica de la gobernabilidad —estabilización macroeconómica, reconstrucción administrativa, reglas fiscales y provisión de bienes públicos básicos— constituye un insumo pretransicional, no una etapa posterior, porque incrementa el valor esperado del orden alternativo representado por ?(?) . Tercero, las garantías dirigidas a segmentos de la coalición saliente deben ser conceptualizadas como instrumentos de reducción de riesgo, no como absoluciones normativas: su función es disminuir ??(?) y separar a los actores con capacidad de veto de la estrategia de represión indefinida.
La conclusión principal es que la transición venezolana no puede ser reducida a la acumulación de presión moral o a exhortaciones abstractas a la democratización. Su viabilidad depende de la construcción deliberada de activos políticos no materiales capaces de alterar los pagos esperados de los actores decisivos: coordinación social para elevar el costo de la represión, credibilidad institucional para aumentar el valor esperado del orden alternativo y garantías de salida para reducir el costo de defección del incumbente. Una coalición democrática eficaz debe producir confianza, previsibilidad y garantías institucionales antes de exigir rendición. Sin esos activos, la negociación será interpretada por el incumbente como capitulación y por sectores opositores como defección; con ellos, puede convertirse en un intercambio constitucional mutuamente preferible al conflicto.
Referencias
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.
Boix, C. (2003). Democracy and redistribution. Cambridge University Press. Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The calculus of consent. University of Michigan Press.
Fearon, J. D. (1995). Rationalist explanations for war. International Organization, 49(3), 379–414.
Nash, J. (1950). The bargaining problem. Econometrica, 18(2), 155–162. North, D. C. (1990). Institutions.
* Profesor de la Universidad de Carabobo y Broward Interational University .
* Editado por los Papeles del CREM. Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca.