Por Luis Barragán
En nada debe extrañar que el proceso de disolución social en Venezuela, advertido en los tempranos años ochenta del siglo anterior, auspiciando el ascenso al poder del llamado chavismo, haya consumado sus consecuencias en el específico ámbito judicial para consolidarlo e, inevitable, agotarlo en la presente centuria. El poder político que se hizo despótico y luego disolvente, no merece una explicación a través de sus episodios, anécdotas y vicisitudes aisladas, sino mediante el cumplimiento de un itinerario cínico, complejo, paciente, y – ¿cabe alguna duda? – exitoso tan urgido de una perspectiva de análisis, documentación y profundidad, sobre la pérdida de la independencia judicial en Venezuela y la quiebra misma de la más elemental noción de justicia, universalizado mediante categorías muy rigurosas que superen el trillado discurso de los días que corren.
Hablamos de una herramienta de interpretación que permita adentrarse eficazmente en el problema, explorando y comprobando todas sus manifestaciones, añadido un lenguaje que sustituya los eufemismos que pueblan a la opinión pública, abundando la vocería improvisada. Es tiempo que todas las organizaciones políticas y sociales del país asuman una discusión evidentemente impostergable y de interés común a las puertas de una probable solución que solo la transición puede perfeccionar.
Por ello, experto, pertinente y denso para abordar responsablemente tan perverso fenómeno es el reciente libro de Luis Manuel Marcano Salazar: “El paradigma de disolución judicial: cómo la pérdida de la independencia judicial socava la estabilidad democrática”, publicado bajo el prestigioso sello chileno El Jurista Ediciones Jurídicas, con prólogo de Luis Almagro y presentación académica de Jörg Alfred Stippel. Fiel testimonio de un exilio académicamente productivo, en medio del dolor de las distancias, el autor hace perfectamente inteligible la materia, no se limita a señalar que hubo la captura, partidización o subordinación del órgano del Poder Público, sino que propone toda una secuencia – debilitamiento, deterioro, fractura – aportando un novedoso paradigma de análisis. Valga acotar, no poca cosa, paradigma que resuelve un punto ciego al introducir la dimensión judicial en la explicación que dan Steven Levitsky y Lucan A. Way del denominado autoritarismo competitivo.
La destrucción de una capacidad tan indispensable como es la relacionada con la justicia de cara a la reconstrucción del Estado en Venezuela, amerita de una inaplazable experiencia democratizadora como la vemos con una extraordinaria claridad en la acuciosa, novedosa y aguda auditoría hecha por Marcano Salazar. El poder político debe volver a sus justas, proporcionadas y genuinas magnitudes, porque – exacerbado y voraz – no puede, sin autodestruirse, arbitrar caprichosamente los conflictos, interpretar la norma, autolimitar su propio poder, ofrecer seguridad jurídica, garantizar derechos, castigar imparcialmente a los criminales, y – una clave insoslayable – suscitar confianza; todo esto, sin incurrir en un suicidio institucional que a la vuelta de la esquina se hace definitivamente político con el colapso.
Incluso, aparentando una amplitud democrática que la fórmula oferta, la elección popular de los jueces como ha acontecido en Bolivia y, ahora, en México, constituye un descarado ardid populista que hace de la disolución judicial una apuesta segura. Forma parte de un repertorio plebiscitario que, entre nosotros, le ha dado solo alcance a la justicia de paz, un nivel más modesto porque ya se ha consagrado el control absoluto en la administración de justicia con consecuencias cada vez más necesarias de atajar, pues facilita el tránsito fatal del autoritarismo competitivo al pleno, aunque personalmente creemos que desemboca paulatina pero seguramente en la desintegración real del Estado.
Impensable que la destrucción de la judicialidad compagine con – así sea – una mínima realización de la democracia, como bien lo ejemplifica Luis Manuel: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en beneficio del ocupante de Miraflores, osó invadir las competencias de la Asamblea Nacional, sustituyéndola funcionalmente, y la fractura pasó de lo incidental a lo estructural. La Sala Electoral declaró en desacato en 2016 a la corporación legislativa electa el año anterior, y la Sala Constitucional secuestró las competencias que son privativas del parlamento en 2017.
Ensayando con el paradigma en cuestión, el poder despótico utiliza la justicia, pero no puede destruirla inmediatamente porque necesita conservar una capacidad mínima de funcionamiento; luego restringe progresivamente el universo de quienes reciben protección y confianza, hasta convertir la justicia en un mecanismo de supervivencia de los propios grupos de poder. Según nuestro modesto ejercicio, el beneficio se redujo a la nómina funcionarial y contractual del Estado y después al sector gubernamental dominante: por ejemplo, ha pasado de absolver a todo evento a sus partidarios, utilizando posteriormente el estrado penal para dirimir igualmente las diferencias entre grupos, corrientes o tendencias que tienden a compactarse en dos o tres bloques de supervivencia en los elencos de poder.
Apuntamos a una inevitable dinámica de descomposición asociada a la violencia que también tercia para frenarla, pero – verbi gratia, PDVSA y su trama de corrupción – todo conduce a la fractura estructural del sistema que pasa del autoritarismo competitivo al pleno. No obstante, conquistado un régimen de obediencia anticipada, ¿deriva en un autoritarismo consolidado o en la desintegración estatal como respuesta inexorable?
La obra, por cierto, muy bien escrita, es portadora de un llamado de prevención para el resto del continente. Entonces, no basta hoy con la excarcelación de todos los prisioneros políticos en nuestro país, la revisión de casos como el de la juez Afiuni o la designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal de la República bajo el trámite de la consabida mesa de negociación: encontramos en el paradigma de Marcano Salazar una extraordinaria guía para la reconstrucción judicial del Estado.
* Editorialista invitado
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