Luis “Balo” Farías: La verdad, la moral, La ética y la confianza – los valores ciudadanos

Spread the love

Por Luis «Balo» Farías

“La Rebelión de la Regiones somos todos” -Proyecto País Venezuela Reconciliada – es una alternativa válida y democrática frente al modelo de estado federal de poder ilimitado centralista y militarista totalitario del Socio-comunismo.

Se podrá implementar, con base en el Capital Social a obtenerse con la práctica habitual de los valores éticos y de confianza.

En estos valores se fundamenta la Cultura del Desarrollo requerida, para lograr la Venezuela moderna, desarrollada, reconciliada y democrática que TODOS merecemos y anhelamos.

La relación entre la verdad, la moral, la ética y la confianza y el desarrollo implica diferentes tipos de valores y preocupaciones.

El Capital Social constituye el conjunto de recursos intangibles, en el ámbito cultural, ético-moral, incorporados en el proyecto que impulsamos para ayudar a que Venezuela logré realizar su proceso de desarrollo.

Estos valores, especialmente, la Ética y la Confianza son valores determinantes, considerados medios e instrumentos idóneos, para coadyuvar a obtener la Venezuela unida y sostenible, en el tiempo y en el sistema democrático. Así lo expresa Amartya Sen, (referido por Kliksberg, 2005).

Por tanto, un marco de principios éticos y valores morales, potencialmente presentes en los venezolanos, bien pueden estar deliberadamente incorporados, a la ejecución del proyecto, entre otros: Libertad, Confianza, Autonomía, Verdad, Familia, Responsabilidad, Sinergia, Honestidad, Dedicación, Capacidad, Gobernabilidad, Gobernanza, Vocación, Justicia, Transparencia, Dignidad, Solidaridad, Respeto, Amor, Voluntad, Optimismo, Dedicación, Servicio, Calidad, Sentido de Asabiya, Pertinencia y pertenencia al País Nacional.

Los principios y valores, en general, son así productos de la evolución cultural de las comunidades venezolanas, referentes de experiencias personales e institucionales y se enriquecen con los resultados de sus aplicaciones en la Política u otros ámbitos de la sociedad nacional.

La aplicación adecuada e inteligente de ellos contribuye a obtener capital social, ahorrar esfuerzos y controlar tensiones a la hora de tomar decisiones en la vida social de Venezuela.

La Verdad y la Honradez como valor social del venezolano.

La verdad, como conducta y práctica de la voluntad y libertad del individuo, es garantía del imperio de la justicia. De igual manera la responsabilidad, la honorabilidad y la honradez son valores vinculados con el ejercicio de la función pública.

El pueblo debe hacer suya la práctica de la verdad. Existe la tendencia de la perdida de la credibilidad en el ciudadano, Gobierno e Instituciones, lo que conlleva que ese ciudadano, generalmente el más humilde, sea maltratado por el funcionario público al demandar la prestación de servicios.

Es conveniente citar hoy más que nunca a Carlos Rangel, cuando nos hablaba de: “la Mentira Constitucional…la apoteosis o colmo de esta actitud consiste en intentar fundar nuestra superioridad sobre los norteamericanos justamente en nuestra capacidad de mentir y sobre todo de auto engañarnos;…”

Paz, O. (1950), refiriéndose a los latinoamericanos, no vacila en afirmar que: “Mentimos por placer. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más que engañar a los demás sino a nosotros mismos. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma”

Nos proponemos, exaltar la práctica y aplicación de conductas individuales y sociales en defensa del honor, la honradez, la verdad y el cumplimiento de la responsabilidad ciudadana e individual.

Se debe impulsar a la sociedad en establecer constitucionalmente a la verdad como un principio moral y de conducta obligatoria de todos los venezolanos. Asumir responsablemente el cumplimiento del deber es garantía de bienestar y progreso.

El Presidente de la República, los Gobernadores de Estado, el Fiscal General, el Contralor General, El Defensor del Pueblo y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deben dar el ejemplo, deben obrar con la verdad frente a las responsabilidades particulares o públicas.

Proponemos que una nueva y necesaria Constitución incluya el voto de censura y causal de destitución a quien utilice una mentira como base y sustento político, para engañar al pueblo o para evadir responsabilidades.

El Juramento: Base del Desarrollo Institucional del País.

El cumplimiento del deber exige rescatar la práctica de la verdad y la institución del juramento como valores fundamentales de los venezolanos de hoy, para lograr el imperio de la verdad, como ejercicio de todos.

El funcionariado solicita y requiere cada día más requisitos, “más papeles”, y así, es “el papeleo” la peor traba de la burocracia administrativa pública. Como medida innovadora y de cambio profundo para resolver esta situación proponemos establecer el Juramento ante las Oficinas Públicas de Venezuela como documento de obligatoria validez y todas las oficinas públicas tendrán la obligación de instrumentar el documento notarial del juramento como derecho de los venezolanos

Podríamos establecer el juramento como base del desarrollo institucional del país y en función de ello, constituir en cada oficina publica un funcionario con cualidad de Notario de Derechos Humanos, para facilitar la gestión del ciudadano, como combate inequívoco que corrija la burocracia ineficiente, inepta y corrompida.

Establecer la Responsabilidad Pública no Compartida

La administración pública presenta un problema intrínseco representado por la improvisación y las responsabilidades compartidas, todo lo cual conlleva a un aberrante paralelismo de funciones sin responsables.

El pueblo no tiene a nadie a quien reclamar, los funcionaros “eluden el bulto o le echan la culpa al anterior o a otros…”.Esto determina que el elemento más común ante el deterioro de la administración pública venezolana es la responsabilidad compartida, según la cual, nadie es responsable de nada, por nada y además son otros los responsables, dado el paralelismo de funciones que ha creado la burocracia, la irresponsabilidad y el clientelismo.

Lo común en Venezuela se traduce en el simple ejemplo cotidiano de que ante la existencia de un “hueco en una calle”, no hay a quien reclamar, la Alcaldía dice “que es la Gobernación”, la Gobernación dice “que es MINFRA o la Alcaldía”…, MINFRA dice “que es la Gobernación o que el Parlamento no le asigno recursos”, el hueco persiste y nadie lo arregla y no hay responsable, configurando así el gran desorden nacional en donde estamos actualmente inmersos.”

Debemos establecer la responsabilidad pública no compartida de modo que no haya actividad pública sin responsable, para que el ciudadano sepa exactamente a quien dirigir su justo reclamo y demande las sanciones a los daños y perjuicios que le ocasionaren por la omisión, negligencia o incapacidad.

La Influencia de los Partidos en las Instituciones Públicas.

La capacidad que tiene el partido de turno en el Gobierno para nombrar y retirar personas de la Administración Pública es prácticamente discrecional y el criterio utilizado no es usualmente la capacidad de la persona, sino su militancia partidista, el parentesco o amistad con el jefe. Cada vez que hay un cambio de gobierno los nuevos responsables de la conducción del país se las ingenian para hacer cambios substanciales en las dependencias públicas. Ello incluso se puede observar dentro de un mismo Gobierno cuando ocurren cambios en las direcciones ejecutivas y grupúsculos partidistas se apoderan de las Instituciones.

Pero es evidente que los partidos de turno en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales y Locales, no cuentan con suficientes cuadros técnicos para hacer una labor eficiente y resolver los problemas de la población.

Lamentablemente, un gran número de personas se dedican a trabajar en los partidos en busca de beneficios personales mediante el uso indebido de sus cargos en la Administración Pública. Este uso indebido, corrupto, abarca una amplia gama de situaciones que cubre desde la corrupción misma hasta la más completa ineficiencia en el desarrollo de la función del servicio público.

Democratización Interna de las Organizaciones Sociales y Políticas.

Principio constitucional y básico de una nueva democracia debe ser, además de elegir o ser electo, el de participar en la toma de decisiones que interesa al individuo o la población. Para participar es vital organizarse, cada organización surge con base a ideas o propósitos, a ella se adhiere el hombre, y surge el hombre-líder, al que se oye, se sigue, es aquel en quien se valora el conocimiento y dominio de la idea.

Las ideas, la lucha, la organización y la acción que se desarrolla desde cada institución social, económica, política, o de cualquier índole, va generando liderazgos, nuevas ideas, reformas y en fin cambios que se demandan y que deben encontrar reglas y garantía de que sus principios y el ejercicio democrático de alternabilidad de liderazgo, de conducción colectiva e individual permita a otros en igualdad de condiciones aportar su talento, esfuerzo y trabajo para el logro de los fines institucionales.

Para la democracia es obligante la alternabilidad del ejercicio de dirección y la elección directa de sus candidatos o representantes a cualquier cargo o en representación de la institución de los partidos, sindicatos, cooperativas, colegios profesionales, asociaciones, fundaciones, ONG, y en general en todas las instituciones de carácter social de sectores económicos, políticos, sociales y culturales. Debe haber el ejercicio pleno en cada una de estas instituciones de los principios de igualdad, alternabilidad, pluralidad, honradez y la recompensa al trabajo productivo.

Las organizaciones sociales, políticas, económicas, gremiales y culturales son unas de las bases sobre las que se fundamenta la existencia de libertad y democracia plena. La aplicación de una transparente democratización, a lo interno de estas organizaciones, es indispensable para el sano y permanente funcionamiento de las mismas y para la consolidación de la democracia.

Se propone el establecimiento de normas precisas que determinen la obligación, de todas las organizaciones sociales, políticas, económicas, gremiales y culturales de realizar procesos eleccionarios internos, trasparentes, al menos cada dos años, a fin de garantizar la democracia interna de tales organizaciones, so pena de extinción.

Una consulta popular debe incluir una pregunta con relación a este tema, para establecer si el pueblo está de acuerdo con la despartidización absoluta de todas las instituciones públicas venezolanas para garantizar la ecuanimidad del ejercicio de la función pública y el establecimiento del mérito y la razón como único requisito para el ingreso y el ascenso del funcionario

Proteger los derechos de los ciudadanos en su relación con el estado.

Debe protegerse al pueblo de la persecución política sistemática que se genera, violando sus derechos básicos y lo establecido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, al crear listas de exclusiones

Para proteger los derechos de la ciudadanía es necesario establecer una pena de perdida permanente de sus derechos políticos a quien estableciere medios de manipulación o listas de exclusión o ejerza coacción, en contra de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado venezolano y sus instituciones

Evitar la coacción y manipulación del ciudadano venezolano.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Municipales deben garantizar que se observe absoluta neutralidad y transparencia política en la conducta y desempeño de los funcionarios y servidores públicos y de las personas que bajo cualquier forma o modalidad contractual presten servicios al Estado.

Los ciudadanos deben estar en capacidad de expresar libremente sus preferencias políticas y no deben ser manipulados ni coaccionados para obligarlos a asistir a actos proselitistas. Deben establecerse normas claras a este respecto que impliquen un castigo para los violadores de las mismas.

Afectación de los bienes públicos para beneficio político

La utilización de los recursos de las entidades públicas para apoyar alguna candidatura o proceso político, es algo que debe detenerse de una vez por todas.

La utilización de los recursos de los venezolanos, que son los recursos del Estado, para apoyar actos y/o candidaturas políticas específicas del oficialismo de turno, constituye una acción abusiva y criminal

Deben buscar e implementar formas definitivas de eliminar este accionar ilegal que alcanza su máxima expresión durante los períodos electorales

Se debe establecer la perdida de los derechos políticos a quien disponga, ordene, permita, use, pague o en modo alguno afecte u obligue los bienes, recursos financieros, los espacios públicos, y coaccione o manipule de cualesquiera forma o manera desde las instituciones u órganos de la administración pública con fines propagandísticos o publicitarios, electoreros y de beneficio político o personal.

Evitar que el poder social sea impuesto y controlado por el gobierno

La descentralización consiste en otorgar la mayor responsabilidad posible al nivel más bajo de gobierno, que es el nivel que está más cerca de las personas a quienes se debe prestar un servicio público. El intento de politizar y controlar los organismos más representativos de la comunidad decidiendo todo lo atinente a ellos y especialmente el aporte de recursos, invalida completamente las funciones de estos entes representativos a nivel local.

A través del tiempo, en el país, los gobiernos de turno han intentado tomar, muchas veces con éxito, todas las instancias de agrupación que ha ideado la sociedad civil para su funcionamiento: como sindicatos, organismos de agrupación estudiantil, colegios y gremios profesionales, gremios empresariales, etc. Esta situación, es la corrupción de la actividad política que debe ser sana y verdadera.

Dicha situación ha llegado ahora a su máxima expresión con la politización de los órganos de base de organización de la sociedad civil como son los Consejos Comunales, los cuales se hacen depender directamente de la Presidencia de la República.

Otra Venezuela es posible y acá un pequeño aporte de los que debemos impulsar fuertemente aferrados a LA VERDAD, LA MORAL, LA ETICA Y LA CONFIANZA POR SER VALORES CIUDADANOS DETERMINANTES.

(Tomado como aporte del trabajo intelectual del Libro del Movimiento Independiente Democrático del cual soy coautor)

¡LA REBELIÓN DE LAS REGIONES SOMOS TODOS!
balofarias@gmail.com
@LuisBaloFarias
Venezuela

 

Deja un comentario