Así lo informó la Fiscal General del República, Luisa Ortega Diaz, quien indicó que estas acciones legales son: prohibición de la salida del país, privativas de libertad, congelación de cuentas de las empresas constructoras e inmobiliarias, prohibición para enajenar y grabar bienes.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que, desde su despacho vienen trabajando, desde el año 2009, para evitar el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor-IPC en las viviendas que están en construcción y para el resguardo de los intereses de los compradores.
Además, indicó que en el transcurso de la semana pasada realizaron una mesa de trabajo representantes de la Fiscalía, Indepabis, el Ministerio de la Vivienda y del Cicpc a fin de trazar acciones conjuntas para atacar todo lo relacionado con las estafas inmobiliarias.
“El año pasado (2009) en el mes de junio el Ministerio Público creó un plan contra el fraude, la estafa y la usura; en donde comenzamos atacar el cobro del IPC que, aun cuando habia una resolución ministerial y una sentencia del TSJ, los constructores lo seguían cobrando (…) La semana pasada nos reunimos con el Indepabis, el Ministerio de la Vivienda, el Cicpc, para elaborar unas acciones conjuntas para atacar este tema”, aseguró la fiscal Luisa Ortega Díaz en un contacto telefónico con el programa Aló, Presidente, número 367.
De igual manera, indicó que en las diferentes fiscalías superiores del país se encuentra permanente personal para recibir las denuncias sobre este tema. Por esta razón, conminó a quienes hayan sido afectados por las acciones de las constructoras para que coloquen su denuncia y así, puedan actuar las autoridades competentes.
Por otra parte, la Fiscal General de la República aplaudió la creación de un gran frente nacional para atacar el tema inmobiliario y acabar con las estafas que han afectado a un importante número de venezolanos.
“Es importante la creación de este gran frente nacional para abandonar este tema tan sensible como es el de la vivienda. Porque no sólo es que se hacen cobros extras sino que, en algunos casos, nunca entregan las viviendas. También, se han dado caso en que los representantes de la constructoras se desaparecen y violentan el derecho que tienen los venezolanos a tener una vivienda digna”, sentenció Luisa Ortega Diaz.
Asimismo, ratificó que el Ministerio Público seguirá trabajando para que, en caso de que haya un hecho punible en la venta de inmuebles, puedan ser sancionados los responsables
Fuente: AVN
