Ya sea que las empujan, con compras, nacionalizaciones y estatizaciones, o simplemente deciden irse, las empresas extranjeras y hasta de capital venezolano, se están yendo del país. Las consecuencias, son inocultables y no tardan en aparecer.
Por Eduardo Martínez
Crece el número de empresas expropiadas, incautadas u ocupadas
luego de cada alocución presidencial. Este fin de semana, por ejemplo, se ordenó la expropiación de la cincuentenaria empresa Agroisleña. Una sociedad de capital de español-venezolano, dedicada a suministrar insumos para el cultivo. Agroisleña, según la prensa del día de hoy, contando con 8 silos y 60 sucursales en el país, se relaciona con más de 18 mil productores y produce 70% de los insumos para la agricultura.
En el mismo evento, también se anunció la “nacionalización” de las casi 200 mil hectáreas de tierras de una compañía inglesa, que funciona como empresa ganadera en la sabana del estado Guárico.
Ya sea que las empujan, con compras, nacionalizaciones y estatizaciones, o simplemente deciden irse, las empresas extranjeras y hasta de capital venezolano, se están yendo del país. Las consecuencias, son inocultables y no tardan en aparecer.
Si se revisa lo sucedido con los operadores de los puertos, hemos visto como emprendedores nacionales fueron sustituidos por gestores representantes del gobierno de la República de Cuba. Las operadoras petroleras internacionales de la Faja del Orinoco, reemplazadas por empresas estatales de Rusia, Brasil, Bielorus, Cuba, Irán y hasta Vietnam. En la Costa Oriental de Lago, las empresas contratistas petroleras, fueron absorbidas por Pdvsa. Grandes extensiones de cultivo han sido expropiadas.
En todos estos casos, el saldo social y humano ha sido negativo. Miles de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo. La mayor parte de los propietarios no han sido compensados como establece la ley, y tampoco se han seguido los requisitos legales y constitucionales para ello.
Donde es más terrible el impacto negativo, es en la consecución de lo que se llama “objeto” de las empresas. La producción en cantidad y calidad, decae cuantiosamente cuando no desaparece totalmente.
Bajo el lema de que se “rescata para el pueblo” no es exageración señalar que hasta el momento ningún venezolano ha pasado a ser propietario de ninguno de los bienes y propiedades “recuperados”. Todo ha pasado a engordar y acrecentar la ya gran lista de activos del estado, que una legión de burócratas, maneja a su arbitrio.
Frente a esta realidad, que tiene que ver al final de cuentas con el tema de la propiedad, cientos de empresas han comenzado por no invertir más en el país, para luego cerrar y finalmente marcharse a otros países que ofrecen mejores condiciones para la inversión.
Pero no es sólo la inseguridad jurídica sobre la propiedad lo que afecta a las empresas. Es también la red de restricciones, requisitos y penalizaciones, que entraban la gestión de las empresas privadas: Seniat, Cadivi, IVSS, Lopcymat, Inpsasel, solvencia laboral, registro de contratistas, etc. Siglas, mecanismos y figuras que se convierten en todo un sistema de hostigamiento que obliga a los propietarios a comparar y decidir. ¿Hay en Panamá o Colombia estas restricciones para operar? Es una de las tantas preguntas que se hacen los emprendedores. Y para desagracia nuestra, están actuando en consecuencia.
En las estadísticas oficiales se reflejan como cae la producción de los sectores intervenidos, tanto en la producción de las materias primas, como en la elaboración de productos, su empaque y hasta en el transporte. En la calle, esa estadística la podemos ver en los estantes de los establecimientos comerciales. Siendo el desabastecimiento y la sustitución de productos nacionales por productos importados, las consecuencias inmediatas.
Este ambiente que se ha generado en la última década, y que continúa generándose semana a semana, ha logrado un cambio negativo en las empresas que operan en el país, independientemente sean venezolanas o extranjeras.
En el caso de las extranjeras, empresas como IBM, han disminuido su plantilla de personal; HP estaría marchándose y la Procter & Gamble prácticamente cerrando sus líneas de producción. Otras empresas, de irremplazable tecnología de punta, como Microsoft y SAP, se disminuyen en Venezuela para atender a los clientes desde otros países.
Este éxodo de empresas acorrala a la economía venezolana. El marco restrictivo para la gestión privada comienza a afectar el crecimiento de la economía, entrando Venezuela en una espiral ascendente de desabastecimiento, desinversión y colapso del sector industrial. Lo que empuja a la baja la producción de bienes y servicios. Lo que veremos retratado en el llamado PIB.
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