Por David Morán Bohórquez
La 41A es un catalizador, no la causa raíz. La inflación venezolana es un fenómeno soberano, gestado en decisiones de Caracas —gasto desmedido, emisión sin respaldo, distorsiones estructurales—, y persistirá mientras estas no cambien, con o sin licencias de la OFAC. La insistencia en culpar a factores externos subestima la responsabilidad del Estado y desvía el foco de las reformas necesarias.
La persistente crisis económica de Venezuela ha generado un debate sobre sus causas fundamentales. Si bien las sanciones internacionales, particularmente las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han sido señaladas como factores determinantes, un análisis no superficial revela que el problema central reside en la falta de disciplina fiscal y monetaria.
La teoría económica, respaldada por figuras como Milton Friedman, establece que la inflación es un fenómeno monetario, resultado del crecimiento excesivo de la oferta de dinero. En Venezuela, la hiperinflación histórica y la persistente inflación actual, a pesar de cierta moderación, superan con creces las cifras de otros países sancionados como Irán y Rusia. Esta disparidad sugiere que las sanciones externas no son el factor primordial.
La evidencia venezolana es contundente: entre 2013 y 2023, la base monetaria se expandió exponencialmente para financiar el déficit fiscal, con el Banco Central de Venezuela (BCV) como principal emisor. Aunque en 2024 se redujo la emisión, sigue superando el crecimiento del PIB, alimentando la presión inflacionaria.
En contraste, Irán y Rusia, bajo sanciones más severas, han logrado controlar mejor su inflación mediante políticas fiscales restrictivas y menor dependencia de la monetización del déficit. Rusia, por ejemplo, mantiene un superávit fiscal, mientras que Venezuela continúa con déficits significativos.
Más allá de la OFAC: La raíz de la crisis económica venezolana
Las licencias de la OFAC, como la restricción a las operaciones de Chevron, tienen un impacto limitado. Si bien reducen los ingresos en divisas y presionan el tipo de cambio, Venezuela ya enfrentaba sanciones desde 2017, y la inflación se disparó por factores internos. Además, el país genera ingresos petroleros significativos y se beneficia del “ahorro” por el impago de la deuda soberana.
La historia también respalda esta tesis: entre 2014 y 2016, con la caída de los precios del petróleo y sin sanciones significativas, la inflación se disparó debido a la indisciplina fiscal.
El verdadero problema radica en el gasto público excesivo, los subsidios insostenibles y la ineficiencia de empresas estatales como PDVSA. El BCV, sin independencia, actúa como brazo financiero del gobierno, y los controles de precios y tipo de cambio distorsionan la economía.
Veamos algunas cifras:
La hiperinflación de 2017-2021 ( 132.000% en 2018) ocurrió antes de sanciones petroleras significativas y fue impulsada por la emisión masiva del BCV para financiar déficits fiscales del 20-30% del PIB, subsidios irracionales (gasolina: 12,500 millones de dólares anuales) y controles de precios que colapsaron la oferta.
En 2024, el crecimiento monetario del 50% (BCV) supera el crecimiento real del PIB (4%), mientras el déficit fiscal persiste en 10-15% del PIB. La 41A agrava la escasez de divisas, pero no genera la emisión de bolívares ni el desajuste fiscal subyacente.
Rusia controla su inflación (8%) con superávits fiscales y reservas de divisas (600 mil millones de dólares), mientras Irán (30%) limita la monetización del déficit. Venezuela, en cambio, sigue financiando gasto público insostenible con impresión de dinero.
Sin un ajuste fiscal, la eliminación de subsidios irracionales, el fin de la monetización del déficit y la liberalización económica, (todas medidas soberanas) la inflación persistirá. La restricción de Chevron agrava la escasez de divisas, pero sin cambios estructurales, el gobierno seguirá recurriendo a la emisión de dinero o a la sobrevaluación del bolívar.
Reflexionemos sobre el origen de la Licencia General 41A de la OFAC, su vínculo con el fraude electoral y la insistencia de algunos economistas en atribuirle un impacto inflacionario directo, a pesar de que la inflación es, en esencia, un fenómeno soberano determinado por decisiones internas de política económica.
Origen de la Licencia General 41A
La Licencia General 41 fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. como una modificación de la Licencia 41 original, introducida en noviembre de 2022 tras los acuerdos de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en México. Estos acuerdos, mediados por Noruega, buscaban garantizar elecciones libres a cambio de alivio de sanciones, incluyendo la autorización para que Chevron reanudara operaciones limitadas en Venezuela (producción y exportación de petróleo sin pagos directos al gobierno).
Sin embargo, la 41A, implementada en marzo de 2025, endurece las condiciones al prohibir las operaciones de Chevron y otras de servicios petroleros en Venezuela en respuesta al fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El término fraude electoral surge de las acusaciones y evidencias de la oposición y gobiernos como EE.UU., que cuestionaron la legitimidad de la reelección de Maduro.
La opinión del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela es clara y contundente, basada en su rol como observador técnico internacional invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En su declaración oficial emitida el 30 de julio de 2024, el Centro afirmó que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Esta conclusión se fundamenta en varios puntos clave observados por su misión de 17 expertos desplegados en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia desde el 29 de junio de 2024.
El Centro subrayó que la ausencia de actas detalladas contravino tanto las leyes venezolanas como los estándares internacionales para elecciones democráticas.
Finalmente, en octubre de 2024, Jennie Lincoln, asesora principal del Centro para América Latina, presentó ante la OEA supuestas actas originales recolectadas por testigos, sugiriendo que Edmundo González obtuvo el 67% de los votos frente al 31% de Maduro.
La 41A, entonces, refleja una política de presión: limitar los ingresos petroleros de Maduro como castigo por no cumplir las condiciones del alivio sancionatorio, afectando a Chevron, que producía unos 230,000 barriles diarios en sus cuatro empresas mixtas y generaba hasta 230 millones de dólares mensuales en divisas.
La insistencia de algunos economistas en culpar a la 41A por la inflación
Algunos economistas venezolanos, especialmente aquellos alineados con narrativas políticas o con enfoques menos técnicos, insisten en que la Licencia 41A será la causante de una nueva ola inflacionaria.
Sus puntos son válidos en la superficie: la pérdida de producción petrolera y caída de los ingresos por exportaciones no es trivial. Sin embargo, atribuir la inflación exclusivamente a la 41A ignora el carácter soberano del fenómeno y la responsabilidad de las políticas internas..
La Licencia 41A tiene un origen político claro: castigar a Maduro por el fraude electoral. Su impacto económico es real, pero secundario. Culparla directamente por la inflación refleja una visión parcial que exime al gobierno venezolano de su rol central.
Algunos economistas usan este argumento por conveniencia política o por subestimar la soberanía monetaria: Si Maduro ajustara el déficit, eliminara subsidios y disciplinara la emisión, la inflación podría moderarse incluso con menos divisas petroleras, como lo demuestra el “ahorro” del default (60 mil millones de dólares no pagados) que no se ha capitalizado eficientemente.
Por otro lado, quienes defienden al gobierno podrían argüir que las sanciones son una guerra económica que “forzó” el descontrol fiscal. Esto es insostenible: la crisis comenzó antes de 2017 (caída del PIB desde 2013) y países sancionados no muestran inflaciones tan extremas ni políticas internas similares.
La 41A es un catalizador, no la causa raíz. La inflación venezolana es un fenómeno soberano, gestado en decisiones de Caracas —gasto desmedido, emisión sin respaldo, distorsiones estructurales—, y persistirá mientras estas no cambien, con o sin licencias de la OFAC. La insistencia en culpar a factores externos subestima la responsabilidad del Estado y desvía el foco de las reformas necesarias.
El PIB venezolano: una montaña rusa de promesas rotas y desafíos persistentes
El Producto Interno Bruto (PIB) de un país es el indicador económico que mide el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de sus fronteras durante un período específico, generalmente un año o un trimestre. Representa la actividad económica agregada. Expresado en términos nominales (a precios corrientes) o reales (ajustado por inflación), el PIB sirve como una herramienta clave para evaluar el tamaño, el crecimiento o la contracción de una economía, así como el nivel de vida promedio cuando se divide por la población (PIB per cápita).
En esencia, es un reflejo de la salud económica de una nación, influida por políticas públicas, productividad y factores externos como los precios de las materias primas.
La evolución del PIB de Venezuela desde 2012 hasta 2024 es una montaña rusa: un auge petrolero efímero, un colapso catastrófico y una recuperación incipiente pero frágil.
El pico de 2012 fue insostenible, basado en un modelo rentista que colapsó con los precios del crudo y se agravó por políticas internas (controles, emisión descontrolada) más que por sanciones externas, que llegaron después del daño inicial. El periodo 2014-2020 es un caso de estudio de cómo la mala gestión puede destruir una economía, mientras que 2021-2024 muestra quizás lo que algunos llaman un rebote estadístico, un dead cat bounce.
Sin embargo, el crecimiento reciente no compensa las pérdidas acumuladas: el PIB actual es un tercio del de 2012, y el PIB per cápita está al nivel de 1999, ubicándose en 2024 en 4.020 dólares per cápita, el tercero más bajo en el continente americano y el caribe, después de Haití y Nicaragua
La dependencia petrolera persiste, y la falta de reformas estructurales (déficit fiscal del 10%-15%, infraestructura deteriorada) limita las perspectivas. Las sanciones, como la
Licencia 41A, son un obstáculo, pero la raíz del problema es soberana: sin disciplina fiscal y monetaria, el crecimiento seguirá siendo vulnerable a shocks externos. En 2024, Venezuela salió de cuidados intensivos, pero las heridas profundas —pobreza del 80%, emigración de 7 millones— evidencian que la recuperación es más estadística que tangible para la población.
La variación del PIB de Venezuela, que pasó de 352,191 millones de dólares en 2012 a un colapso de 48,610 millones en 2020 y una recuperación parcial a unos 120,000 millones en 2024 (FMI), refleja el impacto devastador de las erradas políticas económicas socialistas implementadas desde el chavismo.
Uso la analogía del peso corporal de un humano para ilustrar la destrucción de la capacidad productiva del país que mide el PIB. Si en 2013 el peso de ese hombre fue de 100 kilogramos, en 2024 terminó con un peso de apenas 30 kilos, el peso de un muchacho, o de un hombre sometido en un campo de concentración.
Estas políticas, basadas en controles de precios, expropiaciones masivas, monetización descontrolada del déficit fiscal (hasta 30% del PIB en años pico) y una dependencia casi absoluta del petróleo (95% de exportaciones), destruyeron la capacidad productiva del país, provocando una caída del 75%-88% del PIB en menos de una década.
La falta de diversificación, el despilfarro de la bonanza petrolera en subsidios insostenibles (12,500 millones de dólares anuales en gasolina) y la ausencia de disciplina fiscal —evidenciada por una inflación del 130 mil% en 2018— muestran cómo el modelo socialista, lejos de generar prosperidad, llevó a un colapso económico que ni las sanciones externas ni la recuperación reciente (4%-9% anual desde 2021) han podido revertir plenamente, dejando un PIB per cápita en 2024 (4.020 dólares) comparable al de hace 25 años.
* David Moran Bohórquez es ingeniero, académico y empresario.
* Editado por los Papeles del CREM a cargo de Raúl Ochoa Cuenca.
«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».