Editorial: ¿Y nosotros que pensamos?

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Luego de dos editoriales sobre el Acuerdo firmado en México, que hemos publicado en economiavenezolana.com, nuestros lectores todavía nos preguntan: ¿Y tu que piensas?

Esta pregunta envuelve dos aspectos: 1) los lectores muestran preocupación sobre el tema; y 2) los lectores no entienden ni el texto del Acuerdo firmado, ni los análisis que se han publicado hasta el momento. Y tienen razón, porque tampoco han entendido que hemos dicho en nuestros editoriales.

Lo que demuestra que la circunstancia que ha llevado a la negociación del Acuerdo, es un tema difícil de asimilar. La complejidad de los acontecimientos que se han sucedido en la vida de los venezolanos, en los últimos 23 años, y las argumentaciones y acciones de los políticos de oposición, han llevado a un ambiente de confusión de marca mayor.

No vamos a enumerar la larga lista de acontecimientos políticos y de gobierno que signan a Venezuela desde 1999. Para hacer más fácil la comprensión, nos vamos a centrar en dos aspectos: la emigración de 7 millones y medio de venezolanos; y la existencia de una hegemonía comunicacional, desarrollada desde el gobierno.

Esa diáspora de venezolanos, esparcidos por todos los continentes, es la consecuencia de la acción de gobierno que, día a día, ha generado esa larga lista de acontecimientos políticos.

Frente a esa gestión de gobierno, que obedece a un régimen que progresivamente ha venido imponiendo reglas con el fin de consolidar su poder hegemónico y autoritario, la dirigencia opositora ha intentado acciones para deponer el régimen a través de medios democráticos. Lo que no ha tenido éxito, y que, si ha obtenido alguna respuesta, es la de mayores restricciones a los venezolanos en el uso de sus derechos fundamentales.

Estas actuaciones de la oposición, se han convertido en una lista de fracasos políticos, y en algunos casos, en triunfos no cobrados tanto por la estrategia autoritaria del régimen, como por la ineptitud política de la oposición que no ha sabido cobrar esos triunfos.

Los médicos, cuando se enfrentan a la enfermedad de un paciente, tienen ante sí dos tareas: diagnosticar la enfermedad (saber qué afecta al paciente); y señalar la prognosis (cuál es el juicio acerca del posible curso de la enfermedad).

El diagnóstico de la crisis venezolana, ya lo conocemos. La prognosis de esta crisis, es lo que parece no entenderse. Los venezolanos no conocen el posible curso. Y no solo los venezolanos en general, sino que también y probablemente, buena parte de los dirigentes de oposición.

En varias ocasiones, la crisis económica y social, ha suscitado graves crisis políticas, que han llevado a la acción internacional a mediar entre el gobierno y la oposición. En cada caso, se ha impulsado el establecimiento de “mesas de negociación” entre ambas partes. Todo con el fin de disminuir las tensiones internas, y conducir a una solución pacífica de la controversia política.

Sin embargo, después de la primera Mesa de Negociación y Acuerdos, que llevó al Revocatorio del 2004, las crisis sucesivas llevaron a mesas de negociaciones que solo han funcionado para que el gobierno “corra la arruga” en todos aquellos problemas que el propio gobierno ha causado.

Inexplicablemente, la oposición en sus negociaciones no ha logrado que el gobierno ceda en lo que debe ceder. Con lo que el gobierno siempre ha obtenido lo que estaba buscando. A pesar que la oposición debiera entender, que en una negociación -para que tenga éxito- ambas partes debieran ceder. Eso no ha ocurrido.

En la negociación de México del sábado 26 de noviembre, si se lee con detenimiento el texto del acuerdo aceptado y firmado por la oposición, se observan dos hechos: el gobierno obtuvo lo que buscaba, y, todo aquello por lo que se debiera pensar que buscaba la oposición, son enunciados de promesas y posibilidades cuyo cumplimiento el texto no establece claramente. Eso si, el texto de lo logrado por el gobierno es claro.

Entre los análisis luego de firmado el Acuerdo, destacan las declaraciones del coordinador de los delegados de la oposición, Gerardo Blyde.

Blyde señala en su entrevista, que “había que atender lo urgente para ocuparnos de lo importante”. Y eso urgente, señala él mismo, es la “materia social”.

¿La materia social en cuáles términos? Según el Acuerdo y Blyde, lo único cierto es en términos de dinero. Se destinarán 3.000 millones de dólares, que serán administrados por la ONU. Y “que serán destinados a programas en materia de alimentación, educación, electricidad y salud”.

Todos estos programas, hay que entender, son materias propias del Estado y que debían ser administradas por el gobierno. ¿Por qué el gobierno no lo hizo? Si buscamos en la prensa, en todos estos sectores, ya existían carencias y problemas desde el 2013. Las sanciones, que el gobierno señala es la causa de la crisis, se establecieron en fechas recientes. ¿No lo saben los negociadores?

En otro párrafo que recoge sus declaraciones, Blyde confiesa que “Ahora vamos a profundizar en muchos de los temas, que incluyen derechos humanos, presos políticos”. A lo que nos preguntamos, ¿no es urgente el tema de los derechos humanos y los presos políticos?. Recordemos las circunstancia en las que están recluídos los presos políticos: sin juicio, en condiciones insalubres, aislados o hacinados, sin muchas veces sin visitas familiares, entre otras.

También Blyde en ese párrafo se refiere a que están buscando “garantizar que haya condiciones electorales suficientes para que el voto del venezolano dentro y fuera de Venezuela se respete”. Sin embargo, las organizaciones que agrupan a los venezolanos en el exterior, se están quejando no solo del CNE, sino que también le reclaman a la Comisión para las primarias designada por la Plataforma Unitaria -que designó también a los delegados en la negociación de México- de no estar garantizando la organización de las primarias en el exterior.

En cuanto a que los 3.000 millones de dólares no les va a poner la mano el gobierno, es verdad. Aunque se debe entender que si ese dinero se le mete a sectores que debe financiar el gobierno, se estarán liberando 3.000 millones de dólares que el gobierno si tiene, para destinarlos a sectores que pudieran aumentar las restricciones y amenazas a quienes no están de acuerdo con el gobierno.

En resumen, si leemos detenidamente en el Acuerdo, encontraremos que todo aquello por lo que Blyde dice que va a luchar en otra reanudación de las negociaciones, no se ha concretado ni existe una sola palabra empeñada por el gobierno, no solo para su realización, sino que ni siquiera para obligarlos a su discusión.

Finalmente, todo esto sucede en un ambiente de profundas restricciones a la libertad de prensa e información, y que el mismo gobierno ha denominado “la hegemonía comunicacional”.

Solo en lo que va de año, Conatel ha cerrado más de 100 estaciones de radio; ejerce un control absoluto sobre el papel periódico; no ha concedido nuevas licencias de radio y/o TV a empresas que no responden al alineamiento con el gobierno, entre otros. Mucho menos ha devuelto las licencias no renovadas, como RCTV y RCR entre cientos de medios audivisuales cerrados.

Este “cepo” sobre la opinión distinta al gobierno ha logrado que no se publiquen informaciones sobre la realidad del país, entre ello, de lo que significa el Acuerdo favorable al gobierno, y que la oposición firmó de forma -que denominamos- ligeramente.

La verdad es que no existen periódicos en los cuales se imprima el acontecer de Venezuela, ni radios en la cual oir al disidencia, y mucho menos, ver visualmente los hechos. Y ni que decir de las cadenas internacionales de noticias, y lo que nos debiera llegar por internet.

Esperamos que nuestros lectores, al leer este editorial, puedan tener una visión más clara del Acuerdo firmado.

Eduardo Martínez, Editor

editor@gmail.com

 

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