Por Eduardo Martínez
El matutino capitalino El Nacional, haciéndose eco del diario español El País, publicó este fin de semana la información de que el régimen de Nicolás Maduro “con discreción y sin grandes anuncios … adelantan un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años”.
Según la fuente citada, la decisión que comprende “una lista de propiedades y empresas, … fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias”, no contemplaría “en ningún caso … la figura de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados”.
Esta acción de devolución, de ser cierta, cancelaría por el momento una de las etapas más negras de la economía nacional y del derecho a la propiedad en Venezuela. Una etapa que trajo pobreza, arruinó vidas y emprendimientos, y acabó con centenares -si no miles- de industrias y centros productivos en el país.
Casi todo lo expropiado fue cerrado, desmantelado, saqueado y abandonado sin que se justificara en algún momento el requisito de la “utilidad pública”, como exige la figura legal utilizada.
Todo comenzó con aquella desafortunada frase “exprópiese”, dicha a todo lo ancho y largo de una boca que lapidariamente sepultaría propiedades.
¿Sin compensaciones?
La posibilidad de no compensar a quienes fueron expropiados, que seguramente se enfrentarán a infraestructuras saqueadas y destruidas, nos recuerda a un malandro de San Bernardino, que una vez nos robó los dos faros del vehículo.
Cuando descubrimos quién había ejecutado el robo, fuimos a enfrentarlo. Con desparpajo confesó que se había equivocado. Que él “no le hacía eso a los vecinos”. Unas horas después, nos devolvió los faros. Solo que como los había arrancado, había destruido tuercas, tornillos, y perforaciones para fijarlos a la carrocería. Lo cual hacía imposible colocarlos. Pero claro, los había devuelto. Cosas de malandros.
editor@eastwebside.com