Con ocupación de SIDETUR el Gobierno pone los términos del diálogo con la empresa privada

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La Confederación Venezolana de Industriales-Conindustria rechazó a través de un comunicado la acción del Ministerio de Industrias contra la empresa Siderúrgica del Turbio, S.A. (Sidetur).

A continuación texto del comunicado de Conindustria

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) rechaza categóricamente la acción ejecutada por el Ministerio del Poder Popular de Industrias el pasado lunes 29 del presente mes de ocupar los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que conforman las seis plantas industriales y los quince (15) centros de recolección de chatarra propiedad de la empresa Siderúrgica del Turbio, S.A. (Sidetur) y sus filiales, así como de transferir la totalidad de los fondos depositados en las cuentas bancarias de esta compañía a una cuenta de la estatal Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.

Conindustria considera que esta acción del Ministerio de Industrias es completamente arbitraria e inconstitucional por cuanto no cumple con lo establecido en la Ley de Expropiaciones, según la cual la ocupación de los activos objeto de una acción de este tipo solo se concretaría luego de que se procediera al pago previo de una indemnización, cosa que no ha ocurrido en este caso.

La adquisición forzosa de Sidetur fue ordenada por el Decreto Expropiatorio del 2 de noviembre de 2010; sin embargo, hasta la fecha no ha habido negociación ni el pago correspondiente a los activos incluidos en dicha medida.

Para el gremio industrial es motivo de preocupación que, mientras el ministro de Planificación, Jorge Giordani, asegura que en el modelo socialista del gobierno hay espacio para el sector privado, acciones como ésta sólo reafirman lo que ha venido señalando Conindustria sobre el cerco que se está tejiendo en torno al sector manufacturero del país. En ese sentido, Conindustria advierte que las acciones realizadas contra Sidetur y sus propietarios son inconstitucionales por cuanto violan el derecho de propiedad, a la libre iniciativa privada, el derecho al trabajo, al debido proceso y a la defensa.

Ante esta nueva amenaza a la propiedad privada y a la libre empresa, Conindustria hace un llamado al Ejecutivo nacional para que cumpla con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley de Expropiaciones y en los lineamientos contenidos en el propio decreto expropiatorio, para garantizar un clima de seguridad jurídica que permita atraer inversiones, mantener el abastecimiento y el empleo en el país.

Fuente: Conindustria

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