por Charito Rojas
“Es terrorismo de Estado cuando se usan métodos ilegítimos por parte del gobierno, o con la anuencia y complicidad de éste, con el fin de inducir miedo o terror en la población para fomentar comportamientos o fomentar objetivos que no se producirían por sí mismo. Es terrorismo de Estado cuando el mismo Estado crea organizaciones clandestinas convencionales y luego hay negligencia en su persecución. Es terrorismo de Estado cuando los gobernantes emplean el uso sistemático de la violencia sobre la sociedad civil”.
Lenin Eduardo Guerra,
profesor del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes (ULA).
No es de gratis que desde hace años organizaciones de derechos humanos hayan criticado, condenado y hasta sentenciado al gobierno venezolano por su reiterada conducta de irrespetar derechos básicos como la libertad de información, de expresión, de libre tránsito, de libre comercio.
Encarcelamientos políticos, cierre o acorralamiento de medios de comunicación, confiscaciones que no cumplen requisitos de expropiación legal, coacción y despido de empleados públicos, entre otros abusos cometidos por el gobierno en contravención de los derechos humanos de los venezolanos y de las leyes del país que los protegen, han ocasionado que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos haya emitido 17 sentencias condenatorias ( de las cuales el gobierno revolucionario no ha acatado ni una), que Humans Right Watch emita año tras año alertas destacando el atropello; que en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sea Venezuela el país con más demandas ( 27), las cuales ha perdido en casi todos los casos sentenciados; que las evaluadoras de riesgo internacionales califiquen a Venezuela como un país con alto riesgo jurídico e inestabilidad social y política. La reacción del gobierno chavista y madurista ha sido la misma: sacar al país de los organismos internacionales (lo cual no lo excusa del cumplimiento de las sentencias), descalificar a todos los que midan las bajísimas notas del régimen, pelear con todo el que le llame la atención por sus graves faltas, insultándolos con calificativos que se pasean desde la “a” de asesinos” hasta la “t” de traidor, pasando por la “i” de injerencistas.
Diecisiete años de “socialismo del siglo XXI” han sido suficientes para demostrar el estruendoso fracaso y su responsabilidad absoluta en la inocultable quiebra de Venezuela. El gobierno que echa la culpa a todo el mundo del colapso que ocasionó, ha ejercido la totalidad de los poderes públicos con exclusividad; ha manejado la gigantesca renta petrolera como una quincalla personal; ha excluido a los venezolanos de valía y honor de cualquier cargo público, asesoría e incluso de presencia en el país; ha fomentado a grupos paramilitares como milicias, círculos, unidades de batalla, consejos comunales, comités de defensa y otros, hasta con características delictuales, para “combatir en cualquier terreno a los enemigos de la patria” (ver decálogo de funciones de las UBCH). Tanto el finado como el presente presidente gustan de apoyarse en esas organizaciones que ellos llaman sociales pero que están en el border line de la ley. Las UBCH actúan no sólo como defensores de la revolución, sino que bajo el mando de Darío Vivas han tomado el control del Sundee y de los consejos comunales para filtrar la distribución de alimentos, ejerciendo así el control político del hambre. Los “patriotas cooperantes” o sapos del gobierno, denuncian a los sospechosos de ser opositores, para que no les llegue bolsa ni ningún otro tipo de ayuda social. O apoyas a al régimen o no comes.
La tolerancia de la revolución con la delincuencia nunca esta mejor representada que con la ministra Iris Varela, que con su “operación Cayapa” ha liberado a decenas de miles de presos con la excusa de descongestionar las cárceles. Pero ha congestionado de bandas al país. Secuestro, extorsión, crímenes horribles con desmembramientos y quema de cadáveres, según los criminólogos, son típicos del pranato carcelario.
Soltaron a los demonios, los armaron, les dieron poder a cuenta de fidelidad roja y Venezuela es ya el país más violento del mundo. Los gobiernos absolutistas, totalitarios, que toman por asalto las riquezas de un país y someten a sus habitantes con los más infames métodos violatorios de los derechos humanos, han abundado en la historia. Todos han terminado y muy mal. Pero tenemos que destacar hechos que asoman paralelismos inevitables, como la humillación de las personas.
Es terrible ver a compatriotas desesperados buscando comida en basureros, clamando por la medicina que salvará a un hijo, doblegándose a declarar en fiscalía que fue obligado a firmar en el revocatorio para que no lo boten, esas inmensas colas donde envejece de rabia nuestro pueblo, o soportar la discriminación de las bolsas donde unos empoderados e ilegítimos CLAP escogen a quien matarán el hambre.
La última humillación ha sido el desnudo de los 5 seminaristas en Mérida. Menores de edad todos, iban a clases de inglés cuando fueron interceptados por esos grupos violentos que defienden agresivamente la revolución con la bendición del gobierno. Trataban de impedir que se realizase un acto con Lilian Tintori, a quien le han violado su derecho ciudadano de libre tránsito en su campaña humanitaria de llevar medicinas a venezolanos necesitados. Todos atestiguan que eran delincuentes políticos, de los que roban y matan en nombre de la revolución. Y utilizaron un arma que históricamente representa la máxima humillación para el ser humano: ser desnudado en público.
Lo usaba Hitler con los judíos, Pol Pot en su genocidio a los camboyanos. Lo vimos en la UCV cuando en 2014 grupos violentos desnudaron a un estudiante que protestaba. Tocando el fondo de la miseria humana, el gobernador de Mérida Alexis Ramírez, quien no cumplió con su obligación de garantizar el orden público en evidente protección a los delincuentes, acusa a Lilian Tintori de la violencia, a la Iglesia de estar en actos políticos y a todos los testigos por identificar a las bandas de delincuentes oficialistas.
Este mensaje va con todos los gobernadores y funcionarios que están bloqueando el legítimo derecho a revocar a los gobernantes que no sirven: Venezuela se cansó, hay una crisis humanitaria que queremos resolver electoralmente. Todas las humillaciones, obstáculos, sanciones y chantajes que configuren terrorismo de estado contra la libre voluntad de los venezolanos se les devolverá como un boomerang, cargado de violaciones que no prescriben en ningún rincón del planeta.
El desnudo público es una humillación que regímenes totalitarios han utilizado para doblegar voluntades. Lo vimos en 2014 en las protestas de la UCV y ahora, con unos seminaristas menores de edad en Mérida.