Por Beatrice E. Rangel
En Puerto Príncipe, el poder de las pandillas se mide por su capacidad de decidir quién circula, qué servicios funcionan y hasta dónde llega la autoridad del Estado. Ante esa realidad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el 30 de septiembre de 2025 la creación de una fuerza multinacional para combatir a las pandillas. La pregunta es qué debe hacer primero esa fuerza para que Haití recupere el control de su capital.
El Salvador, que integra el grupo de países encargado de orientar la misión, ofrece un punto de partida para pensar en esa pregunta. Imaginemos una operación de rescate con una orden precisa: localizar a cuatro técnicos desaparecidos y repatriarlos o, si han muerto, recuperar sus restos. El mando sabría qué recursos necesita, qué decisiones le corresponden y en qué momento puede dar por cumplida la misión.
Nayib Bukele ordenó el despliegue con una misión precisa: rescatar con vida a los cuatro técnicos. Advirtió a las pandillas haitianas que respondería con mayor contundencia si les hacían daño. El gobierno salvadoreño cree que los cuatro siguen vivos. Wilson Joseph, líder de la banda 400 Mawozo, sostiene que murieron durante la emboscada.
Una operación así se parece al muchacho holandés que, según la leyenda, tapó con el dedo una grieta en un dique y evitó que se inundara su pueblo. Su gesto compró tiempo para reparar el dique. Una fuerza internacional también puede abrir un margen de tiempo para que las instituciones haitianas recuperen terreno.
A la fuerza multinacional, en cambio, se le ha pedido que responda a varias urgencias al mismo tiempo. El alcance del mandato ayuda a explicar por qué conviene juzgar su desempeño a partir de prioridades operativas concretas.
La Resolución 2793 autoriza operaciones dirigidas a desarticular a las pandillas, en coordinación con las autoridades haitianas. Exige que se respeten el derecho internacional, incluidas las normas aplicables de derechos humanos, y la política de diligencia debida de las Naciones Unidas.
El mandato también abarca la protección de infraestructura crítica y lugares de tránsito, como puertos y aeropuertos, y el fortalecimiento de la Policía Nacional de Haití mediante operaciones conjuntas. A ello se suman el apoyo a las autoridades para crear condiciones de seguridad que permitan celebrar elecciones libres y justas y la asistencia a programas para facilitar la salida de integrantes de las pandillas.
El Consejo de Seguridad autorizó un máximo de 5.550 personas, incluidos 50 civiles. Incluso con la dotación completa, el mando tendría que decidir dónde concentrar sus recursos. Recuperar y mantener corredores estratégicos, por ejemplo, permitiría a la policía haitiana volver a operar en zonas hoy sometidas a las pandillas y facilitaría el acceso de la población a servicios básicos.
Ahí reside el problema de los organismos internacionales cuando diseñan estas misiones. Cada objetivo parece razonable por separado. El mandato se vuelve impracticable cuando se exige a la misma fuerza combatir a las pandillas, proteger puertos y aeropuertos, fortalecer a la policía y crear condiciones para celebrar elecciones, todo a la vez. En Haití, la primera decisión debió ser qué tarea podía cumplir la fuerza con los medios a su alcance. Al mando en el terreno le corresponde decidir cómo ejecutarla. Al organismo que lo envía le corresponde decidir qué va primero.
De ahí se desprenden tres lecciones para el hemisferio. La primera es que una fuerza de tarea necesita una prioridad operativa clara. La segunda es que la ley requiere capacidad para hacerse cumplir. Desarticular a las pandillas exige fuerza operativa, y las detenciones deben dar paso a procesos judiciales. La tercera es que la reconstrucción institucional corresponde a las autoridades civiles haitianas. Una fuerza extranjera puede contribuir a crear las condiciones de seguridad para esa tarea una vez realizada la primera fase que es la construcción.
El éxito de la intervención se medirá por lo que Haití pueda sostener después de la retirada de la fuerza. Si la policía haitiana puede mantener abiertos los corredores recuperados y las autoridades civiles pueden restablecer servicios y ejercer su autoridad en esas zonas, la misión habrá contribuido a devolverle al Estado una capacidad que hoy le disputan las pandillas. De lo contrario ocurrirá como ha ocurrido en el pasado. Las intervenciones militares bilaterales o multilaterales no han creado las condiciones para que el aparato del Estado Haitiano funcione una vez terminada su presencia. Lo positivo de la decisión tomada por Bukele reside en el hecho que la misión militar que el ha enviado probablemente logrará sus objetivos y esto le demostrara a la fuerza multinacional creada por las Naciones unidas la virtud de concentrar las fuerzas militares en objetivos militares. concretos y alcanzables.
Fuente: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 2793 (2025), 30 de septiembre de 2025. https://digitallibrary.un.org/record/4089907?ln=es
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