Por Arturo Meléndez
Cuando una antepasada de mis hijos, fue nombrada como la primera directora del Museo Sacro de Caracas, me invitó a conocer las instalaciones levantadas sobre el antiguo terreno del cementerio de la Catedral en las instalaciones de lo que fuera desde 1888, por decreto arzobispal, el Colegio Episcopal de Caracas, me sorprendió descubrir una serie de reliquias que se conservaron con gran esfuerzo de la arquidiócesis capitalina y que hablan de la labor de artesanos nacionales, virreinales de América y de la península ibérica.
Pero lo que más llamó mi atención en esa visita fue cuando me informaron que, en un pequeño espacio situado adyacente a la fosa común de los pobres y desconocidos, funcionaba un calabozo para los presos de la inquisición, el cual habían tenido olvidados por más de treinta años y del que se deberían haber escrito unas cuantas historias a las que aspiro acceder a sus fuentes gracias a la bondad de mi amigo el presbítero Gaspare Salerno, actual administrador del Palacio Arzobispal del casco antiguo y de su biblioteca documental y museo.
Ese pequeño reclusorio, cuyas normas de seguridad y permanencia buscaré documentar -investigación que tengo pendiente desde hace largas tres décadas- debe haber sido casi el único calabozo institucional de la época colonial, en la que los prisioneros políticos y comunes eran retenidos mayormente en fortificaciones militares y la denominada Cárcel Real destruida con el terremoto de 1812, e incluso se usaron como prisiones conventos como el de San Jacinto.
Y así fue por mucho tiempo, hasta que, en la era republicana, en 1841, se acordó construir en Caracas una cárcel pública que originalmente se levantaría en los aledaños del Cuartel San Carlos, pero que se terminó años más tarde, por problemas de logística y presupuesto, en el espacio que ocupa actualmente la Plaza La Concordia, cuando en 1852 recibió su primera población penal, la cual incluía desde penados hasta enajenados mentales y prostitutas.
Ese recinto penitenciario, ubicado entre las esquinas caraqueñas de Hospital y Cárcel, fue donde el régimen de los Monagas inauguró los horrores de torturas asesinatos y maltratos de presos políticos y comunes. Lo que se fue agravando durante la Guerra Federal (1859-1863), la Revolución Azul (1868), y entre 1870 a 1888 bajo la Tiranía del Gral. Guzmán Blanco, quien amplió el edificio con una sede paralela llamada “Rotunda Nueva”. Inaugurando los peores horrores contra la oposición política, con técnicas criminales que serían luego ampliadas y perfeccionadas por las autocracias de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, como documenta en un interesante trabajo el profesor de la UCV Alberto Navas Blanco (El Universal 19/01/2023).
Por esa cárcel, denominada La Rotunda por la voz popular, pasaron sus huesos muchos de los opositores políticos y otros no tan opositores. De la desconfianza de los gobernantes, allí sufrieron espantosas penalidades y hasta tortura y muerte, muchos venezolanos valiosos, hasta que en 1936 salieron los últimos presos y se ordenó su demolición, dando lugar a la construcción de los primeros reclusorios “modernos” con la llamada Cárcel Modelo, hoy demolida también, situada en la Parroquia Sucre de Caracas.
Luego surgirían otros nombres infames levantados o adaptados en la época de Marcos Pérez Jiménez como reclusorios políticos, como fueron Guasina, El Dorado, Isla del Burro y los calabozos de la hoy extinta Seguridad Nacional, cuyas historias de terror deben ser contadas y es una deuda pendiente de historiadores, penitenciaristas y escritores a los que, quizás las añoranzas no extinguidas del perezjimenato y el militarismo, han impedido documentar a fondo y escribir historia y novelas, sobre una época en que el terrorismo de estado contra opositores políticos atentó contra la libertad, dignidad, salud y vida de quienes se le oponían con o sin razón.
La era democrática también tuvo sus particulares salas de horror y torturas, pues sin ánimo de justificarlas, diré que el estado venezolano durante los gobiernos de Betancourt y Leoni, debió enfrentar a una insurrección armada financiada desde el mundo socialista con intervención directa de Cuba, cuyo proyecto de guerrilla urbana y rural quisieron imponer el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Estas agrupaciones políticas que participaron en asonadas militares y sangrientas campañas como la de “Un Policía al Día”, que pretendía matar a un agente policial cada día y propiciaba acciones de secuestro de buques, aeronaves y personas, etapa que la izquierda criolla llegó a llamar la época de la guerra.
Ese enfrentamiento condujo a abusos de autoridad casi que necesarios para la preservación del estado democrático derivado de la Constitución de 1961 y a la muerte en prisión de dirigentes extremistas como Fabricio Ojeda o Alberto Lovera. Posteriormente, fueron notorios el caso de la muerte de Jorge Rodríguez, el padre de la actual presidenta interina y la de Noel Rodríguez, torturas y muertes que en muchos casos fueron investigadas y sancionadas por la justicia desde que fue dominada la insurgencia extremista.
La violencia del estado se dirigió hacia grupos que persistían en la creencia de acceder al poder por la vía de la lucha armada, lo que produjo operaciones militares despiadadas como fue la denominada Masacre de Cantaura en 1982 o la de Yumare en 1986 por la que fueron imputados el expresidente Jaime Lusinchi y funcionarios operativos de la antigua DISIP (hoy SEBIN).
En 1998, se inició una época que la historia seguramente va a denominar Chavismo, etapa histórico política que se inicia bajo el supuesto proceso de una unión de militares y civiles que supuestamente construirían la llamada Revolución Bolivariana.
En esa formación y sus hombres (entre los que se encontraban algunos dueños de medios de información y comunicación que pagarían con expropiaciones y destierro su desafortunada escogencia de un gobierno en el que aspiraban mantener su posición predominante) muy pronto se presentaron desviaciones de todo tipo, que iban desde la corrupción y otras deformaciones del poder hasta el uso arbitrario del mismo por quien se sintió predestinado a ser una mezcla de Bolívar y Fidel Castro.
Nunca en realidad llegó a ser algo más que una mezcla de una idealización verbal de Bolívar y Cipriano Castro. Esa confusa mezcla de ingredientes teóricos, históricos y políticos pronto produjo un primo tropical muy cercano al populismo fascista, al que Chávez llamaba la Revolución Bonita o el Socialismo del Siglo XXI.
Estos conceptos pronto recibieron oposición social y política, divergencias que fueron sofocada con medios cada vez más absolutos y opuestos a la lucha democrática. Fueron inspirados por el G2 cubano, esa hija tropical de la Stassi germano-oriental que en Venezuela asesoró la formación de cuerpos y estructuras represivas con licencias que iban desde el atropello y prisión arbitraria hasta la desaparición y muerte de opositores y antiguos aliados.
Desde el 2002, el año del golpe fallido contra Hugo Chávez, se hicieron más extremas las medidas de seguridad en contra de los opositores y antiguos colaboradores apartados del poder (como el caso del General Raúl Baduel, quien a pesar de rescatar a Chávez de un destino que no le parecía muy propicio, terminó muriendo en prisión por unos cargos que hasta la fecha no están claramente establecidos).
Los gobiernos de Chávez y Maduro fueron particularmente crueles con la oposición y sus lideres, llegando al extremo de decretar detenciones porque “me da la gana” (como el caso de la juez Affiuni) o ejecutar públicamente a insubordinados que se habían rendido (el caso Oscar Pérez). Así llegaron a tener más de 2000 presos políticos para los días que siguieron al 28 de julio de 2024 (con su secuela de asesinatos y torturas).
Después del 3 de enero de 2026 se reactivaron negociaciones de alto nivel para la liberación de los más de 1000 presos políticos que permanecían privados de libertad. En la mayoría de los casos sin algo que pareciera una sentencia adecuada al debido proceso y a una justicia efectiva.
El sector de oposición esperaba obtener algo así como una amnistía general y un compromiso para ello por parte de los negociadores estadounidenses. Hasta la fecha no hay señal de que esa liberación vaya a tener un pronto resultado. La bendita amnistía no llega ni por ley ni por decreto. Los presos políticos son fichas del póker entre psuvecos y gringos. Unos no quieren perder la partida y los otros prefieren callar los abusos cometidos en la ya muy larga vigencia del Patriot Act, con ejemplos como la sentencia de 2006 del Tribunal Supremo en el caso Hamdan vs Rumsfeld sobre tortura, muerte y violación de derechos de prisioneros en Irak bajo el dominio americano sin responsable alguno por los homicidios, o recordar el caso del recientemente fallecido Tariq El Sawah, ciudadano egipcio que paso 14 años detenido en Guantánamo y que, según The New York Times, nunca pisó una corte para conocer su caso.
En fin, no creo que sin una campaña que vaya más allá de los familiares parados con carteles frente a los reclusorios chavistas y sin que tengamos posiciones claras y comprometidas frente a la libertad de esos prisioneros arbitrariamente detenidos y abusivamente privados de un proceso justo, esos seres humanos víctimas de una represión cruel y una justicia parcializada, continuarán detenidos en condiciones que comprometen su salud y su vida, convirtiéndolos en un símbolo de cómo el poder puede degenerar cuando falta control, transparencia y rendición de cuentas.
Así que solo pido a mis amigos que comencemos a considerar actitudes de mayor compromiso con el destino de los presos políticos, quienes en muchos casos son objeto de procesos fundados en denuncias falsas, y, en otros, dicen que de intentos de extorsión por parte de jueces, fiscales y funcionarios de seguridad de estado. Los presos políticos merecen más solidaridad, humanidad y compromiso de parte nuestra, sin descuidar los compromisos mayores y urgentes de cambio institucional, los que estos rehenes deberán presenciar con vida, libertad y salud que compensen en parte la injusticia al que los caprichos arbitrarios de una revolución fracasada que los sometió.
* Escritor, historiador
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