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Por Ana Belmonte

Sobre el argumento de fortalecer el bolívar, se aprobó en el legislativo el la Reforma al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Ley vigente desde 2016 que, contrario a lo que pudiera entenderse por “grandes transacciones,” se aplica a todos los negocios calificados por el SENIAT como contribuyentes especiales. Es decir, que facturen más de 50 bolívares al mes.

Este tributo no es deducible del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) generando múltiple imposición y afectando a la cadena de comercialización, la operatividad y la rentabilidad de las empresas.

Tal como se plasmó la reforma a esta Ley, las personas naturales también son sujeto del impuesto por los pagos que realicen en divisas, sin distinción del bien o servicio que se esté pagando. Lo que afectará directamente la capacidad de compra del venezolano, particularmente a los de menores ingresos, ya que, como consecuencia del proceso hiperinflacionario, las divisas son utilizadas prácticamente por todos y dominan como medio de pago al representar más de dos tercios en nuestra economía.

La reforma planteada a esta Ley requiere mayores definiciones. Establece deducir automáticamente de las cuentas bancarias elevadas tasas que van entre 2 y 20% del monto total de la operación pagada en divisas o mediante plataformas electrónicas como Zelle, por tratarse de un pago en moneda extranjera sin mediación del sistema bancario nacional.

Además, hay que considerar que actualmente, las transacciones en comercios formales con cargo a cuentas custodia en divisas son realmente transacciones en bolívares, porque así lo impone la norma.

Antes de aplicar un impuesto a las transacciones en divisas en nuestro país, es conveniente avanzar en la dolarización financiera, facilitando créditos en dólares, la compensación interbancaria y ampliando canales nacionales de pago.

En todos los casos, el impuesto es regresivo e inflacionario, lesiona la capacidad de compra y resta competitividad a los negocios, por lo que fomentaría la informalidad.

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