Por Amin Rivas Hernandez
«La justicia internacional no debe temer al poder, sino temer fallarle a las víctimas. Cuando la presión se convierte en obstáculo, la verdad necesita aún más valentía para abrirse paso.»
Cuando la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra poderosos líderes mundiales, y la Sala de Apelaciones rechazó de forma categórica las maniobras dilatorias del régimen venezolano, que intentaban frenar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad impulsadas por el fiscal Karim Khan, se marcó un punto de inflexión en el escenario político internacional. La Corte no solo reafirmó su independencia, sino que dejó claro que ni el poder ni la impunidad serán barreras para la justicia.
Estos actos temerarios, cargados de una profunda vocación de justicia, sacudieron los equilibrios del poder global, aproximando que los responsables de esos crímenes a rendir cuentas por sus hechos y, como era previsible, se desató una feroz y meticulosamente orquestada campaña de descrédito, basada en narrativas falsas, con el objetivo de inhabilitar a quienes lideran el proceso judicial.
En ese contexto, el principal blanco de ataque sería, inevitablemente, el fiscal Karim Khan. Y que la Corte Penal Internacional, una de las pocas instituciones que todavía cuenta con legitimidad, profesionalismo y credibilidad moral a nivel mundial, se vería también arrastrada a ese tornado.
La estratégica campaña comenzó con una publicación de The Washington Post, siendo luego el testigo tomado por la Fundación Arcadia, y hoy, el fiscal enfrenta acusaciones de «conducta sexual inapropiada». No se trata solo de la reputación de un funcionario, lo que está en juego es la capacidad misma del derecho internacional penal, para aplicar la justicia y de enfrentar a los poderosos, sin concesiones ni presiones políticas.
Un breve recuento, The Washington Post, publicó, que la señora Venkateswara Alagendra, supuesta cuñada del Fiscal:
«Alagendra asumió un papel destacado en la defensa de Maduro durante la audiencia pública…»
La audiencia pública en cuestión se llevó a cabo los días 7 y 8 de noviembre de 2023, ante la Sala de Apelaciones de la CPI. Durante esa sesión, los representantes del régimen venezolano alegaron, que la Sala de Cuestiones Preliminares había incurrido en cinco supuestos errores al autorizar la reanudación de la investigación penal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Es importante subrayar, que esta audiencia no tenía como finalidad juzgar ni defender a Nicolás Maduro ni a ningún otro individuo en particular. El objeto procesal era estrictamente resolver sobre la admisibilidad de la apelación presentada por el régimen. Un aspecto especialmente relevante es que, en el transcurso de los dos días de audiencia, el nombre de Maduro no fue mencionado en ningún momento por las partes ni por los magistrados.
Hasta la fecha, la Corte no ha emitido acusaciones personales contra funcionarios específicos, incluyendo al propio Maduro. Por tanto, los señalamientos publicados por The Washington Post, que sugieren una supuesta parcialidad del fiscal Khan o que vinculan directamente estas actuaciones judiciales con una persecución individualizada, carecen de fundamento jurídico. El verdadero objetivo de esas publicaciones parece ser otro que desacreditar al fiscal, socavar su autoridad y deslegitimar el proceso judicial, que amenaza con alcanzar a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela.
Afirmar que Alagendra asumió “un papel destacado en la defensa de Maduro”, no es cierto, ya que no participó directamente ni intervino verbalmente en el proceso de apelación, además del hecho imaginario, que sitúa a The Washington Post en una posición objetivamente inexacta y carente de estricto rigor periodístico. Tal afirmación no solo es imprecisa e irreal, sino que además resulta irrelevante, en el contexto jurídico de la audiencia, cuyo enfoque no recaía en individualidades, sino en el análisis de los argumentos
presentados. En esencia, el medio incurre en la difusión de un bulo: una construcción falsa que contribuye a desinformar al público y empañar deliberadamente la credibilidad del proceso y de sus actores claves, en este caso, del fiscal y de la CPI. «La Fundación Arcadia solicita la recusación inmediata contra el Fiscal Karim Asad Khan en el caso El Fiscal vs.
Nicolás Maduro Moro, con el incauto e insustancial argumento de que “su cuñada» es la defensora de Maduro en la CPI y recibe dinero del gobierno.»
“La Fundación Arcadia, es un ente sin fines de lucro, lo que supone que su existencia se debe a colaboraciones diversas y está dedicada a la lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos. Hay que dejar bien claro, que no existe un caso del «Fiscal vs Nicolás Maduro». Esa premisa es totalmente fatua, es inexistente. La solicitud de recusación fue recibida por la Oficina de Registro de la CPI, encargada de la recepción, distribución y archivo de todos los documentos presentados ante la CPI.
El 10 de febrero de 2025, la Sala de Apelaciones emitió una decisión concluyente: declaró la solicitud inadmisible por ser presentada fuera del plazo procesal establecido y, además, por carecer la parte proponente de legitimación activa, conforme a lo previsto en el Estatuto de Roma. Con esta decisión, la CPI reafirmó su compromiso con el debido proceso y la legalidad, desestimando un intento que, más que fundarse en hechos verificables, parecía orientado a debilitar la legitimidad del fiscal Khan mediante alegaciones sin base jurídica sólida.
Tanto The Washington Post como la Fundación Arcadia fracasaron en su intento de desacreditar al fiscal Karim Khan y a la CPI, de paralizar las investigaciones en curso y apartarlo del proceso judicial. Las acciones emprendidas, desde señalamientos infundados hasta maniobras procesales sin sustento legal, no lograron su objetivo: el fiscal mantuvo su curso y la Corte respondió con firmeza, reafirmando su independencia y su compromiso con la justicia internacional.
No obstante, en un giro reciente, ha surgido una nueva acusación contra Khan, esta vez por supuesta “conducta sexual inapropiada”. El fiscal ha negado categóricamente los cargos y, en un gesto de transparencia institucional, se ha separado provisionalmente de su cargo, mientras se desarrolla una investigación externa. Esta nueva arremetida, más allá de su desenlace, vuelve a poner en evidencia la presión, que enfrentan quienes se atreven a impulsar procesos judiciales contra actores poderosos.
La imparcialidad, el debido proceso y la protección de la integridad institucional deben guiar la actuación de la CPI ante este delicado episodio.
No se trata aquí de asumir una defensa incondicional del Fiscal Khan. Sin embargo, esta nueva ofensiva tiene un matiz inquietante y se percibe como la continuación de la campaña ya en marcha: una estrategia orientada a frenar las investigaciones en curso y, de paso, castigar a Khan por su firmeza. Una firmeza que ha incomodado a figuras poderosas y que ha ido sumando enemigos influyentes a una lista, que crece con cada paso que da.
Todo comenzó cuando la agencia Associated Press reveló que dos empleados de la Corte, en quienes la presunta víctima confió, presentaron una denuncia interna contra el fiscal Khan, quien rechazó categóricamente las acusaciones, afirmando que tanto él como la
Corte Penal Internacional enfrentan una serie de “ataques y amenazas” en represalia por los casos actualmente bajo investigación.
Según lo informado, la denuncia fue presentada por un tercero, quien aseguró «haber escuchado a la presunta víctima relatar incidentes de acoso». El caso fue remitido al Mecanismo de Supervisión Independiente IOM, de la CPI. Sin embargo, dicho organismo no pudo avanzar en la investigación, ya que la presunta víctima, una abogada que forma parte de la fiscalía, optó por no presentar una denuncia formal.
En un comunicado oficial, el fiscal Khan afirmó: “No hay nada de cierto en las sugerencias de dicha conducta inapropiada. Llevo 30 años trabajando en diversos contextos y nadie ha presentado nunca una denuncia de este tipo contra mí”
Palvi Kaukoranta, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, anunció el inicio de una investigación externa con el objetivo de garantizar un proceso plenamente independiente, imparcial y justo para abordar las denuncias presentadas. Khan manifestó su pleno apoyo a la investigación y su disposición a colaborar con ella. Además, solicitó al Mecanismo de Supervisión Independiente IOM una indagación sobre las acusaciones de “conducta indebida” y sobre las circunstancias que la rodean, incluyendo lo que ha calificado como posibles «actos de desinformación» relacionados con procesos de la Corte.
La investigación fue encomendada a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna OSSI, organismo de control interno de las Naciones Unidas, que entre otras funciones realiza investigaciones sobre presuntos fraudes, corrupción y otras violaciones de la ética interna.
En un gesto que ha sido interpretado como un compromiso con la transparencia institucional, Karim Khan anunció su dimisión temporal a la espera del resultado de la investigación. La medida entró en vigor el viernes 16 de mayo. Según el propio Khan, su decisión responde a su compromiso con la credibilidad de la Fiscalía y del Tribunal, y busca “salvaguardar la integridad del proceso y la imparcialidad para todos los implicados”.
Mientras el Fiscal permanezca en situación de excedencia, la dirección, gestión y administración de la Fiscalía quedará a cargo de los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang. Ambos asumirán la responsabilidad de continuar con investigaciones de alta sensibilidad en el actual contexto geopolítico, entre ellas la orden de detención internacional emitida contra Vladímir Putin, el proceso seguido contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte y los casos relacionados con el conflicto palestino-israelí.
El fiscal Mame Mandiaye Niang, quien posee una reconocida trayectoria en los tribunales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, asumirá la dirección del equipo encargado de la investigación sobre la delicada situación en Venezuela. Esta causa, de especial relevancia en el ámbito del derecho penal internacional, ha entrado recientemente en una fase inexplicable de aplazamiento, cuya justificación resulta hasta el momento, poco comprensible.
La demora en la adopción de decisiones procesales concretas por parte de la Fiscalía, ha generado una profunda preocupación entre las víctimas, sus familiares y la comunidad internacional, al permitir la persistencia de crímenes y violaciones sistemáticas de derechos
humanos contra una población civil indefensa. Esta inquietud ha sido reiteradamente expresada por organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, así como por organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio, quienes sostienen que ya existe un conjunto robusto de pruebas que documentan los graves crímenes de lesa humanidad, en los términos del Estatuto de Roma.
Esta prolongada inacción compromete no solo los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, sino que también plantea un riesgo significativo de impunidad. En este contexto, se espera que, con carácter urgente, la Fiscalía adopte las medidas necesarias y solicite las órdenes de aprehensión o comparecencia correspondientes contra los presuntos responsables, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 del Estatuto de Roma.
Esa situación ha sido aprovechada por sectores contrarios a la justicia internacional, quienes han difundido información falsa y narrativas malintencionadas, que buscan desacreditar la labor de la Fiscalía y de la propia Corte Penal Internacional. A través de estos ataques, intentan socavar la legitimidad, integridad y profesionalismo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.
La Corte Penal Internacional tiene en sus manos una inmensa responsabilidad histórica con la humanidad. Es uno de los pocos organismos internacionales que aún goza de la confianza de las víctimas, especialmente en contextos donde los sistemas judiciales nacionales han fracasado por incapacidad, por estar a favor del violador o por ser parte de las violaciones.
La Corte debe asumir con determinación el impulso de los procesos en curso. Es urgente cortar, de una vez por todas, la implacable campaña de desprestigio que busca paralizar las investigaciones y debilitar a la CPI como pilar fundamental de la justicia internacional. Ceder ante esa presión sería traicionar el mandato moral y jurídico que sustenta su existencia y que está plasmado en el Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional debe demostrar que la justicia internacional no es una ilusión, sino una realidad tangible. Debe dejar claro, que quienes violan los derechos fundamentales del ser humano rendirán cuentas por sus actos, y que la impunidad no tiene cabida en el escenario global.
*Egresado UCV. Exiliado en los Países Bajos.
Editado por los Papeles del CREM a cargo de Raúl Ochoa Cuenca.
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