Por Abdón Vivas Terán
Presentación. En los minutos que siguen haré una breve exposición sobre un tema complejo y políticamente importante. Se trata de presentar algunas ideas pertinentes acerca del conjunto de políticas económicas y sociales que, un nuevo gobierno democrático, pudiese poner en marcha para la reconstrucción de la economía nacional y para avanzar hacia un orden económico eficiente, equitativo y solidario. El conjunto de medidas que ofreceremos es solo una aproximación a un modelo que podemos denominar ideal.
Bases Doctrinarias e Ideológicas para la Reconstrucción
Claro está que, estas medidas, son tomadas bajo la inspiración de los principios básicos sobre los cuales se funda el pensamiento Humanista Cristiano. Principios que orientan esta cosmovisión como la dignidad de la persona humana, su libertad esencial, su esfera de derechos inmanentes e imprescriptibles, constituyen una base sólida sobre la cual podemos desarrollar políticas apropiadas a cada etapa histórica; agreguemos a estos principios, algunos más como la perfectibilidad de la sociedad civil, la solidaridad, el papel subsidiario del Estado, el trabajo como expresión de la dignidad de la persona y la búsqueda del Bien Común y tendremos un panorama doctrinario-ideológico discernible y completo. Además, la coherencia y profundidad de esta cosmovisión le confiere una gran capacidad de señalar caminos para el proceso de transformación del orden social actual hacia un Proyecto Histórico.
Recordemos que, para Maritain, el Proyecto es, en síntesis, “una imagen perspectiva que designa el tipo particular, el tipo específico de civilización a que tiende una determinada edad histórica…no es un ente de razón sino una esencia ideal realizable…esencia capaz de existencia y reclamando existencia para un clima histórico dado”. En conclusión: hay que marchar desde la Doctrina, a la Ideología y desde esta hacia la construcción real y factible de una nueva sociedad.
Este conjunto de medidas de política económica podemos, a su vez, desagregarlo en tres categorías; i) Las de Transformación Estructural de la Economía) ii) Las de un Ajuste Integrador iii) Las de Políticas Económico- Sociales de Urgencia. Analizaremos cada una de ellas.
Punto de Partida: La destrucción de la economía Nacional
Antes de continuar en el examen de estas categorías de políticas a aplicar, por un gobierno democrático, deseamos solicitar a nuestros cordiales oyentes y lectores se sirvan considerar como de amplio consenso el hecho que Venezuela ha experimentado bajo el llamado Socialismo del Siglo XXI, conocido como Régimen Autoritario, un enorme colapso en todos los niveles de la organización societaria. Es una devastación que se fue ejecutando a lo largo de las dos décadas en que han ejercido el poder deforma omnímoda en el país. Esta debacle abarca todos los niveles de la sociedad.
Lo que ha ocurrido en el nivel económico es un paradigma del desastre general acontecido en el país y lo sintetizaremos en los siguientes puntos: Política de expropiaciones masiva, ilegal y arbitraria; destrucción del aparato productivo privado en todos los sectores de la producción de bienes y servicios; destrucción del aparato productivo en manos del Estado; aniquilamiento del sector de hidrocarburos y de la empresa petrolera insignia PDVSA; erosión de los servicios públicos más importantes como salud, educación, transporte; pulverización de los salarios; extensión desorbitada de la pobreza; aumento de la desigualdad según el Índice de Gini; contracción del PIB en más del 100% ocurrida en el período 2012-2022, así, por ejemplo, el PIB del año 22, representa tan solo el 14,2% del PIB correspondiente al año 2012; alteración profunda de los equilibrios macroeconómicos básicos; hiperinflación galopante, alcanzando cotas que la colocan entre las más elevadas que alguna nación haya experimentado en la historia y que se prolongó durante cuarenta y ocho trimestres, desde noviembre del 2017 a enero del 2022; desordenada y gigantesca emisión de dinero inorgánico dirigida a financiar un déficit creciente en la gestión fiscal; cuasi extinción del valor del signo monetario venezolano el cual ha pasado por tres conos diferentes en los años 2008, 2018 y 2021 con los bolívares denominados Fuerte, Soberano y Digital, durante esos años el Bolívar ha perdido radicalmente su valor, tanto, que el Régimen ha tenido que eliminar 14 ceros de su denominación; desconexión del país del sistema financiero internacional y de los organismos financieros trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); declaración de insolvencia en el pago de la Deuda Titularizada Externa de la República que fue ordenada por el Régimen de Maduro el 2 de noviembre del 2017, la no titularizaba esta, asimismo, pendiente de pago; enorme ola de migración desde Venezuela hacia países amigos en busca de refugio y trabajo la cual, según la Agencia de las Naciones Unidas parar los Refugiados (ACNUR), ha llegado para diciembre del 22 al orden de los 7,13 millones de refugiados; deliberada opacidad para toda la información estadística y económica de las actividades que el Régimen ejecuta; expansión generalizada de la corrupción a todos los niveles de la gestión administrativa; desconocimiento del estado de derecho y de los derechos humanos; represión selectiva y permanente, centenares de presos políticos civiles y militares.
Hacia la recuperación de la confianza
Es lógico pensar que, una devastación sin precedentes como la que acabamos de sintetizar se vería reflejada, digamos inexorablemente, en una total desconfianza por parte de los agentes económicos en la capacidad del régimen de corregir sus errores, en la capacidad de la moneda de servir a sus funciones y en la posibilidad que la economía recupere sus niveles de productividad. Por supuesto que esta desconfianza se expande a los agentes económicos internos, así como a los internacionales, en relación con sus juicos y sus acciones respecto de Venezuela como país receptor de inversiones y de canalizador de proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, resulta imperativo comenzar a actuar en el campo de la recuperación de la confianza. El gobierno democrático actuará con respeto integral al Estado de Derecho y la Constitución. Respetará y garantizará el derecho a la propiedad privada de medios de producción en el marco de la Ley. Garantizará respeto a inversiones nacionales e internacionales. Removerá obstáculos que se interpongan en la corriente de inversión nacional y extranjera. Garantizará el derecho a la contratación en el marco de las leyes respectivas. Respetará el derecho a la libre opinión y sostendrá en su integralidad el derecho a la asociación para sindicatos, gremios y organizaciones empresariales.
De idéntica forma, el gobierno democrático avanzará en la recuperación de la confianza perdida en la economía y en el uso de la moneda nacional como unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago.
Una medida conveniente, oportuna y pertinente es poner en marcha con decisión y rapidez el Plan de Reintegro de las Propiedades Incautadas, Expropiadas y Ocupadas, arbitraria e ilegalmente por parte del Régimen Autoritario durante su ejercicio del poder. Estas medidas, además de injustas, constituyeron una enorme carga negativa para la confianza y las posibilidades de desarrollo de la economía nacional. Aire fresco y renovador traería la inmediata corrección de este histórico atropello.
No hay duda alguna de que es indispensable, para completar este nivel de acción pública, reestablecer la autonomía del BCV y su plena vigencia, su papel como encargado de armonizar las políticas fiscales y monetarias y sus atribuciones para lograr la estabilidad de precios, preservar el valor de la moneda nacional, regular crédito y tasas de interés, administrar las reservas internacionales y ejecutar la política monetaria y cambiaria.
Es también importante accionar, en la línea de recuperar la confianza, en la transparencia y certidumbre de la información estadística oficial a fin de que los agentes económicos puedan elaborar racionalmente sus expectativas.
Tomando en cuenta el devastador panorama de la economía de la nación y la ola de desconfianza que han sido sembrados por el Régimen Autoritario, nos queda marchar hacia la reconstrucción de nuestra actividad productiva. Un nuevo gobierno democrático, participativo, eficiente, que busque el Bien Común, debe adoptar una serie de políticas imprescindibles en el área económica las que, convergiendo en el espacio y el tiempo, serán capaces de revertir aquel nefasto panorama. Se trata de ejecutar en un tiempo histórico cercano una Transformación Estructural de la economía, un Ajuste Integrador y una Política de Medidas Económico-Sociales de Urgencia todo lo cual son pasos necesarios para reconstruir la economía del país.
De acuerdo con lo señalado en este párrafo anterior, avanzaremos, en primer lugar, a un somero análisis de la Política de Transformación Estructural y Construcción de la Economía Social de Mercado.
Transformación Estructural: Construcción de la Economía Social y Ecológica de Mercado (ESEM)
La primera gran categoría de Políticas que analizaremos está constituida por la Transformación Estructural mediante la construcción de la Economía Social y Ecológica de Mercado, (desde ahora ESEM). Esto es un cambio profundo en la estructura de nuestro sistema de producción. Para lograr este propósito, el gobierno democrático habrá de elaborar una adaptación de este modelo general, que ha sido notablemente exitoso en Alemania y en otros países europeos, para ajustarlo a las necesidades y circunstancias del momento en que se decida comenzar a aplicarlo en Venezuela. Esta es una tarea pública prioritaria. Esta estructura económica será eficiente, solidaria, participativa y equitativa.
Para llevar adelante esta política, el gobierno democrático impulsará las acciones pertinentes para desplegar los tres sectores de actividad relevantes que son inherente a este Modelo de Desarrollo. Estos sectores son diferentes, pero, si se armonizan con precisión, se potenciarán mutuamente. Estos son el económico, el social y el ecológico
En cuanto al orden económico, la ESEM debe abrir de inmediato la libre competencia en el mercado ya que ella, de acuerdo con la teoría económica predominante, parece ser la mejor forma de organización de la actividad productiva. Vale señalar que el mercado es el sitio en el cual se decide sobre qué, cuanto y cómo se produce. El nivel de precios que resulta de ese proceso es el más adecuada para mantener la estabilidad del sistema, proveer por un crecimiento adecuado de la producción, auspiciar la creación de nuevas fuentes de trabajo por ser este factor de la producción la expresión palpable de la dignidad de la persona humana y, además, velar por la constante puesta al día en cuanto a innovación tecnológica.
En cuanto a la libre competencia, la ESEM toma en cuenta las fallas del mercado, en particular, las que se refieren a la formación de monopolios, oligopolios, cartelizaciones, etc. De aquí que se crearán los organismos necesarios para mantener fluida la competencia y prevenir este tipo de fallas.
Avanzando en el orden social, este se debe poner en marcha, como área independiente, pero estrechamente conectada con la esfera económica. El orden social permite atender otro tipo de fallas de mercado: las que este experimenta desde el lado de la distribución del Ingreso. Por ello se le asigna tratar los temas de producción de bienes públicos, luchar contra la pobreza y la desigualdad, expandir la salud, educación y vivienda, diseñar e implementar una amplia política de seguridad social, subsidios, pensiones, retiros etc.
De la misma manera, el Gobierno Democrático ha de actuar en cuanto a promover con constancia el orden medioambiental. El objetivo consiste en desarrollarlo de manera sostenible y, al mismo tiempo, disminuir los efectos contaminantes de los desperdicios generados por determinado tipo de empresas, Instituciones y personas que no pueden ser tratados estrictamente por medidas apegadas al mercado.
En un nuevo gobierno democrático actitudes y políticas predatorias tales como las que hoy destruyen los bosques, contaminan las aguas, depredan el entorno, abusan de los trabajadores y desprecian las comunidades indígenas, como está ocurriendo hoy en el Arco Minero del Orinoco, jamás será consentida.
La Transformación Estructural de la ESEM incorpora, adicionalmente, una nueva manera de entender cómo se toman las decisiones por las empresas en cada fase del proceso productivo. Nos referimos al desarrollo de la cogestión, política según la cual, los dos agentes que forman la unidad productiva, trabajadores y empresarios, deben actuar de manera concertada y conjunta en la dirección de la empresa, tal como lo señalarán las leyes respectivas.
La proporción en que cada agente económico pueda ejercer esta facultad dependerá de la fase en que se encuentre el proceso de desarrollo de la ESEM. Ya Alemania ha avanzado hasta la etapa de la cogestión paritaria. Esto significa que, trabajadores y empresarios, tienen igual peso, que se expresa en votos en caso de que sea necesario, para tomar cualquier decisión sobre el destino de la empresa. Paralelo a la cogestión, la ESEM fomentará la pequeña y mediana empresa, cuidará con énfasis estimular un vigoroso empuje del sector agropecuario y velará por el desarrollo de cooperativas de todo tipo, pero con relevancia las cooperativas de producción y de autogestión.
Permítanme terminar este breve apartado trayendo a colación que la ESEM es un modelo flexible, que puede ser adaptado a múltiples entornos políticos y socioeconómicos nacionales. De allí que pueda ser utilizado por el mundo en desarrollo y, aún por los países más pobres, como un camino propio para lograr el crecimiento de su producto, de su empleo, la diversificación de su producción y la disminución de la pobreza y la desigualdad.
Hacia un Ajuste Integrador
La segunda categoría de políticas que analizaremos está constituida por la que denominamos Ajuste Integrador. Este ajuste permite equilibrar las variables macroeconómicas básicas y, al mismo tiempo, acelerar el crecimiento del PIB en un entorno creciente de productividad y de mejor distribución del ingreso. Examinaremos los siguientes elementos:
Plan de Estabilización: Retomar el equilibrio de las variables macroeconómicas básicas es una de las políticas más importantes del Plan de Reconstrucción de la Economía Nacional. Desde su propio inicio el gobierno democrático, debe acometer esta tarea crucial. Algunas las variables a ajustar son:
Tipo de cambio. Decidir el monto correspondiente al tipo de cambio de partida, qué tipo de cambio escogemos y los medios para mantenerlo. Flotación limitada en una banda e intervenciones oportunas del Banco Central puede ser una alternativa viable en aquellas nuevas condiciones que existirán para entonces.
Nivel de salarios. Debe apuntar a emparejarse con la productividad. Debe procederse a un ajuste salarial, dentro de los límites que pueda determinar la situación económica del país, que es indispensable para contribuir a mejorar el nivel de vida de las clases trabajadoras. Además, dada la situación de pobreza aguda y la pulverización del nivel de salarios que la nación ha experimentado bajo el Régimen Autoritario, este ajuste ha de verse, no como un aumento del salario, sino como una reintegración del poder adquisitivo del mundo del trabajo que ha sido diezmado por la acción del Régimen.
Saldo fiscal. Esta es una variable crucial en este programa de ajuste integrador que proponemos. Reestructuración del gasto público. Eliminación del déficit fiscal.
Eliminación de la creación inorgánica de dinero con fines de financiación del déficit fiscal.
Nivel de precios. Garantizar la estabilidad de esta variable es de importancia vital. El control de la inflación y cerrar la vía a una nueva manifestación de la hiperinflación son objetivos cruciales. La política fiscal, la política monetaria, los estímulos al desarrollo por vía de la oferta y de la demanda han de armonizarse de manera tal que se pueda mantener la estabilidad de la moneda nacional dentro de límites razonables y seguros. Impedir el surgimiento de episodios inflacionarios tiene gran importancia en este nuevo orden económico eficiente y equitativo
Balanza de pagos. Estimular saldos positivos en la Cuenta Comercial y en la Cuenta de Capitales.
En el centro mismo del Ajuste Integrador toma su lugar el Plan de Relanzamiento de las Actividades Productivas en los tres sectores económicos primario, secundario y terciario. Énfasis al inicio en la utilización de los niveles ociosos de producción y, posteriormente, en su potente desarrollo mediante una certera política de estímulo y promoción productiva y de reactivación de la demanda agregada.
Para poder realizar las anteriores políticas es imprescindible acordarse sobre un Programa de Financiamiento que con seguridad será un monto importante. Para ello es necesario contar con la aportación de las instituciones internacionales como el FMI y el BM. Este Programa debe incluir un estimado de las necesidades de financiamiento para todos los proyectos, las razones y circunstancias que justifiquen esa solicitud de apoyo financiero, el tipo de acuerdo con el FMI y el BM que solicitemos y el lapso de duración que debe ser suficiente para que se sienta en la economía nacional un crecimiento de sus variables más importantes.
Un punto significativo, dentro del tema que ahora tratamos, es la modalidad bajo la cual se deberá formalizar esta solicitud ante los organismos financieros internacionales.
En el caso de Venezuela, probablemente haya que recurrir a dos o tres tipos de financiamiento. Dentro de las modalidades a escoger se puede apuntar, en especial, a la conocida como Mecanismo para la Reducción del Crecimiento de la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés), que supone, además, que el país interesado deba preparar, antes de que una solicitud formal de apoyo pueda tramitarse, un documento denominado Estrategia para la Reducción del Crecimiento de la Pobreza (PRSP, por sus siglas en inglés).
Este mecanismo tiene algunas interesantes ventajas ya que, además de abrir paso a financiamiento con el propósito de reducción de la pobreza, supone, al mismo tiempo, que el país interesado deba proceder con antelación a preparar el documento que acabamos de mencionar, el PRSP, que básicamente consiste en un estudio minucioso, políticamente fundado, participativamente elaborado con inclusión de la sociedad civil y científicamente construido acerca de las medidas que en esa dirección el estado proponente ya esté tomando, estén en marcha o requieran un más potenciado desarrollo. Este documento será la base sobre la cual el FMI tomará su decisión de apoyar o no al país miembro proponente, ya que le permitirá a esta Institución asegurarse que cada programa y medida allí señalados, sea consistente con un marco integral para las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza.
Políticas Económico-Sociales Urgentes
Permítanme presentar, en este momento, una sinopsis sobre la tercera categoría de políticas a que nos referimos con antelación: Las Políticas Económico-Sociales Urgentes.
En este apartado incluiremos algunas que tienen un peso decisivo como eventuales generadoras de ingresos en divisas que serán muy útiles, sobre todo al comienzo de la nueva administración democrática, como es el caso de la Industria Petrolera. Asimismo, incluiremos aquellas que serán apropiadas para hacer frente a las acreencias vencidas de la República en el plano exterior, cosa que alivia la deuda de la República y facilita la reinserción en los mercados financieros internacionales. Este es el caso de la Reestructuración de la Deuda Externa del país. Además, incluimos, otras políticas dirigidas a tender una red sobre el enorme foso de la pobreza y la desigualdad, restaurar los servicios públicos como educación y salud, reconstruir el sistema de seguridad social, accesibilidad a una vivienda digna.
En esta misma categoría se debe incorporar, asimismo, un amplio programa para la privatización de un numeroso conjunto de empresas estatales que han sido adquiridas, en particular, en los últimos años por el Régimen Autoritario a través de procedimientos como su compra, expropiación o confiscación que están, por estos tiempos, en la ruina y que sobrecargan el gasto público ya que, como último recurso para balancear sus presupuestos, las autoridades del Régimen impulsan la emisión de cantidades enormes de dinero inorgánico; por supuesto, con una adecuada gerencia muchas de ellas, en una economía competitiva, pudiesen funcionar adecuadamente.
En este tipo de políticas ocupan perfectamente su lugar algunas iniciativas tales como la Reforma a la Ley del Trabajo, la Reforma a la Seguridad Social, la Reforma a la Ley de Hidrocarburos, un Programa de Ayuda Humanitario Integral etc. todos dirigidos a la tarea de reducir la pobreza y la desigualdad y enfrentar las apremiantes situaciones de inequidad e injusticias.
Dado el espacio disponible haremos algún breve comentario sobre algunos de los temas que acabamos de señalar. Estos serán: la Política Petrolera, la Restructuración de la Deuda Externa Pública y el Programa de Estabilización Social.
En cuanto al tema del petróleo, el gobierno democrático debe llevar adelante el Plan para el Fortalecimiento de la Industria Petrolera Venezolana. Este Plan tendrá como meta probable aumentar la producción diaria de hidrocarburos hasta una cota importante de producción de barriles por día. El Fortalecimiento de la Industria Petrolera parte del pleno reconocimiento de las consecuencias importantes que, para el país, significó el proceso de nacionalización de la industria y el comercio de los hidrocarburos que fue exitoso y sentó las bases para desarrollos posteriores.
Por supuesto, debemos aceptar como cosa natural del desarrollo histórico que, en estos tiempos, se impone realizar adaptaciones convenientes a la Industria petrolera, con el fin de modernizar y tecnificarla, que se expresarán en la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos.
En este instrumento legal se dispondrá a dotar al Estado de potestades y facultades para hacer más atractiva y productiva la apertura de la Industria a capitales nacionales e internacionales. Dentro de estas facultades deberá incorporarse la figura de empresas mixtas más flexibles, así como dúctiles atribuciones en materia de escalas impositivas en relación con el Impuesto sobre la Renta y la Regalía.
Este proceso de fortalecimiento, por supuesto, y la nueva Ley de la Industria estarán afianzadas en los Artículo 302º y 303º de la Constitución de la República. Dentro de ese marco se establecerán las medidas necesarias para rediseñar, y a la vez, circunscribir a PDVSA a un tamaño funcional que le haga posible cumplir con su tarea fundamental de ser una entidad dedicada exclusivamente a la explotación de los crudos venezolanos. Esto impone un redespliegue acotado de sus estructuras, actividades y funciones. Por supuesto, PDVSA no podrá dedicarse a ninguna otra actividad diferente con la establecida para ella en el contexto legal regulatorio.
Todas estas materias han de ser recogidas en el Plan de Fortalecimiento en el cual se deben incorporar, asimismo, diferentes escenarios sobre cuotas de producción, refinación y comercialización que sean compatibles con la realidad tecnológica, laboral y de mercado que se vaya experimentado en escala planetaria. Obviamente, en tal Instrumento se incorporará una evaluación prospectiva del mercado energético mundial en sus dos variables demanda y oferta. Deben contemplarse, asimismo, las consideraciones respecto a la evolución en el tiempo de la matriz energética del planeta y el papel que, con el devenir de los años, deberá tomar en ella la energía verde. Poseemos razonables certidumbres que, el desarrollo de esta última forma de energía le garantiza a Venezuela que su producción de energía fósil seguirá sosteniéndose durante un lapso bastante prolongado en esta ventana de oportunidades que se ha abierto.
De esta manera podemos abrir la vía a una Industria petrolera que sea eficiente y productiva. Que vaya más allá de su papel tradicional de empresa productora de renta y se integre armónicamente al resto del aparato productivo de la nación.
Tomaremos de inmediato el Tema de la Reestructuración de la Deuda Pública Externa de la República.
Cuando hablamos de Deuda Externa de la República nos referimos a todas las obligaciones en moneda extranjera contraídas por esta con prescindencia del tipo de instrumento que se haya utilizado o de la situación específica en que dicha obligación se haya contraído.
Este tipo de endeudamiento se presenta en dos modalidades: La deuda financiera, expresada en títulos valores públicos tales como bonos emitidos por la República y PDVSA que se colocaron en el mercado internacional de capitales y la llamada deuda no financiera que se compone de una serie de ítems que se han generado a lo largo del periodo del Régimen Chavo-madurista tales como i) obligaciones legales derivadas de confiscaciones, expropiaciones y ocupaciones de propiedades privadas en Venezuela ii) obligaciones por concepto de sentencias firmes dictadas por tribunales competentes internacionales contra la Republica por acciones expropiatorias y confiscaciones de activos de empresas como las que ocurrieron en el sector de hidrocarburos iii) las deudas comerciales no pagadas por bienes y servicios prestados al estado o a algunas de sus empresas en especial PDVSA iv) Deuda bilaterales contraídas con países aliados del Régimen como Rusia, China, Irán etc.
El monto total de estas obligaciones está abierto a discusión ya que las cifras emitidas por las autoridades monetarias son opacas y, en consecuencia, no suscitan confianza general. Diferentes instituciones y personalidades han realizado y expuestos sus propios cálculos. Así, el BCV nos señala que el monto total de esta deuda llega, para el año 2018, a la cota de 128.543 millones de US$, de los cuales corresponden a obligaciones titularizadas el monto de 51.717 millones de US$. Por su parte, José Ignacio Hernández ,Comisionado Presidencial del Gobierno Interino para la Deuda Pública Externa hasta comienzos del año pasado, apoyado en investigaciones y análisis presentados en marzo del 2019 por Miguel Ángel Santos, nos indica que para esa fecha el monto de la misma se sitúa en, aproximadamente, la cantidad de 140.000 mil millones de US$. Por último, permítanme citar otro cálculo en este caso proviene del meritorio economista venezolano Hermes Pérez, quien nos informa que, de acuerdo con informes del Banco Mundial, estima que la Deuda Externa Pública de Venezuela se ubica para el año 2022 en 187.000 millones de US$, de los cuales la titularizada monta a 85.000 millones de US$, véase al respecto: Hermes Pérez: La deuda de Venezuela y su efecto nocivo sigue causando daño en la economía – Banca y Negocios.
Cualquiera que sea el monto total que resulte, en definitiva, el Gobierno Democrático y Participativo tendrá que recorrer una tortuosa y empinada senda para acometer la resolución de este serio y gravísimo problema de le economía venezolana. El Régimen Autoritario, por cierto, declaró el default, incumplimiento de pago de capital e intereses vencidos de le deuda titularizada, desde noviembre del año 2017. Ya han pasado seis años desde entonces y este gran pasivo sigue acumulándose.
Darle prioridad al inicio del proceso de reestructuración de la Deuda Pública Externa Titularizada resulta tarea indispensable. El gobierno democrático ha de reunirse con las organizaciones de acreedores y con los fondos de inversión, que tienen en su poder cantidades importantes de bonos venezolanos no pagados, reabrir las negociaciones, establecer términos y condiciones, acordarse en los lineamientos para obtener una quita de magnitud aceptable, consensuar sobre tasas de interés en los intervalos que el mercado financiero señale, acordarse en un periodo de gracia necesario y cualesquiera otras condiciones concomitantes.
En cuanto a la reestructuración de la Deuda Pública Externa no Titularizada y sus acuerdos, con los respectivos acreedores, van a ser diferentes en cada caso. El gobierno ha de acometer esta larga y pesada situación con cautela, pero teniendo en mente la importancia que, para el éxito global del proceso de reconstrucción de la economía nacional, tal propósito debe cumplir.
Tomemos en cuenta, además, que la razón entre deuda externa y PIB en el caso de nuestro país es la más elevada del mundo, lo que nos da una idea de lo que ese descomunal pasivo está pesando sobre toda la actividad económica de la nación.
Renegociar esta deuda de manera consensuada, técnicamente ordenada, tanto la titularizada como la que no lo está, es una de las cuestiones prioritarias y exigentes dentro del proceso de recuperación de la economía nacional que el Gobierno Democrático debe emprender.
Deseamos encarecidamente que un ilustre y numeroso grupo de expertos en esta área acompañe al Gobierno democrático en su intento de resolver este asunto y le aporten la experticia, el conocimiento, la conciencia ideológica y la habilidad política y económica indispensables para llevar a buen puerto el complicado y exigente proceso de renegociación de la deuda externa de la República cuya desmesura y peso abrumador sobre las finanzas y la sociedad nacionales es parte de la herencia nefasta del Régimen Autoritario.
Brevemente nos referiremos ahora a la necesidad de implementar un Programa de Ayuda Humanitaria de Emergencia. Este programa tiene su fundamento en la bochornosa situación que el país se encontrará al cesar la usurpación y comenzar el proceso de reconstrucción de la economía nacional. Para ese momento la ya infausta situación de la enorme pobreza y de la extrema desigualdad existentes hoy se habrá agravado hasta límites indescriptibles. La ciudadanía estará exigiendo con gran clamor acciones urgentes para intentar a corta plazo su superación paulatina. Mientras avanza el proceso de reconstrucción económica se deberá recurrir a este Programa de Ayuda Humanitaria por razones de justicia, de conveniencia para el progreso económico y para salvaguardar la dignidad humana de cada persona.
Comenzar a compensar el estado de pobreza y de desesperanza de una importante proporción de la poblaciónes materia seria e importante. cabal idea del tamaño del reto que esto significa sobre unos gobernantes democráticos lo podemos vislumbrar al constatar que, según la última encueta ENCOVI disponible, la pobreza total se ubica en 81,5%, la pobreza extrema en 50,3% y la desigualdad medida por el Índice de Gini en 0,603 lo que nos hace el país más desigual de América. Esta es la herencia que el Régimen Autoritario Socialista deja a la nación.
Por cierto, debemos tener muy claro que esta Ayuda Humanitaria debe prestarse de manera universal, sin exclusiones partidistas o por haber militado en los partidos que apoyaron el Régimen Autoritario. Todas las personas tienen necesidades, especialmente las más vulnerables, y no se debe convertir esta política de compensación social en el instrumento de exclusión de aquellos que no comparten las ideas de gobiernos que estén en el poder en esa época concreta.
Terminamos de revisar brevemente este Programa aseverando que, el aspecto técnico en cuanto a que sectores, cuales programas específicos se pondrán en marcha y cuáles son las fuentes de financiamiento requieren especial diligencia y premura dada la magnitud del problema que tocamos en esta parte de nuestra exposición. Dentro de los programas a ejecutarse algunos serían: Transferencias directas a familias que estén ubicadas por debajo de cierta línea de ingresos; Atención a la dotación de alimentos a sectores más necesitados; Atención a menores escolarizados por alimentación, salud, vestido y transporte; Salud, atención médica y medicamentos para los estratos que no puedan adquirirlos etc.
Conclusión
De todo lo que hemos venido estudiando se desprende que ejecutar el Programa de Reconstrucción de la Economía Nacional va a resultar una tarea ímproba, compleja y difícil. Queremos, amables lectores, ayudar a precisar esta aseveración. Para lograr este objetivo nos afirmamos en un ejercicio hipotético, pero útil y necesario al respecto.
Para ello partamos de que el gobierno democrático se inicie en el año 2023 y que desee alcanzar, como meta para la economía, el monto del PIB que la nación obtuvo en el año 2012, que fue de 352,20 mil millones de US$. Asumamos, además, que el nuevo gobierno democrático tome como punto de partida, para obtener esta meta, el PIB alcanzado en el año 2022, recién terminado, que fue de 50 mil millones de US$. A partir de estas premisas, preguntémonos ahora: ¿En cuántos años podemos lograr ese objetivo, suponiendo diferentes tasas de crecimiento interanual, del PIB? Asumamos que esas tasas son 5%, 7% y 9%. Unas sencillas operaciones estadísticas nos dicen que se tardaran 40 años, 29 años y 23 años respectivamente. Veamos esto con detenimiento: Si logramos crecer a un ritmo elevado e ininterrumpido del PIB de 9% durante los próximos 23 años, cosa que pocos países han logrado a través de la historia, entonces habremos alcanzado la situación económica que tenía Venezuela en el año 2012. De este sencillo ejercicio estadístico se puede inferir el titánico esfuerzo que debemos hacer para avanzar hacia la anhelada reconstrucción de la economía nacional.
Terminamos nuestro trabajo, dándole las gracias al amable lector. Ofrezco mi atención sincera a todos aquellos que deseen enviar su opinión. Espero que estas páginas puedan constituir un pequeño aporte en la lucha que cada día realiza el pueblo venezolano por construir un nuevo orden social más justo, más productivo, más humano, más hermoso.
(*) Una síntesis de este Documento fue preparada por su autor para ser presentada, ante la Sesión del 15 de febrero del 2023, del Seminario “Humanismo Cristiano Frente a los Desafíos del Presente”, llevado a cabo con el patrocinio fraterno de la Fundación K. Adenauer. En esa Jornada se trató el Tema Venezuela Economía y Petróleo. Intervinieron Humberto Calderón como Expositor, María Bernardoni de Govea, Werner Corrales y Abdón Vivas Terán como panelistas y Hugo Bravo como moderador.
El autor del presente trabajo es Abdón Vivas Terán, economista egresado de la UCV. El Dr Vivas Terán es MSc en Economía del Desarrollo en la Universidad Williams College de Massachusetts y doctor en Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid.
Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca. casablancaitalia@gmail.com