Por Wilmer Suárez
Sin duda, “tener a alguien en cuatro” es una expresión profundamente coloquial, de esas que el latinoamericano y el centroamericano suelen emplear con picardía para describir una situación incómoda, enredada y aparentemente sin salida. No es una categoría de la ciencia política ni pretende serlo. Es una imagen popular, irreverente y gráfica para explicar lo que muchas veces los análisis académicos tardan páginas enteras en decir: Venezuela está atrapada entre fuerzas distintas que la sujetan desde cada esquina, mientras el ciudadano común continúa preguntándose cuándo llegará, por fin, el momento de volver a ponerse de pie.
Lo que para un sector representa la fórmula correcta y valida sus expectativas, para otro no pasa de ser una nueva versión del mismo fracaso. En ese devenir se nos ha ido pasando el tiempo. Y, como dice aquella canción, “estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando”. Eso, en esencia, es lo que viene ocurriendo desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta hoy: demasiados cálculos, demasiadas expectativas, demasiadas promesas y muy pocos resultados concretos para una sociedad que creyó haber encontrado una salida.
Aquella elección produjo una fractura política que todavía determina el presente. La oposición reunió y publicó actas de una amplia mayoría de mesas que respaldaban la victoria de Edmundo González Urrutia, mientras el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro sin ofrecer resultados desagregados verificables que despejaran las dudas. Organizaciones internacionales, entre ellas el Centro Carter, concluyeron que el proceso no cumplió estándares internacionales de integridad electoral. Dicho en palabras menos diplomáticas: el país generó una voluntad ciudadana que no logró convertirse en poder efectivo.
Se ganó una elección, pero no se cobró políticamente su resultado. Fue como recibir una herencia y dejarla en un despacho, sin que los herederos terminaran de tomar posesión de aquello que decían haber conquistado. El tiempo pasó, la correlación de fuerzas cambió y la oportunidad histórica se fue desdibujando. De allí que el dicho popular encaje con tanta precisión: nos tienen en cuatro.
Después llegó el Premio Nobel de la Paz de 2025 para María Corina Machado, un reconocimiento extraordinario y merecido a una lucha cívica sostenida durante años. Pero hasta ese símbolo terminó incorporado a la peculiar tragedia venezolana. El 15 de enero de 2026 Machado entregó físicamente la medalla del Nobel al presidente Donald Trump como gesto de agradecimiento. El premio, jurídicamente e históricamente, continúa perteneciendo a ella y no puede transferirse; pero en política los símbolos pesan, y aquella escena fue leída por muchos venezolanos como la entrega de un activo moral que representaba algo mucho más grande que una pieza de metal.
La paradoja resulta inevitable: primero una victoria electoral que no llegó al poder; después un Nobel cuya medalla terminó en otras manos. Y mientras el país contempla semejante secuencia, cuatro fuerzas sostienen —o inmovilizan— la transición. Cuatro patas. Ninguna parece tener fuerza suficiente para levantar por sí sola a Venezuela; todas, en cambio, poseen capacidad para impedir que las otras lo hagan.
PRIMERA PATA: EL RÉGIMEN TUTELAR Y EL POSMADURISMO
La primera pata la representa el régimen tutelar surgido después del 3 de enero de 2026, cuando la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores alteró abruptamente el tablero venezolano. La salida física de Maduro no significó la desaparición automática del madurismo. El aparato político, burocrático, económico, militar y administrativo construido durante años no se evaporó en una madrugada. Cambió el centro de gravedad, pero buena parte de la estructura sobrevivió y tuvo que adaptarse a una realidad distinta.
De allí nace lo que podríamos llamar el posmadurismo: un sistema sin Maduro al frente, pero todavía cargado de hábitos, intereses, operadores, redes y deformaciones del viejo régimen. Delcy Rodríguez encabeza la conducción interina y Washington ejerce una influencia decisiva sobre el ritmo de la apertura, las condiciones económicas, las licencias energéticas, la interlocución política y los márgenes de maniobra de los distintos actores. Por eso el término “tutelar” resulta incómodo, pero difícil de ignorar.
No se trata de afirmar que Venezuela haya dejado formalmente de existir como Estado soberano. Se trata de reconocer que una parte sustancial de las decisiones estratégicas se adopta bajo una relación de poder desigual en la que Estados Unidos se ha convertido en árbitro indispensable. La transición, lejos de ser exclusivamente venezolana, está siendo administrada bajo una fuerte tutela externa.
El problema es que, de enero a la fecha, una expresión popular vuelve a imponerse: “no mejora nada el enfermo”. Cambiaron protagonistas, se abrieron espacios y aparecieron posibilidades económicas que antes parecían imposibles, pero la vida cotidiana de millones de venezolanos todavía no refleja una transformación proporcional. La institucionalidad continúa debilitada, la confianza permanece fracturada y la pobreza acumulada durante años no desaparece mediante discursos de estabilización.
Mientras tanto, petróleo, gas, minería, licencias, contratos e inversiones se mueven con una velocidad notable. Es lógico que un país devastado necesite capital, mercados y recuperación productiva. Lo preocupante es que la reconstrucción de los negocios vaya mucho más rápido que la reconstrucción de las instituciones. El petróleo vuelve a colocarse en el centro; la minería reaparece como promesa de ingresos; empresas internacionales vuelven a mirar hacia Venezuela; y las oportunidades comerciales crecen mientras la arquitectura democrática continúa a medio construir.
Ese desequilibrio encierra un enorme peligro. Una transición que libera barriles antes que instituciones puede terminar convirtiéndose en una administración más eficiente de las mismas deformaciones. Venezuela no necesita únicamente producir más petróleo. Necesita tribunales confiables, seguridad jurídica, separación de poderes, libertad de prensa, contraloría, reglas estables y transparencia. Si el nuevo orden se limita a cambiar socios, beneficiarios y operadores sin desmontar la cultura del privilegio, entonces no habrá una verdadera transición: habrá una redistribución del negocio.
La primera pata tiene, por tanto, una contradicción fundamental. Posee capacidad real para estabilizar la economía y atraer inversión, pero también puede consolidar un modelo en el que la gobernabilidad termine pesando más que la democracia. Y Venezuela ya conoce demasiado bien el precio de sacrificar libertades en nombre de la estabilidad.
SEGUNDA PATA: MARÍA CORINA MACHADO, ENTRE EL SÍMBOLO Y EL AISLAMIENTO
La segunda pata es María Corina Machado. Negar su peso político sería absurdo. Fue el motor de una movilización ciudadana extraordinaria, convirtió las primarias opositoras en una demostración nacional de fuerza y, después de ser inhabilitada, transfirió buena parte de su capital político a Edmundo González Urrutia. Su liderazgo resultó decisivo para que el 28 de julio de 2024 existiera una alternativa competitiva capaz de organizarse, documentar y defender su narrativa electoral.
Pero el liderazgo político no se mide únicamente por la capacidad de reunir esperanza. También se mide por la capacidad de transformar esa esperanza en resultados. Y allí comienza su drama. Machado terminó en el exilio, después de meses de clandestinidad y persecución, y enfrenta hoy una ironía que parecía imposible: quiere regresar a Venezuela y, sin embargo, su retorno continúa condicionado. Tradicionalmente el exiliado venezolano quería volver y el régimen se lo impedía; ahora una de las dirigentes más reconocidas del país permanece fuera mientras otros actores negocian el futuro inmediato.
La razón no está del todo clara. Hay verdades a medias, explicaciones fragmentarias y silencios que alimentan toda clase de interpretaciones. Washington ha privilegiado interlocutores pragmáticos; sectores de la oposición han recuperado protagonismo institucional; el chavismo residual conserva capacidad de veto; y la comunidad internacional parece inclinarse por mecanismos que reduzcan la confrontación. En ese tablero, María Corina puede ser indispensable para la legitimidad de la transición y, al mismo tiempo, incómoda para quienes pretenden administrarla.
Por eso puede decirse que se encuentra presa de sus propios demonios políticos. No como una descalificación personal, sino como la descripción de una tensión profunda. Su fortaleza histórica provino de no transar principios esenciales y de representar una ruptura frontal con el sistema. Pero esa misma fortaleza puede convertirse en una limitación cuando la política entra en la fase áspera de negociar con adversarios, compartir espacios con figuras de menor legitimidad y aceptar ritmos que no necesariamente coinciden con las expectativas de sus seguidores.
El Nobel de la Paz elevó su estatura internacional, pero la decisión de entregar la medalla a Donald Trump abrió una discusión inevitable sobre el uso del capital simbólico. Puede interpretarse como agradecimiento estratégico hacia quien desempeñó un papel determinante en el cambio político venezolano. También puede verse como un gesto excesivo de subordinación. En política, los símbolos no son adornos: condensan legitimidad, sacrificio y memoria. Y entregar un símbolo que millones sienten como propio siempre tendrá consecuencias.
Machado conserva, sin embargo, algo que ninguna mesa técnica puede fabricar: conexión emocional con una parte considerable del país. Su desafío será convertir esa legitimidad en influencia efectiva sin quedar atrapada entre la épica y el aislamiento. Porque un liderazgo que solo denuncia puede terminar contemplando la transición desde afuera; pero uno que negocia sin límites corre el riesgo de perder aquello que lo hizo distinto. Esa es su verdadera encrucijada.
TERCERA PATA: DINORAH FIGUERA, RAMÓN LÓPEZ Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REGLAS
La tercera pata está representada por Dinorah Figuera, Ramón López y los dirigentes vinculados a la reconstrucción de los poderes electoral y judicial. Hasta hace poco pocos imaginaban que estos nombres ocuparían un espacio tan delicado dentro de la nueva arquitectura política. Como diría el Chavo del 8, nadie contaba con su astucia.
La tarea que tienen por delante es gigantesca. Venezuela no necesita simplemente cambiar algunos rectores del Consejo Nacional Electoral ni sustituir magistrados en el Tribunal Supremo. Necesita reconstruir la idea misma de árbitro. Durante casi tres décadas, una parte sustancial de la sociedad dejó de creer que las instituciones pertenecían a todos. Cuando el ciudadano piensa que el tribunal tiene dueño, que el árbitro electoral responde a una parcialidad y que la ley cambia según el apellido del acusado, la República deja de funcionar aunque sus edificios continúen abiertos.
Reconstruir un poder electoral creíble exige un registro confiable, participación plena de los venezolanos dentro y fuera del país, observación internacional auténtica, auditorías verificables, acceso equilibrado a los medios, garantías para candidatos y partidos, publicación transparente de resultados y mecanismos efectivos de impugnación. Sin estas condiciones, una elección puede tener urnas, centros de votación y propaganda, y aun así no ser verdaderamente democrática.
La reconstrucción judicial es todavía más compleja. No puede existir transición seria si los jueces siguen dependiendo del poder político, si el Ministerio Público continúa siendo utilizado como instrumento de castigo o si la prisión preventiva sirve para disciplinar adversarios. La nueva justicia deberá enfrentar además uno de los dilemas más difíciles de toda transición: cómo investigar y sancionar violaciones de derechos humanos sin convertir la justicia en venganza, y cómo promover reconciliación sin transformar la reconciliación en impunidad.
Por eso la pregunta sobre Figuera, López y quienes participan en esta tarea no es si tienen buenas intenciones. La interrogante es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más brutal: ¿podrán o los dejarán? ¿Dispondrán de poder real para transformar las reglas o terminarán legitimando un acuerdo diseñado por otros? ¿Podrán construir instituciones que sobrevivan a sus propios negociadores? ¿Se permitirá que Venezuela elija libremente incluso si el resultado incomoda a quienes hoy controlan las palancas de la transición?
La tercera pata puede ser la más silenciosa, pero probablemente sea la más importante. Los gobiernos pasan; las reglas permanecen. Si Venezuela logra construir árbitros confiables, jueces independientes y una institucionalidad en la que perder una elección no signifique perder la libertad y ganar una elección no signifique apropiarse del Estado, entonces habrá comenzado la verdadera transición. Todo lo demás será provisional.
CUARTA PATA: LOS “BOLICHICOS”, EL DÓLAR Y LAS CRIPTOMONEDAS
La cuarta pata la ocupan los llamados “bolichicos”, término popular con el que durante años se identificó a una generación de empresarios que amasó fortunas extraordinarias al calor de contratos públicos, conexiones políticas, arbitrajes cambiarios, negocios eléctricos, petroleros y financieros. No todos los empresarios venezolanos caben —ni deben caber— dentro de esa etiqueta. El problema no es la empresa privada ni la riqueza. El problema es el capitalismo de conexiones: enriquecerse no por competir, innovar o producir, sino por estar ubicado al lado correcto del poder.
Y esa especie, que muchos creyeron desaparecida junto con el colapso del viejo modelo, vuelve a mostrar señales de vida. Cual Ave Fénix, figuras y grupos asociados durante años a las redes de negocios del chavismo han recuperado visibilidad e influencia en el escenario pos-Maduro. Incluso medios financieros internacionales han vuelto a poner bajo el foco a empresarios identificados históricamente como “bolichicos” por su participación en nuevas oportunidades energéticas. No se trata de condenar de antemano cada inversión, sino de preguntarse quién está entrando, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia.
El riesgo es evidente: que Venezuela cambie de administradores políticos, pero conserve la misma economía de privilegios. Un país con instituciones débiles, escasez de moneda nacional, enorme dependencia de las importaciones y necesidad desesperada de capital es terreno fértil para intermediarios capaces de concentrar acceso a divisas, financiamiento, licencias, casas de bolsa, importaciones y contratos estratégicos. Allí donde las reglas son débiles, la cercanía con el poder termina valiendo más que la productividad.
A esa ecuación hay que sumar ahora un componente que no puede ignorarse: las criptomonedas. En la Venezuela de 2026, el mercado P2P en bolívares y el uso de activos como USDT cumplen una función cotidiana para miles de personas que buscan protegerse de la depreciación del bolívar, recibir remesas, ahorrar o movilizar dinero. El llamado “dólar Binance” se convirtió, incluso, en una referencia informal de precios. Ese fenómeno no es en sí mismo delictivo ni negativo; en buena medida es la respuesta espontánea de una sociedad que dejó de confiar en su moneda.
Pero precisamente por su importancia, el mundo cripto también puede convertirse en otra zona de poder económico si la transición no establece reglas claras. Quien concentre liquidez, capacidad de intermediación, acceso a plataformas, relaciones bancarias, mecanismos de conversión entre bolívares, dólares y stablecoins, o conexiones privilegiadas con grandes importadores, puede adquirir una influencia extraordinaria sobre la economía real. La preocupación no consiste en afirmar, sin pruebas, que una persona o un grupo controla todo ese ecosistema. Consiste en advertir que un sistema opaco y concentrado puede reproducir en versión digital los mismos vicios del viejo control cambiario.
Durante años, el diferencial entre el dólar oficial y el paralelo fue una máquina de producir fortunas. Quien obtenía divisas al precio correcto ganaba antes de importar un solo producto. Hoy el mecanismo puede ser distinto, más tecnológico y aparentemente más sofisticado, pero el principio de riesgo es el mismo: si unos pocos actores logran dominar los puntos de entrada y salida entre bolívares, dólares y criptomonedas, pueden capturar rentas extraordinarias sin necesidad de crear valor productivo.
Casas de bolsa, plataformas P2P, operaciones con USDT, importaciones, pagos transfronterizos y circuitos financieros digitales forman parte de la nueva realidad venezolana. Deben funcionar bajo transparencia, competencia y supervisión razonable, no como territorios reservados para grupos con acceso privilegiado al poder. La innovación financiera puede ser una herramienta de libertad económica; también puede convertirse en un nuevo sistema de intermediación oligárquica si no existen contrapesos.
El problema de los “bolichicos”, por tanto, no es moralizar la riqueza. Venezuela necesita empresarios exitosos, inversión privada y acumulación de capital productivo. Lo que no necesita es una nueva oligarquía de concesionarios del Estado, ahora revestida de modernidad financiera. Una economía libre no consiste en entregar activos públicos a amigos privados ni en sustituir el antiguo control de Cadivi por nuevas llaves digitales administradas desde círculos cerrados.
Si esta cuarta pata termina controlando buena parte de la reconstrucción económica, la transición corre el riesgo de transformarse en una gigantesca operación de transferencia patrimonial. Tendremos más negocios, pero quizás también más desigualdad; más importaciones, pero menos producción nacional; más dólares y stablecoins circulando, pero un bolívar cada vez más irrelevante; más riqueza concentrada y una ciudadanía condenada a mirar desde afuera cómo otros se reparten lo que quedó del país.
CUATRO PATAS, UN MISMO PAÍS
Ahí está Venezuela: en cuatro. Una pata es el posmadurismo tutelado, capaz de ofrecer estabilidad y negocios sin haber completado la democratización. Otra es María Corina Machado, con una enorme legitimidad política pero fuera del centro operativo de la negociación. La tercera la representan Dinorah Figuera, Ramón López y quienes intentan reconstruir las reglas de un Estado devastado. La cuarta es el renacimiento de poderosos grupos económicos que saben moverse con extraordinaria velocidad cuando cambian los dueños de las llaves.
Cada pata tiene una parte de la realidad. Ninguna posee, por sí sola, la solución. El régimen interino necesita legitimidad; Machado necesita convertir liderazgo en poder político efectivo; los reconstructores institucionales necesitan autoridad real para reformar; y el sector privado necesita reglas que impidan que los negocios vuelvan a confundirse con el Estado.
Mientras esas fuerzas se disputan el futuro, existe un quinto actor al que casi nunca invitan a la mesa: el venezolano. El que sobrevivió a la inflación, el exilio, la destrucción del salario, el deterioro de los servicios, la violencia política y la separación de las familias. Ese ciudadano no quiere otra transición eterna. No quiere cambiar un grupo de privilegiados por otro. No quiere que le expliquen, por décima vez, por qué todavía no puede cobrar la democracia que votó.
Venezuela no puede seguir perdiendo el tiempo “pensando, pensando”. Ya pensó demasiado. Ya esperó demasiado. Ya entregó demasiado.
La salida no consiste en escoger cuál de las cuatro patas debe imponerse, sino en obligarlas a sostener una mesa común cuyo tablero sea la Constitución y cuyo verdadero dueño sea el ciudadano. Elecciones libres, justicia independiente, economía abierta sin privilegios, derechos humanos, alternancia, transparencia y soberanía institucional. Eso no es una consigna. Es el mínimo indispensable para que un país deje de sobrevivir y vuelva a vivir.
Porque el verdadero problema no es que a Venezuela la tengan en cuatro. El problema es que, después de tantos años, todavía haya quienes se benefician de que nunca vuelva a ponerse de pie.
* Corresponsal en el Sur de la Florida.
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