El instrumento legal, bajo el argumento de proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, «que mediante ayudas económicas o aportes financieros destinadas a organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República» es denunciado por las ONGs, que hacen vida en el país, de restringir y contener las violaciones de derechos humanos que ellos denuncian.
Además la norma refiere en su artículo 4 que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales.
En el debate, los diputados de la bancada opositora argumentaron que este proyecto jurídico no garantizaba el fiel cumplimiento del principio de la independencia del país.
Incluso, el diputado opositor del partido Podemos, Juan José Molina, dijo contradictoriamente que este proyecto legal perjudicaba al pueblo venezolano.
«El financiamiento de otros países, yo no lo veo como ningún delito. (Porque) no todos de los partidos políticos son hampones y delincuentes», soltó durante su intervención en plenaria.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Mario Isea, apoyó le necesidad a aprobar este proyecto legal al calificar de “organizaciones políticas” a Súmate, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) y Libertad Ciudadana, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), acusándolos de “haber recibido miles de dólares por parte del imperio norteamericano, y no precisamente para defender los derechos humanos, sino para promover planes conspirativos y golpes de Estado”.
Por otro lado, explicó que la norma no prohibirá el financiamiento foráneo a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país.
«No se está atentando contra las ONG de derechos humanos. No hay otro gobierno que defiende más los derechos humanos que el Gobierno Bolivariano. Hay que sincerarnos. Hay que proteger la soberanía que está siendo violada con dinero del extranjero. Hay organizaciones privadas que se aprovechan de la presunta figura ONG para desestabilizar», dijo.
Isea dijo que aún la AN está a tiempo de aprobar esta ley, pues la ausencia de estas iniciativas legales en otras naciones ha permitido la injerencia de gobiernos extranjeros y carteles del narcotráfico, que han financiado organizaciones políticas para desestabilizar las instituciones de las naciones democráticas del mundo.
Fuente: AVN, ANTV, Redacción