El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Asamblea Nacional y organizaciones de inquilinos evalúan diversas propuestas, con la finalidad de evitar legalmente los desalojos forzosos que afectan a más de 500 mil familias venezolanas.
El titular del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que este lunes se instaló una mesa de trabajo permanente en la sede de su despacho, a fin de trabajar, en conjunto, propuestas para evitar esta práctica que vulnera a las familias y pone en riesgo sus bienes.
«Desde hoy (lunes 26) queda constituida esta mesa de trabajo donde se espera obtener propuestas concretas a muy corto plazo», señaló.
Asimismo, Molina explicó: “En las competencias que tiene este ministerio se han comenzado a estudiar algunas medidas para regular estos desalojos que muchas veces ponen en riesgo la vida de personas mayores, niños y personas con discapacidad, que sin ninguna solidaridad son echadas a la calle sin tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social”.
Calificó de importante este espacio de trabajo, debido a que las comunidades organizadas, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional se pueda llegar a acuerdos conjuntos para buscar soluciones a este tema que preocupa a las familias.
“Estamos evaluando varios aspectos a corto plazo para evitar estas medidas de desalojos, y mediano plazo la adecuación de la Ley de Régimen de Prestación de Vivienda y Hábitat y la Ley de Inquilinato ya que está desfasada a los principios constitucionales”, señaló Molina.
Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, explicó que entre otros objetivos está evitar que se produzcan atropellos en desalojos de todas las familias que viven bajo la figura de arrendamiento, no sólo en el área metropolitana, sino en el resto del país.
“Estamos evaluando este tema desde hace una semana, con representantes del Estado con competencia en la materia, miembros de algunas organizaciones de inquilinos, con la finalidad de obtener una repuesta que evite la confrontación entre propietarios e inquilinos. Este tema nos preocupa porque hemos visto que han continuado las constante agresiones y desalojos violentos vulnerando los derechos humanos de las familias”, acotó.
Vivas señaló que hay funcionarios y jueces que violentan la normativa y la Constitución, debido a que hay unos pasos a seguir los cuales violan generando agresiones contra las personas que viven bajo esta modalidad, así como también hay notarias públicas que están notificando de manera ilegal los desalojos.
“Hemos instalado esta mesa de trabajo con el Ministerio de la Vivienda y Hábitat, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría de la República, a fin de obtener una decisión a corto plazo para acabar con esta arremetida que se ha venido dando en los últimos meses contra la estabilidad de las familias que viven en alquiler”, refirió Vivas.
Fuente: AVN