Nota Editorial: Universidades – entre proyectos de ley y la negociación presupuestaria

Por Luis Barragán

Buena parte del país ignora la pretensión ministerial de reformar la Ley de Universidades y, en contraste con remotas épocas, la discusión del Presupuesto para 2027.

1 De un proyecto de ley de a otro

      En este último caso, resulta interesadamente escasa la referencia, noticia, publicidad o incluso rumor sobre su contenido, por más que se trate de los recursos previstos para el venidero año; en aquel, simplemente, no hay nada formulado en torno a la universidad venezolana.

      En efecto, se ha llamado a discutir una reforma de la Ley de Universidades sin que exista un texto articulado, aunque sea un esbozo de la postura oficial. Paradójicamente, el ministerio de Educación Universitaria tampoco dice nada sobre el instrumento presupuestario consignado ante la Asamblea Nacional.

      El pasado día 5 de los corrientes, durante el debate realizado en la UCV sobre la materia, manifestamos nuestra preocupación ante el alto funcionario que acudió en representación de la ministra de Educación Universitaria. Su respuesta fue que existe un importante repositorio de planteamientos, del cual cabría deducir que sobran los insumos para una reforma legal con circulación restringida para un momento – deducimos – estelar que está a punto de llegar portador de la revelación.

      Visto lo anterior, peor aún, ¿qué sentido tiene priorizar la prolongada discusión de una reforma que requiere, ante todo, de un mayor sentido de responsabilidad ministerial para sistematizar responsablemente una propuesta inequívoca y definitiva? La ausencia de una formulación oficial no significa que la improvisación sea necesariamente cierta y, como en otras ocasiones, terminarán alegando haber evacuado todas las opiniones posibles para presentar a última hora un documento que inexorablemente impondrán con la postergada fórmula de una universidad comunal. Vale decir, inconfundiblemente explicada por el rentismo que ha de encadenar  – enroscándose – a nuestras casas de estudios.

      Llaman a debatir donde no hay texto, pero donde existe una iniciativa concreta y específica, nada dicen. Privilegia el gobierno la reforma fantasma de la Ley de Universidades, mientras  nada dice del  proceso presupuestario que tiene un plazo perentorio, desdeñando así la consideración del instrumento que cobrará vigencia desde el primer día de enero de 2027.

      El mencionado ministerio debe bregar de día y de noche por mejorar las cifras relacionadas con las universidades contempladas en el presupuesto, aunque presumimos su conformidad en el caso de haber sido consultado para la versión definitiva u oído quizá en la sesión correspondiente del Consejo de Ministros. En lugar de distraer la atención con una reforma fantasma, debería convocar a jornadas de deliberación en el medio universitario sobre el diagnóstico y las prioridades presupuestarias, permitiéndole a la universidad autónoma defenderse frente al ogro filantrópico de sus tormentos. 

      Luce favorable la coyuntura política e institucional para que el oficialismo pruebe su disposición a la rectificación y al cambio, aceptando una transición hecha proceso que garantice la gobernabilidad y la gobernanza para el país, la educación pública y privada, y, particularmente, la universitaria. Sin duda, es buena la ocasión.   

      2. De la negociación presupuestaria

      La transición, entendida como proceso, ha de orientarse democráticamente a la recuperación de las capacidades institucionales del Estado, encontrando en la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 una oportunidad necesaria de aprovechar. Un ejercicio antaño frecuente de deliberación nacional permitiría actualizar el diagnóstico de nuestros problemas, establecer las prioridades largo rato atrás impostergables y concertar la distribución responsable de los recursos disponibles con urgida equidad social, sin discriminación política alguna.

      Olvidada durante años la especialidad presupuestaria, sus principios constitucionales y legales han cedido ante un ejercicio fiscal arbitrario y prácticamente clandestino, caracterizado por la subestimación de los ingresos, el manejo discrecional de la renta petrolera y una creciente presión tributaria sin la prestación eficiente de los servicios públicos. La rectificación exige transparencia, información, responsabilidad y rendición de cuentas, pero también recuperar la gobernabilidad y la gobernanza que una maniobra de reacomodo, por esmerada que fuese, jamás podrá garantizar.

      El debate presupuestario puede convertirse así en una experiencia concreta de negociación política e institucional, sin que la mesa de entendimiento entre gobierno y oposición suponga una coalición gubernamental ni el sacrificio de las diferencias. Corresponde a los partidos formular alternativas y representar intereses, mientras la sociedad civil aporta conocimientos, experiencias y demandas sectoriales, procurando acuerdos parciales, verificables y traducibles en prioridades presupuestarias, compromisos de recursos y mecanismos de seguimiento y fiscalización.

      La universidad constituye un ámbito especialmente propicio para semejante ejercicio, pues su crisis no se reduce a las deficiencias salariales o infraestructurales, sino que compromete las condiciones de estudio y trabajo, la docencia, la investigación, los servicios y la propia autonomía institucional. Antes que distraernos con una reforma de la ley universitaria sin proyecto oficial conocido, convoquemos a las comunidades académicas y gremiales a precisar el diagnóstico, consensuar soluciones y presupuestar responsablemente la recuperación de nuestras casas de estudio, frente a la pretensión de imponer una universidad comunal vinculada a un modelo rentista históricamente agotado.

      Bajo el feroz autoritarismo de casi tres décadas que desembocó en un comunalismo artificial e inconstitucional, resulta imposible subestimar a la ciudadanía que defiende el derecho a reclamar mejores condiciones para alcanzar un nivel de vida superior y que es capaz de comprender y asumir la polémica sobre la distribución de los recursos que puedan darle soporte a esa mejoría a mediano y largo plazo, así como contribuir a recuperar la universidad como promotora de la movilidad social. La controversia presupuestaria entraña una dimensión institucional, política y social que, extendida a todos los sectores, puede convertir la negociación en una experiencia anticipada de transición pacífica y democrática, orientada a reconstruir el Estado.

      X: @luisbarraganj

      * Editorialista

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