Se cerró el círculo

Análisis sobre el mercado cambiario y la aplicación de políticas restrictivas en Venezuela

Venezuela es una economía altamente dependiente del sector externo. Somos un país prácticamente monoexportador de una materia prima altamente sensible en los mercados internacionales y de su suerte depende el comportamiento de la balanza comercial, ya que cuando los precios están altos hay superávit y cuando estos caen deviene el déficit. Los ingresos por exportaciones dependen de variables exógenas, y aunque la OPEP busca mantener un equilibrio tratando de influenciar por el lado de la oferta petrolera, es la mayor o menor demanda mundial la que determina las subidas o bajadas de precios y en eso el país no puede hacer nada. Pero los egresos por importaciones si responden a variables endógenas, es decir, la autoridad cambiaria puede influir para que guarden correspondencia con el ingreso de divisas.

En los países donde hay libertad cambiaria, es el precio de la divisa en moneda local lo que determina el equilibrio de la balanza, antes de considerar el movimiento de capitales que conlleva a la balanza de pagos. Si la afluencia de divisas es muy alta, superando a la demanda para importaciones, el precio bajará con el consiguiente desestimulo para algunas exportaciones y el estímulo para mayores importaciones. Por el contrario, si el ingreso de divisas cae, el precio subirá estimulando algunas exportaciones y desestimulará otras importaciones. De esa manera, se tiende a mantener el equilibrio con el sector externo de la economía. Esto funciona si las variaciones en el corto plazo son relativamente menores. Si los sesgos son fuertes en el corto plazo, aunque en promedio relativamente estables en el mediano o largo plazo, a la autoridad cambiaria le queda el recurso de dejar el cambio fijo y recurrir al movimiento de capitales para cubrir déficit temporales mediante endeudamiento o guardar fondos para futuras estabilizaciones en los casos de superávit, como lo hacen Noruega y otros países petroleros. Esto se hace para no afectar significativamente al sector interno de la economía, que de otra manera viviría con marcados altibajos.

En Venezuela de alguna manera se aplicó este esquema hasta el viernes 18 de febrero de 1983, con un cambio fijo de los antiguos Bs. 4,30 por dólar, en que el marcado desequilibrio de la balanza de pagos y el consumo casi total de las reservas internacionales obligó a implantar un Régimen de Cambios Diferencial –RECADI- que duró hasta febrero de 1989 en que se volvió al régimen de libertad cambiaria. En ese momento el cambio oficial estaba en Bs. 14,50 y pasó a Bs. 39 de la época, con los consiguientes efectos inflacionarios y sociales. Este período se recuerda tristemente por la alta corrupción del régimen cambiario y las consiguientes dificultades para conseguir bienes importados, esenciales o no. También por el aprovechamiento de algunos importadores que, aún consiguiendo dólares a precio oficial, argumentaban que tenían que importar con dólares a precio no oficial para vender más caro y aumentar sus ganancias. Esto básicamente con los productos que no tenían su precio controlado por la autoridad.

Después del trago amargo de 1989, en que el país tuvo la inflación más alta de su historia con un 81% anual, se vivió una época de paulatino crecimiento y tranquilidad económica hasta que con los intentos de golpe de 1992 y el posterior enjuiciamiento y salida del Presidente de la República, se vuelve a perder la confianza con la consiguiente fuga de capitales y su impacto en la balanza de pagos y reservas internacionales. Esto también impacta a la banca que cae como un efecto dominó y obliga al nuevo gobierno a implantar un nuevo control de cambios en julio de 1994, creando para estos efectos la Oficina Técnica de Administración Cambiaria –OTAC- que tuvo efectos parecidos a los de su predecesora RECADI. En efecto, nuevamente las importaciones se vieron entrabadas, surgieron focos de corrupción y la inflación volvió a crecer desmesuradamente. Esto hizo rectificar al gobierno en su política cambiaria: en julio de 1996 se vuelve al régimen de libertad de cambio y el dólar oficial pasa de Bs. 170 a Bs. 290 de la época. La historia vuelve a repetirse: con el cambio de paridad cambiaria sube fuertemente la inflación para después tener en 1997 un año bastante estable y de crecimiento económico. Las relaciones con el sector externo se mantienen en equilibrio pese a la caída de los precios del petróleo.

Con algunos esquemas de bandas cambiarias y subastas, el régimen de libertad de cambio se mantiene hasta el 5 de febrero de 2003, en que la autoridad decide implantar de nuevo un régimen de control de divisas como una manera de parar la fuga de capitales que devino luego del paro petrolero y de los sucesos de abril del 2002. Se crea la Comisión de Administración de Divisas –CADIVI- que no ha sido muy diferente a sus predecesoras, solo que de mayor duración, ya que lleva 7 años y medio de vida hasta la fecha. Seguramente el día que termine también va a ser similar: un ajuste cambiario gigantesco con los consabidos efectos inflacionarios y sociales. En un principio CADIVI, gracias a la bonanza petrolera, pudo atender a la casi totalidad de demandantes de divisas, tanto importadores como personas naturales que pudieron disfrutar de divisas a precio oficial para sus necesidades monetarias con el exterior. Como consecuencia los bienes y servicios importados mantuvieron precios relativamente bajos. Al mantenerse fija la tasa de cambio o con ajustes muy por debajo de la inflación interna, la demanda por divisas empezó a aumentar y CADIVI se vio en la necesidad de ir demorando las autorizaciones y restringiendo los montos para las personas naturales. Como un paliativo se autorizó el funcionamiento de un mercado “permuta” de divisas, en donde los venezolanos podían comprar en bolívares algunos papeles del Estado denominados en dólares a través de las Casas de Bolsa, estas los permutaban con otras Casas de Bolsa del exterior por otros papeles que se tranzaban en los mercados internacionales y finalmente los vendían poniendo las divisas a disposición del comprador inicial venezolano. Paralelamente el mismo gobierno subastó una serie de papeles, emisiones propias o de otros gobiernos “amigos”, que vendió en bolívares y que los compradores podían vender en los mercados internacionales como Luxemburgo en Europa. Hubo emisiones grandísimas como los bonos de PDVSA que vencen hasta 2037, Bonos Soberanos, Bonos del Sur, Bonos Cambiarios, entre otros. Con todas estas opciones, los importadores podían suplir las carencias de CADIVI y, aunque la tasa cambiaria resultaba más alta, podían transar con sus proveedores del exterior y traer los bienes y servicios que necesita la población venezolana. Quedaba solo un problema fiscal y era que el diferencial de la tasa cambiaria respecto al dólar oficial no podía contabilizarse como costo o gasto, originando un mayor pago de Impuesto Sobre la Renta. Pero esto también tenía solución: solo era cuestión de trasladarlo al precio. Total, es finalmente el consumidor quien paga todos estos “deslices”. De ahí los altos precios de los repuestos, partes, accesorios y, en general, bienes no esenciales o no regulados.

A comienzos de 2010 se establecieron dos tipos de cambio junto con una devaluación: para el gobierno y algunos bienes esenciales o de primera necesidad, se fijó en Bs. 2,60. Para los otros bienes que no se consideran esenciales o de primera necesidad, se fijó en Bs. 4,30. En el primer caso la devaluación fue del 20% y en el segundo del 100%. De cualquier manera, CADIVI otorga prioridad a las importaciones del gobierno y el sector privado queda en segundo término con autorizaciones rezagadas por más de un año. Las personas naturales se sienten burladas: la compra de US$ 500 en efectivo para viajes al exterior se las autorizan después que se ha iniciado el viaje, con lo cual no pueden acceder a ellas. Para colmo, a su regreso tienen que hacer una Declaración Jurada de que no compraron esos US$ 500, en circunstancias de que hay una Providencia que prohíbe a los bancos vender esa cuota en fecha posterior al inicio del viaje. En esta burla cuentan con la eficiente colaboración del BCV, donde si CADIVI autoriza antes del viaje, ellos autorizan al banco a vender para después del inicio del viaje. Para colmo, si hay un segundo viaje en el año y se vuelven a solicitar los US$ 500 en efectivo, CADIVI no lo permite porque la solicitud anterior está “en estudio” durante meses y nunca resuelven.

Hasta que finalmente se llega al mes de mayo de este año y se eliminan las Casas de Bolsa y el “Dólar Permuta”. En sustitución viene el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera –SITME- que es sumamente restringido, complementario a las autorizaciones de CADIVI y que permite a los importadores que no han recibido divisas en los últimos 90 días, acceder solo a US$ 300.000 mensuales. Para las personas naturales hay algunas opciones que igualmente son burladas: los viajeros supuestamente tendrían derecho a comprar US$ 5.000 anuales. Pero los bancos determinan que eso es válido solo después que se han agotado los US$ 2.500 de las tarjetas de crédito. Es decir, para un posible segundo viaje. Para los que envían remesas a familiares  tendrían derecho a US$ 1.000 durante 6 meses. Pero la mayoría de los bancos no hacen esas remesas. Solo queda hacerlas a través de Casas de Cambio, donde las divisas se encarecen en más de un 30% por las comisiones y gastos que estas cobran, pero estas no participan en el SITME. Y si el cliente va al banco y pide participar de estos bonos argumentando que la remesa la hace a través de una Casa de Cambio, tampoco lo aceptan porque ellos interpretan que ambas operaciones las tendría que hacer con el mismo operador cambiario.

Todo esto representa un verdadero “corralito” y ha permitido el renacimiento del mercado negro de divisas al cual no se debe acceder por estar penalizado por la Ley de Ilícitos Cambiarios y sobre el cual no existe libertad para informar en Venezuela, como tampoco existía respecto del “Dólar Permuta” por disposición de esa misma Ley. Como siempre sucede en estos casos, el precio de la divisa se ve fuertemente afectado por los riesgos penales asociados tanto al vendedor como al comprador. Además los importadores no pueden ir a este mercado por la sencilla razón que no pueden contabilizar una compra ilegal de divisas. Si alguien necesita traer urgentemente vía Courier un repuesto por ejemplo, simplemente no lo puede hacer. Los nuevos importadores, aún no inscritos en CADIVI, lo cual toma bastante tiempo, que vean conveniente para el país traer nuevos bienes y servicios, tampoco lo podrán hacer en el corto plazo. En pocas palabras, SE CERRÓ EL CÍRCULO. Cualquier semejanza con el Reino de Cuba es pura coincidencia….

Un comentario

  1. Excelente articulo. Se trata de una clase magistral
    de historia de los controles de cambio en Venezuela
    y de como en estos momentos se repiten, pero de ma-
    nera exponencial, todos los vicios y contradicciones
    de los anteriores. En realidad, se cerro el circulo.
    Nada raro en medio de un proyecto ya casi hecho rea-
    lidad de economia centralizada, con participacion
    marginal del sector privado y con miras a que nos
    convirtamos en una pais «socialista», que es lo mis-
    mo que comunista y lo que es igual a miseria.

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