Por Rodrigo Rivera M
La economía de un país podemos enfocarla desde diversos ángulos. Podemos medirla por sus índices de crecimiento y producción de riqueza. También podemos verla en cuanto a su impacto social, en cuyo caso se medirán sus bondades si genera suficiente empleo, los salarios cubren las necesidades de los trabajadores y hay equilibrio social. En este sentido el modelo económico que regirá un país se determina por el rol que juegan las políticas dirigidas desde el Estado.
En Venezuela en los momentos actuales existe una honda crisis social y económica que se manifiesta en desempleo, salarios de hambre, ocupación informal, desnutrición, deserción escolar, pobreza crítica en segmentos de la población, lógicamente la desigualdad social se ha profundizado. Para resolver esta crisis es evidente que debe salirse del modelo político actual que cercena las libertades y el Estado a manos de la pandilla gobernante ha ejecutado políticas que han frenado el desarrollo y paralizado la economía.
La pandilla cívico-militar gobernante es un grupo forajido, violador sistemática y permanentemente de los derechos humanos, irrespetuoso e incumplidor del orden jurídico, las normas, principios y obligaciones de las relaciones internacionales. Incluso permitiendo que en sus fronteras grupos guerrilleros (FARC, ELN) de otros países operen y tomen territorio venezolano como zona de descanso y refugio, lo que constituye una violación del derecho internacional, además, fomentan el terrorismo y amenazan la paz, tratando de expandir su poder e influencia en el exterior.
El gobierno forajido venezolano es un gobierno fracasado o fallido. Es fallido porque a través del manejo del Estado no puede garantizar su propio funcionamiento y los servicios básicos a la población. No obtiene o dedica las capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos. Las políticas de la pandilla gobernante cívico-militar ha llevado al país a la mayor crisis de su historia. el Estado luce en quiebra, destruido, arruinado (su principal industria PDVSA desfalcada), con una inmensa deuda pública, devaluación monetaria e inflación, sumido en una emergencia humanitaria ardua y múltiple.
El cambio en Venezuela no solo debe estar dirigido a establecer la democracia política, sino que debe avanzar hacia la democracia económica, en el sentido que se brinden oportunidades a la sociedad para el desarrollo de actividades productivas. Esto implica un nuevo modelo económico. En conversaciones con Carlos Alaimo y Abdón Vivas Terán hemos tratado el tema de un modelo de economía social actualizado a las realidades de la globalización, la multiculturalidad y al avance de las TIC´s y las nuevas tecnologías (IA y Robótica). Hemos conversado sobre la necesidad de una economía solidaria.
La economía solidaria es un modelo productivo alternativo al convencional que coloca en el pico de la pirámide de prioridades a las personas, el planeta, la transformación social y la transparencia. El concepto no es nuevo, aunque ahora ha adquirido una mirada más ecologista y humanista. Este tipo de modelo se la entronca directamente con la economía social, “incorpora en su ADN una inquietud y un objetivo de transformación social”, basado en educación de alta calidad y la participación ciudadana.
Así pues, la economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro. También se caracterizan porque son independientes con respecto a los poderes públicos, actúan orientadas por valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la inclusión y el compromiso con la comunidad, y, también, son promotoras de cambio social. Es un modelo socioeconómico que combina un sistema libre empresa de libre mercado junto con políticas sociales y suficiente regulación para establecer tanto una competencia justa dentro del mercado como un estado de bienestar en general. Esto es evitar las grandes brechas sociales.
En nuestros diálogos hemos señalado, conforme al humanismo cristiano, que la acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica; debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más débil. Para respetar estos dos principios fundamentales, la intervención del Estado en ámbito económico no debe ser ni ilimitada, ni insuficiente, sino proporcionada a las exigencias reales de la sociedad: El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis.
Un aspecto que debe examinarse es su articulación en el actual complejo fenómeno de la globalización económico-financiera, esto es, por un proceso de creciente integración de las economías nacionales, en el plano del comercio de bienes y servicios y de las transacciones financieras. La circulación de los capitales, se han acrecentado enormemente con una velocidad impresionante, al punto de consentir a los operadores desplazar en tiempo real, de una parte, a la otra del planeta, grandes cantidades de capital. Se trata de una realidad multiforme y no fácil de descifrar, ya que se desarrolla en varios niveles y evoluciona continuamente, según trayectorias difícilmente previsibles. Posteriormente, trataremos este tema y formularemos algunas ideas preliminares.
* Profesor de Ciencias Jurídicas Editado por los Papeles del CREM. Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca.
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