En las últimas horas, fue detenida en el estado Bolívar Yuletzy Josefina Salazar Caraballo, de 30 años de edad. En las gráficas sobre su captura, aparecen efectivos castrenses portando armas largas. Además, se le adjudicó un alias, como si se tratara de una delincuente de alta peligrosidad. La llamada “reina del Pampers” debe su sobrenombre a participar en el “mercado negro”, producido y criminalizado por controles del Gobierno y agudizado en medio de la escasez de productos básicos.
Yuletzy Josefina Salazar Caraballo había sido denunciada por supuestas agresiones físicas contra personas ubicadas en las colas de productos de primera necesidad. La suerte de esta mujer venezolana de origen humilde sería otra, si los productos se encontraran con suficiencia en los anaqueles de los abastos y comercios del país, y si las personas no se vieran en la necesidad o de sortear largas filas para poder adquirir la ración de productos que se les permite, o de acudir al mercado negro para, por ejemplo, poder dormir con tranquilidad, a sabiendas de que el bebé de casa tiene un pañal puesto.
Un decreto que convirtió en delito lo que antes era reventa
El Decreto 1348 del presidente de la República, Nicolás Maduro, con fecha del 24 de octubre de 2014, “prohíbe la venta o cualquier otro medio de intercambio, a través del comercio informal, ambulante o eventual, de los rubros y productos de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producidos en el país para el consumo del pueblo venezolano, indispensables para la vida digna, la salud, la seguridad y la paz social”.
La situación de la denominada “reina del Pampers”, como le tildan las autoridades para crear el halo de enemiga pública y de la revolución, recuerda a las detenciones del régimen cubano, que sentencia a años de prisión a personas por delitos tales como tráfico de huevos. Por insólito que parezca, en Cuba, el pasado mes de marzo, 19 personas fueron condenadas a penas de entre 8 y 20 años de cárcel por traficar más de ocho millones de huevos «liberados», como denomina el Ministerio de Comercio Interior de la dictadura castrista a los alimentos que se venden fuera de la libreta de racionamiento.
Efectivos de la Guardia Nacional, adscritos al Puesto Ferrys y Chalanas, realizaron la captura. Yuletzy Josefina Salazar Caraballo supuestamente caminaba por los alrededores del mercado municipal de San Félix, con la intención de comercializar ilegalmente productos de la cesta básica.
La dama, además, es reincidente, pues poseía una medida cautelar sustitutiva de libertad -arresto domiciliario- dictaminada por el Tribunal 1º de Control, con función en Ilícitos Económicos, debido a que en un procedimiento efectuado en mayo pasado, hallaron una cantidad considerable de productos en su residencia.
Lo hecho por Yuletzy Josefina Salazar Caraballo es criminalizado bajo el nombre de “bachaqueo”.
Un modelo que responde por las ramas a la caída de aparato productivo
El director general de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (Atraem), Alfredo Padilla, estima que el “bachaqueo” es producto de erráticos lineamientos económicos del Ejecutivo: “Debemos considerar que la ansiedad por comprar deriva de la incertidumbre de adquirir hoy lo que quizás no podamos encontrar mañana; esa es la consecuencia psicológica por una situación que ha generado el Gobierno con sus políticas, las cuales han promovido una gran escasez en productos que son demandados con muchísima necesidad por los consumidores”.
“El Gobierno controla las importaciones, la asignación de divisas, la distribución de alimentos, la distribución en general de los productos. Todo está sometido a un sistema de distribución controlado que además tiene su fundamento en un conjunto de leyes que generan múltiples trámites. Esto no puede sino generar un ecosistema de economía negra, de mercado negro”, señala.
“El Gobierno se luce cuando dice que casi no hay desempleo porque suma el que trabaja por cuenta de otro, en el sector público o privado – en el orden de 50 y tanto por ciento -, y el que trabaja por su cuenta que, de acuerdo con el INE, abarca 42 %; lo cual arrojaría unos niveles de empleo fenomenales. Entonces, a ese 42 % se le califica de especulador y no se le brinda la oportunidad de trabajar por su cuenta”, destaca.
Trabajadores informales: “no somos responsables del bachaqueo”
Argenis Urrechaga, coordinador general del Frente Nacional de Trabajadores no Dependientes, denuncia que autoridades quieren achacar el bachaqueo “al gremio más débil, que es el trabajador de la economía informal, cuando el mismo Gobierno ha aceptado que nuestros productos están en Colombia, porque en la frontera muchos militares caen en corruptelas”.
“A los trabajadores independientes nos están desapareciendo, ¿en qué forma?, en que los productos que nosotros adquiríamos antes ya no tenemos cómo comprarlos. Porque todo ha subido demasiado. Pongo el ejemplo de las ferias temporales. De alguna u otra forma allí la gente está quebrando. La gente tiene que subsistir, pide créditos y sigue endeudándose más y los productos que nosotros adquiríamos -las medias, las camisas- ya no los podemos comprar, porque hay que tener millones. Entonces, el Gobierno no entiende eso”, acusa Urrechaga.
“Retomamos la palabra al presidente Maduro, sobre los préstamos, para contrarrestar el bachaqueo. Él nos lo ofreció. De una y otra forma, ¿cómo tú le vas a exigir a unos trabajadores que no tengan esa cantidad de dinero que dejen de vender lo que está vendiendo una minoría? Porque eso es consecuencia de la misma situación. Son padres de familia y tienen que subsistir. No es igual un azúcar que vender ropa”, señaló el vocero.
Fuente: Prensa Unidad