El gobierno venezolano está aumentando los impuestos y las tarifas por servicios públicos al sector privado para compensar la disminución de los ingresos petroleros tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, según líderes empresariales y analistas, quienes predicen que las medidas obstaculizarán a la empresa privada, que ya atraviesa dificultades.
En febrero, Washington canceló licencias clave a varios socios y clientes de la petrolera estatal PDVSA (PDVSA.UL), incluyendo a Chevron, que les permitían exportar petróleo venezolano al amparo de las exenciones de las sanciones estadounidenses. También impuso aranceles secundarios a los compradores de petróleo venezolano.
Los analistas estiman que estas medidas podrían reducir los ingresos petroleros del país miembro de la OPEP, que rondaban los 15.000 millones de dólares en 2024, en aproximadamente un 30 %.
Esta pérdida de ingresos prevista ha llevado al gobierno a exigir pagos de impuestos por adelantado, realizar más auditorías, imponer multas significativas y permitir que las autoridades locales y los proveedores de servicios públicos aumenten sus tarifas, según una docena de empresarios. Estas medidas aumentan la presión sobre un sector privado que lidia con años de crisis económica, alta inflación y controles cambiarios.
Ni el Ministerio de Comunicaciones, ni el de Hacienda, ni la agencia tributaria respondieron a las solicitudes de comentarios.
El presidente Nicolás Maduro, quien en abril decretó una emergencia económica que le permite eliminar las exenciones fiscales, ya había solicitado a las autoridades en enero que duplicaran los impuestos sobre la renta, que ascendieron a 5.200 millones de dólares el año pasado. Las autoridades están atendiendo la petición: los ingresos fiscales aumentaron aproximadamente una quinta parte en el primer trimestre.
El gobierno de Maduro siempre ha rechazado las sanciones estadounidenses, calificándolas de «guerra económica».
Empresarios se han reunido con el gobierno para intentar que se revisen algunos impuestos, según tres fuentes, pero sin éxito.
Una encuesta realizada en mayo por el gremio industrial Conindustria, que representa a productores de alimentos, productos químicos, plásticos y textiles, reveló que el 77% de los empresarios identificó la carga fiscal como el principal obstáculo para sus operaciones. Alrededor del 60% de los encuestados prevé un aumento mínimo o nulo de la producción en los próximos meses. «Cualquier impuesto adicional que se pague provendrá del capital de trabajo», dijo Luigi Pisella, presidente de Conindustria. Añadió que la base imponible debe ampliarse para evitar concentrar la carga en las empresas existentes.
«Quienes logren un pequeño crecimiento serán quienes puedan gestionar este entorno adverso», dijo un industrial, que pidió no ser identificado.
SALVAVIDAS
El diputado oficialista José Vielma celebró el aumento de la recaudación fiscal.
«Con una mayor recaudación fiscal se ha podido paliar los momentos económicos difíciles», dijo Vielma a Reuters. «Debemos agradecer al sector privado, que ha hecho una contribución suficiente».
Los analistas lo expresan con mayor contundencia.
«Los impuestos son un salvavidas para el gobierno», dijo Luis Bárcenas, economista de la firma venezolana Ecoanalítica. La firma estima que la recaudación fiscal podría alcanzar los 13.000 millones de dólares este año y que las empresas están destinando la mitad de sus ganancias al pago de impuestos. La encuesta de Conindustria mostró que las grandes empresas no prevén un aumento de empleos, mientras que las medianas afirmaron que podrían reducir su plantilla en aproximadamente un 1%.
«Cuando no se tiene capital de trabajo, se deja de crear empleo», afirmó un empresario.
Algunas fuentes, especialmente del sector minorista, informaron que están cerrando tiendas con menores ventas.
«Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante le entrega al Estado», afirmó un empresario del centro de Venezuela, quien añadió que los impuestos municipales también influyen considerablemente en los precios.
Los fabricantes locales suelen tener fábricas en más de un municipio, lo que significa que a menudo están sujetos a mayores impuestos locales que las pocas empresas internacionales que quedan en Venezuela, que importan productos o tienen fábricas limitadas en el país.
«Para las empresas con producción local, el impacto es aún más crítico», afirmó el director de una empresa extranjera, que pidió no ser identificado.
Los servicios públicos, propensos a interrupciones, estaban fuertemente subsidiados cuando los ingresos petroleros eran generosos, pero los precios se han más que duplicado en lo que va del año, hasta marzo, según el Observatorio Financiero Venezolano. Se espera que la inflación, que cerró el año pasado en el 48%, alcance el 200% para finales de 2025.
Fotografía: fotomontaje de ews-Redacción.
Fuente: Reuters con edición de Christian Plumb y Nia Williams.