Los arrendadores que no se inscriban en el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda pueden ser sancionados con el equivalente a 400 unidades tributarias (UT) por cada inmueble que dejen de reportar, recordó la superintendente Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Ana Marina Rodríguez. Esta multa representa un valor superior al valor promedio de las propiedades en alquiler, por lo que no es exagerado decir que perderán su propiedad si son multados.
«Si no se registran y se inscribe uno de sus inquilinos, y nos percatamos de que ese propietario no se ha inscrito, le iniciamos un procedimiento sancionatorio. Le corresponden 400 unidades tributarias por cada inmueble que no haya sido inscrito. Si tienen cien inmuebles, que vengan y los inscriban los cien», indicó.
El valor de la unidad tributaria actualmente es de 90 bolívares, por lo que la sanción por cada inmueble que no se registre alcanza los 36.000 bolívares.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en vigencia desde noviembre de 2011, atribuye a la Sunavi la creación de una Registro Nacional que abarca a arrendatarios y arrendadores. Este también incluirá los contratos de alquiler.
Rodríguez indicó que ha habido casi 10.000 registros, de los cuales, la mayoría, son inquilinos. «Ha habido resistencia de los propietarios. Creo que en parte fue por la coyuntura electoral. Hay pocos propietarios», comentó.
«Anteriormente no existía registro de arrendamientos y el Estado no podía saber cuántas viviendas estaban en arrendamiento ni dónde estaban. Este registro permite identificar el inmueble, al arrendador y si es multiarrendador o pequeño propietario, así como saber quiénes son los inquilinos, dónde habitan, y fijar, controlar y regular las relaciones de arrendamiento, como establece la Ley», añadió Rodríguez.
En el enlace de la Sunavi que está en el portal web del Ministerio de Vivienda y Hábitat (www.mivih.gob.ve), están los formatos para activar los procedimientos ante la Superintendencia. Uno de ellos se refiere al registro, bien sea de arrendadores o de arrendatarios. Este documento debe ser presentado, junto a los requisitos establecidos en el Reglamento, ante la sede de la institución, en Caracas o en los estados, tras lo cual se les consignará un certificado de registro.
Del mismo modo, la superintendente comentó que el organismo ha activado una gran cantidad de procedimientos sancionatorios para los infractores de la Ley, por ejemplo, propietarios que han desalojado a inquilinos o promueven los llamados hechos de perturbación de la posesión, como suspender los servicios o cambiar la llave para presionarlos a fin de que desocupen el inmueble.
«Para esas acciones existe una sanción. Estamos sustanciando los elementos para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones», agregó.
Del mismo modo, en caso de que los inquilinos incumplan con el pago de canon durante cuatro meses, el propietario puede activar los procesos previos a las demandas en la Sunavi, que conducirá primero a una audiencia de mediación en sede administrativa y, si no hay acuerdo, a la vía judicial. Los desalojos arbitrarios están prohibidos en el país.
Venta de edificios de vieja data
La superintendente comentó que ha habido receptividad en el proceso de negociación de los cien edificios de vieja data que serán vendidos a sus inquilinos. La sexta disposición transitoria de la Ley establece que los arrendatarios de edificios destinados por completo a arrendamiento desde hace más de veinte años tendrán el derecho de adquirir las viviendas donde residen, a menos que sean propiedad de pequeños arrendadores.
Rodríguez indicó que el proceso avanza y que ya hubo reuniones con la banca pública y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), a fin de generar los mecanismos para la venta de esos inmuebles.
«Ha habido receptividad ahora aunque el proceso estuvo un poco lento. Se presentó algo de resistencia por parte de algunos propietarios que contaban con el triunfo de Henrique Capriles y tenían la instrucción política de la derecha de negarse a la negociación. Ahora sí están dispuestos a negociar tras el triunfo de la revolución», indicó.
Señaló que los propietarios de doce edificios se han acercado para continuar la negociación. Asimismo, indicó que aunque ya estos inmuebles tenían un valor establecido, es posible que esto se revise ahora con la reciente publicación de los valores de construcción para determinar el valor de reposición de los inmuebles alquilados. «Vamos a ver qué surge. Se pretende que el valor sea justo. Si existe la necesidad de hacer algún ajuste, habrá que realizarlo», agregó.
Fuente: AVN, Redacción