Nacionalizadas explotación e industrialización del oro

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Ahora los mineros serán empleados públicos.

Con el objeto de regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro; reservar al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas para su ejercicio, la Presidencia de la República emitió este lunes el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica que nacionaliza la explotación e industrialización del oro.

El decreto 8.413 publicado en la Gaceta Oficial 39.759, de fecha 16 de septiembre que circuló este lunes, destaca que la aplicación de la legislación «permitirá revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de los mineros y pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras, ya que pretende vincular la explotación del mineral con la ejecución de políticas públicas que se traduzcan en el buen vivir del pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional».

El oro pertenece a la nación

La nueva norma, decretada en el marco de la ley habilitante promulgada a mediados de diciembre pasado, establece que los yacimientos de oro existentes en el territorio nacional pertenecen a la República y son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado. Además de inalienables, imprescindibles y carentes de naturaleza comercial por ser recursos naturales no renovables y agotables.

“Todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela, a través de la aplicación de prácticas científicas y tecnológicas, procurando la óptima recuperación o extracción racional del recurso aurífero, respetando la conservación ambiental y la ordenación del territorio”, reza la ley.

De este modo, las actividades mineras sólo podrán ser ejercidas por la República a través de su institutos públicos, o empresas de su exclusiva propiedad, o filiales. Así como por empresas mixtas, en las cuales la República, tenga control de las decisiones y mantenga una participación, mayor del 55% del capital social.

El instrumento legal contempla el cambio de las concesiones, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y contratos para la exploración y explotación del oro, a un esquema de Empresa Mixta, por lo que se designará una comisión que negociará, en un margen de 90 días continuos a la publicación del Decreto Ley, la constitución de estas asociaciones

Asimismo, determina que de las cantidades de oro extraídas de cualquier mina o yacimiento, el Estado tiene derecho a una participación de 13% como regalía, cuyos parámetros serán establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Dichas regalías podrán ser rebajadas hasta un límite del 3% a las empresas mixtas vinculadas a proyectos mineros de interés social.

Aquellos que realicen las actividades primarias, conexas o auxiliares, sin cumplir con las formalidades establecidas por el Estado, serán penados con prisión de 6 meses a 6 años.

Regulación económica, social y ambiental

Para el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional-AN, Luis Acuña, la medida, que le permite al Estado tomar el control del sector aurífero, generará beneficios en los aspectos económicos, sociales y ambientales.

Acuña indicó que a partir de la promulgación del instrumento legal, se le garantizará al Estado la posesión del oro que se extraiga dentro del territorio venezolano.

“Antes cualquiera extraía y comercializaba oro y comercializaba sin ningún control, pero ahora todo el mineral debe pasar a manos del Estado, quien deberá cancelar lo que corresponda a los que realicen las labores de extracción”, dijo en una entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias-AVN.

El diputado señaló que las condiciones de vida de los mineros que trabajan en las pequeñas empresas serán reivindicadas, a través de la normativa.

“El Estado ha considerado importante agruparlos y organizarlos, para tratar de que ellos, en conjunto con el Estado, efectúen de una manera adecuada las actividades de explotación, lo que significará unas mejores condiciones de vida para aquellos a los que por muchos años se les ha expoliado el producto de su trabajo y no gozan con ningún tipo de seguridad”, subrayó.

En relación con el impacto ambiental de la normativa, Acuña resaltó que el Gobierno tendrá la potestad de evitar que se ubiquen áreas de explotación en zonas que deben ser resguardadas por su importancia ecológica.

“La ley protege nuestros recursos naturales frente a la depredación de cuencas de ríos, daños ambientales, contaminaciones por mercurio, ya que lo que se plantea es una explotación racional, apegada a las normativas de preservación”, agregó.

Fuente: AVN

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