Luis Barragan: Empresarios venezolanos en el Esequibo

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luis barraganpor Luis Barragan

Mes y medio o dos meses atrás, supimos de una empresa de carácter privado, en la que participan especialistas venezolanos de un anterior desempeño en PDVSA, que busca o ha encontrado cupo en las concesiones petroleras, u en otros rubros, otorgadas por el gobierno guyanés. Nos permitimos públicamente ventilar nuestras observaciones, porque las redes sociales ya conocen del caso.

Absolutamente desvinculados de las empresas presuntamente favorecidas o de las que buscan favorecerse por Georgetown, preocupados por el presente y el futuro de nuestra reclamación oficial, preferimos adoptar una posición más cautelosa al respecto. Varias razones lo aconsejan, porque – en un extremo – puede tratarse de un gravísimo delito de traición a la patria, o – en el otro – de una muy lícita actividad comercial e industrial que amerita de la consideración, investigación y ponderación de la Asamblea Nacional, como de la propia opinión pública.

En principio, versamos sobre una lícita actividad empresarial que busca y halla oportunidades en el vecino país, sin que exista impedimento ningún legal, excepto el moral que también puede alegarse. Que sepamos, no hay prohibición alguna de relacionarse con el vecino país, expresa e inequívocamente, tal como ocurrió con los inversionistas estadounidenses que tuvieron por obstáculo el bloqueo oficial de Cuba, por muchos años, por lo que, sólo hipotéticamente, PDVSA pudo concursar para ganar las concesiones guyanesas, o – mejor – ciertamente la transnacional pudo sistemáticamente explorar las aguas esequibanas de Venezuela para encontrar lo que ha anunciado la Exxon Mobil.

Muy distinta situación es la de una empresa con participación minoritaria o mayoritaria venezolana que, al desmadejarla, incurra en posibles delitos, como el de los accionistas y directivos que emplean una información adquirida ventajosamente con antelación, en desmedro de nuestros intereses nacionales; que la conformación de la empresa cuente con visos y vicios que, directa o indirectamente, comprometan a funcionarios gubernamentales; incurra en un ecocidio u otros males que afecten la integridad de un territorio que, al fin y al cabo, es nuestro; sus personeros incursionen en dudosas labores paralelas; o quizá lo deseable es que presten sus servicios al país que los vio nacer. En nada desmerecemos a las organizaciones denunciantes en las redes sociales, haciendo nuestra la preocupación al tratarse de un territorio en disputa, amparado por el Acuerdo de Ginebra que, en todo caso, habla de una explotación conjunta.

El asunto confirma de nuevo la necesidad de contar con una Comisión Especial referida al Esequibo, en la Asamblea Nacional, tal como lo hemos planteado. Naturalmente, orientada a la investigación, el control y la legislación indispensable en la materia.

@LuisBarraganJ

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