Por Luis Barragán
Convengamos: la presente etapa pretransicional levanta las más obvias expectativas en torno a las distintas elecciones que debemos celebrar para convencernos de trillar el camino del cambio definitivo. Sin embargo, es necesario advertir que el proceso que nos compromete no suprime la competencia, sino que modifica y transparenta radicalmente sus condiciones.
Habrá quienes apuesten por la construcción de sendas barricadas comiciales, trincheras cerradas para no someter a prueba la realidad interna de los partidos, como también suelen evitar las organizaciones de la sociedad civil. Siendo la competencia un dato natural en la búsqueda del poder político, da soporte y fundamento a las aspiraciones, intereses, alianzas, concertaciones y disputas mediante reglas que legitiman el proceso, en lugar de aquella competencia nominal o formal caracterizada por la deslealtad, el ventajismo, la mentira, la extorsión y la coacción que hicieron perdurable, acumulativo y artificioso todo conflicto, a juzgar por lo transcurrido en el presente siglo.
La propia transición es objeto de rivalidades empeñadas en interpretarla y construirla, por no mencionar las que se esfuerzan en obstruirla, procurando imponer su interpretación, tiempos y condiciones que el fortísimo tutelaje olímpicamente ignora, dándole poco o ningún margen de disputa interna y externa a los negociadores que actúan sobre reglas que ya vienen decididas. La fidelidad transicional es lo mínimo que se les pide a las partes, aunque —al menos públicamente— desconocemos las reglas pendientes de considerar y aplicar para aquellas fases avanzadas en las que presumimos habrá una redistribución de intereses, oportunidades y costos políticos, provocando nuevas adhesiones y animadversiones.
Aceptamos que no todos los que juran aspirar al cambio coinciden en el mismo modelo transicional, como tampoco todos desean que concluya. Hay quienes se esforzarán en conquistar el poder con las nuevas reglas y otros en preservarlo, o preservar cuotas importantes, mediante una modificación gatopardiana de conveniencia y cálculo.
De asumir la transición como una recomposición continua de incentivos y costos políticos, comprenderemos que preservar las posiciones, ceder, negociar, retardar, acelerar, bloquear o pactar no siempre tiene el mismo precio. Siendo indispensable la participación abierta para la legitimación del proceso, aparecerán nuevos actores y exigencias en un espacio social nada homogéneo, cancelado durante casi tres décadas, con demandas muy definidas e impostergables, exigencias de justicia y rendición de cuentas, protagonistas de una —ojalá— distinta competencia pluralista al compás de la inevitable incertidumbre y también de las emboscadas, ardides y tramas propias de las pugnas que escapan de las reglas.
Importa, por ello, la capacidad de competir, porque pregonar la sola condición opositora no hará automáticamente competitivo al partido o al dirigente. Hasta nuevo aviso, entendemos que deben contar con credibilidad, capacidad de convocatoria, organización, reconocimiento social, propósito definido, capacidad de articulación de intereses diversos, trayectoria y, sobre todo, una propuesta de poder y capacidad para convertir el descontento en un esfuerzo políticamente eficaz.
Dadas las asfixiantes condiciones de la centuria, reaprendamos a ser competitivos, aunque – admitamos – no será suficiente para atajar el nivel de atomización hábilmente inducida de los sectores políticos y sociales de la oposición. La competencia misma puede facilitar la unidad esencial y convincente, remontando la cuesta de coaliciones específicas y concretas para afrontar los desafíos electorales, garantizar la continuidad del cambio y sortear exitosamente las triquiñuelas de un oficialismo que, a lo mejor, se hará irremediablemente competitivo, como lo supo hacer un ya remoto día de la mano de Luis Miquilena.
La competencia transicional abre la posibilidad de una genuina, limpia y convincente disputa por el poder, que incluye la posibilidad de perderlo en cualquier nivel y escala, pero con la continuidad garantizada de esas reglas. Éstas deberán escapar del control absoluto de alguna individualidad o de la mayoría ganadora de los cuerpos deliberantes, por más que lo diligencie, suscitando el celo permanente de todos.
Atentos, pues, a no confundir los indicios ciertos y fundados de una transición con la transición misma hacia la libertad y la democracia y, muchísimo menos, con una maniobra de reacomodo del orden existente. La distinción importa algo más que metodológicamente, porque allí donde inicia una competencia por la transición, también propicia la aparición o el regreso de aquellos que procurarán condicionarla, retardarla o impedirla.
* Editorialista Alterno