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Por Eduardo Martínez

En la crisis profunda que vive la sociedad venezolana se ha discutido -y se sigue discutiendo- el orden en el cual hay que solucionar los problemas. Por supuesto que prevalece la opinión de quienes integran el actual gobierno. Con lo cual, nada se soluciona.

Para la élite gobernante, y ha sido su esfuerzo en los últimos dos años, todo se trataría de atacar la crisis económica. Para ello, han liberado el mercado cambiario, luego de establecerse un estricto control de cambio y perseguir bajo amenaza de cárcel a quienes negociaban el cambio de dólares. Además, de dar marcha atrás a algunas medidas restrictivas de las libertades económicas y de la libertad de empresa.

Eso no ha sido suficiente. Por lo que es necesario analizar cómo fue la secuencia de la crisis entre los tres sectores capitales: lo social, lo político y lo económico.

Lo político

Desde 1999, se fue imponiendo en Venezuela un sistema político de fuerte cariz autoritario y de centralización del poder. El cual se inició con un cambio constitucional total.

Cambiado el marco legal, con la nueva Constitución, el régimen naciente bajo nuevos lineamientos constitucionales, procedió por la vía de decretos, reglamentos y anuncios presidenciales, a restringir libertades fundamentales: para la prensa escrita asumió el monopolio del papel; para los medios de comunicación de radio y tv, procedió a anular las concesiones, elaborar leyes restrictivas y paulatinamente sacar del aire a medios no afectos a la ideología guberbamental.

Esto les permitió el control de la Asamblea Nacional, del poder judicial, de la Fiscalía y del poder electoral. Las reglas y procedimientos de elección garantizaron la perpetuación en sus manos del poder, y la neutralización de cualquier recurso legal.

Asimismo, inicio la ideologización de la educación; el cambio del alineamiento tradicional venezolano con Occidente, hacia una nueva articulación internacional con Cuba, Rusia, China, Irán y los países islámicos del Medio Oriente como Irak y Siria.

Lo económico

Bajo el amparo de la proclamada política de los “5 ejes de la revolución”, se impulsó una serie de leyes económicas que tuvieron como precedente la estatización de las comunicaciones, la generación y distribución eléctricas, las llamadas empresas básicas de Guayana, las industrias de alimentos más grandes país, incluyendo las haciendas y las plantas procesadoras de insumos para la agroindustria.

Luego se sustituirían los contrados de la “apertura petrolera”, se incautaría toda la infraestructura de contratistas de PDVSA. Estos cambios unilaterales de contratos, y el no resarcimiento de los daños provocados, llevaría a la República a enfrentar demandas multimillonarias que todavía se ventilan en tribunales extranjeros.

Estas nuevas leyes y otros instrumentos legales, aunado a la toma de los centros productivos, ocasionó una merma de la producción nacional de bienes y servicios básicos. Lo que desencadenó un período de escasez como nunca antes lo había vivido el país. Ni siquiera en los años de la crisis mundial de la Segunda Guerra Mundial.

Para el resto de las industrias manufactureras, que habían sobrevivido el período del restrictivo control de cambio para la adquisición de las materias primas y maquinarias, los niveles de producción fueron cayendo a mínimos históricos.

Para tener una idea de la magnitud del daño, basta con recordar las estadísticas de Conindustria, que advierte que de las 12 mil industrias existentes para 1999, hoy en día están operativas una cuarta parte. En tanto, los niveles de producción alcanzan a la tercera parte de la capacidad de producción instalada.

Las concecuencias de este proyecto político socializante, y por lo tanto autoritario, fueron la escasez y la carestía de los bienes y servicios. Lo que incluyó la caída progresiva de la producción petrolera, que generaba el principal financiamiento del Estado.

Lo social

Al final, a trocha y mocha, el fin último ha sido el control social. La articulación de todos los cambios perseguía controlar la vida y voluntad de los venezolanos. Así se ha mantenido pro debajo del nivel de sobrevivencia a las clases populares y la otrora clase media.

Sin embargo, el negativo impacto económico en la población propició una profunda crisis social, que empujó a emigrar a casi una tercera parte de la población. Los que aquí se quedaron, están sometidos a las consecuencias de la miseria inducida.

Tal vez, la nomenclatura política del régimen no tuvo la visión que esa miseria ocasionaría un malestar de tal magnitud, que solo una despiadada represión policial y militar ha sido lo único que la ha podido mantener a raya. Por lo menos, hasta ahora.

El orden a seguir para una solución

Es obvio, que el énfasis del régimen en aplicar paños alientes a la economía, no ha solucionado los problemas. Y, es que no sea necesario solucionar la crisis económica. Claro que más que es necesario, es indispensable.

Tampoco, ha dado resultado atacar lo social -como lo ha hecho el régimen- con sus bonos, Patria, Clap y otras limosnas. Esta política no ha solucionado la crisis.

Así es que finalmente caemos en lo político. Y en este análisis es fundamental dedicar unas líneas a la excusa de las “sanciones del Imperio”, como cacarean los altos mandos revolucionarios.

Primero, hay que advertir que cuando los Estados Unidos comenzaron a aplicar las primeras medidas sancionatorias el régimen venezolano, ya la economía venezolana venía en picada, la producción petrolera alcanzaba bajos niveles históricos, escaseaban los productos básicos, y la inflación se disparaba.

Segundo, las sanciones han sido personales a los jerarcas del régimen, y a empresas del Estado que han infringido las sanciones a Irán.

Dejado de lado el tema de las sanciones, nos queda en el tapete el adoptar soluciones políticas, que como reflejan las encuenstas que sondean las opiniones de los venezolanos, advierten que no menos del 65% se inclina por medidas radicales, y un 30% por medidas graduales. La lectura correcta, es que prácticamente la totalidad del país exige cambios (95%).

Regresando al orden, la secuencia se nos presenta claramente: hay que adoptar soluciones para la crisis política, que genere un marco constitucional y legal, con gobernantes que propongan un modelo distinto al socializante.

Estos cambios políticos, alentarían y permitirían una cambio económico. Para en paralelo, comenzar nuevamente a mover el aparato productivo de bienes y servicios, promover puestos de trabajo con salarios justos, aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, contener y disminuir la espiral inflacionaria, y permitir finalmente la acumulación de riqueza.

Solamente, atendiendo lo político primero y luego lo económico, la recuperación social será posible.

Sin embargo, la crisis es de tal magnitud y profundidad, que será atender estas tres crisis simultáneamente. Aunque es claro, que se debe empezar por lo político, y en paralelo, atender lo económico y, como consecuencia lo social.

Dicho de otra manera, sin solucionar lo político e impulsar lo económico, no habrá un desmontaje de lo social. No habrá paz para los venezolanos.

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