Por José Ignacio Hernández G.
Al filo de la medianoche del 29 de julio de 2024, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) leyó un papel según el cual, Nicolás Maduro había resultado electo presidente de Venezuela, con el 51% de los votos. En un país que acumula un largo historial de violaciones a las condiciones de integridad electoral, este anuncio resultó, en más de un sentido, inédito1. Así, este anuncio se hizo ignorando todos los procedimientos de escrutinio y totalización, así como las normas de competencia del CNE. Se trató, en realidad, de un anuncio personal de quien preside el CNE, actuando abiertamente fuera de sus facultades. Este tipo de irregularidad, hasta ahora, no había sido cometido, pues en 2013 y 2018, y al margen de las malas prácticas electorales, al menos se cumplieron las formas mínimas.
Estas violaciones permiten hablar de una vía de hecho electoral, pues esta adjudicación -y posterior proclamación- no respondió a las formalidades previstas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), sino a puras actuaciones materiales de quien preside el Consejo. Por lo tanto, en realidad, la adjudicación y proclamación no pueden surtir ningún efecto pues resultan de una vía de hecho electoral2. Desde un punto de vista jurídico, Maduro no ha sido proclamado presidente.
Para seguir leyendo:
«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».