Por Guillermo Bello Vicentini
Este 3 de octubre del 2020 se cumplieron 10 años de una de las expoliaciones mas recordadas y de mayor repercusión negativa al pueblo venezolano.
Con descarado abuso de poder, de manera ilegal y arbitraria el gobierno activó un mecanismo expoliatorio que afecto el conglomerado agro industrial de mas envergadura en la producción de alimentos.
La expoliación de Agroisleña tuvo en el país un efecto similar al de una bomba atómica en materia de producción de alimentos a nivel nacional; abrupta caída en la producción de alimentos, hambruna, diáspora y un trauma psicológico en productores del sector agroalimentario de la nación.
Este grupo especializado en tecnología y procedimientos de producción en el campo, que prestaba servicio a mas de 250.000 empresarios del sector alimentos en el país, fue una de las muchas víctimas de la codicia y los intereses maquiavélicos de un Régimen en contra del sector privado, con deseos de crear su Nueva Casta Empresarial sumisa al poder político, cuyo objetivo es importar alimentos a dólares preferenciales y a costa de la disminución de la producción nacional.
Sin medir las consecuencias del daño que representaba para la nación, destruyeron el esfuerzo de 30-50 años de crecimiento paulatino del campo.
El efecto psicológico del empresario atemorizado trajo consecuencias negativas; en el agro disminuyó la inversión para la siguiente cosecha, en el pecuario se inicio la reducción del rebaño y en la agroindustria el autodesmantelamiento.
Agroisleña era una empresa privada que por su dimensión y especialización se mezcla o confunde como empresa de servicio del Estado y cuya expoliación afecto negativamente la vida diaria de la nación.
No tanto a los propietarios, como al ciudadano común que es la verdadera víctima invisible que sufre las consecuencias de la falta de alimentos, como también el sector empresarial por la falta de materia prima para producir.
A Venezuela le expoliaron su producción de alimentos y al pueblo su derecho a alimentarse.
En el sector empresarial la confianza no se decreta, se inspira con respeto a las leyes y al Estado de Derecho. Se debe derogar aquellas leyes y decretos controladores de la producción nacional, así como restituir los bienes a sus legítimos propietarios con su respectiva indemnización.
En fechas conmemorativas y de reflexión a futuro, no debemos olvidar el caso AGROISLEÑA… 10 AÑOS DESPUÉS.
(*) guillermobellovicentini@gmail.com