La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, designó un equipo especial para atender aquellos casos donde centros de salud privados incurran en la irregularidad de solicitar clave de acceso a enfermos que acudan a las salas de emergencia.
Agregó que enfermeros, médicos, accionistas y dueños de clínicas o representantes de las empresas aseguradoras que exijan tal trámite y por esa razón el paciente se vea afectado, podrían ser imputados por los delitos de homicidio culposo, lesiones personales, omisión de socorro o violencia obstétrica.
La máxima autoridad de la Institución, señaló que la directora de la Unidad de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Público (MP), Rocío Gásperi; los fiscales 48° y 84° nacional, Zair Mundaraín y Yurima Gil, respectivamente; y el fiscal 5° ante la Sala Constitucional y Casación del Tribunal Supremo de Justicia, Tutankamen Hernández, conforman el equipo especial.
Con ellos, un equipo de médicos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales de la Institución, conjuntamente con fiscales en las regiones, serán los encargados de conocer e investigar este tipo de casos a los que la Fiscal General tildó como “problema de Estado”.
De igual manera, señaló que las leyes orgánicas Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, consagran como delito la conducta de “no proporcionar el debido auxilio a una persona que, a pesar de tener una póliza de seguro, la clínica se niega a prestar la atención inmediata por falta de clave”.
En ese sentido, las personas que se vean afectadas por este tipo de prácticas, deben comunicarse con el MP a través del número telefónico 0800FISCA-00 (08003472200) e inmediatamente un fiscal de la Institución se presentará en el sitio.
Ortega Díaz, acotó que el artículo 83° de la Carta Magna señala: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. Es decir, “que la salud es considerada un derecho humano fundamental y con el no se puede comercializar”, indicó.
Asimismo, el numeral 22 del artículo 40° de la Ley de la Actividad Aseguradora señala: “Queda prohibido a las empresas de seguros y las de reaseguros negarse a otorgar la cobertura inmediata en casos de emergencia prevista en el contrato de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, condicionada a la emisión de claves o autorizaciones de acceso”, refirió la Fiscal General.
En consecuencia, aclaró que “las clínicas y las empresas aseguradoras tienen que ponerse de acuerdo para establecer un mecanismo expedito que permita a la persona que va a acudir a un centro de salud un acceso inmediato. Después que la persona se le esté prestando los primeros auxilios, que vayan resolviendo paralelamente el problema de los trámites administrativos”, señaló.
Ajustes necesarios
La Fiscal General se refirió a los altos costos que cobran clínicas privadas y pólizas de seguro, situación que afecta a todos los venezolanos, “sobretodo a las personas que no tienen dinero porque los que tienen dinero pueden permanecer mucho tiempo allí y no pasa nada porque tiene con qué cubrir los gastos”, indicó.
Asimismo, Ortega Díaz convocó una reunión para el venidero lunes 20 de junio de 2011 a las 11:00 de la mañana en el edificio sede del Despacho, ubicado en la avenida México, plaza Parque Carabobo, municipio Libertador, para realizar un estudio de costos.
Ortega Díaz informó que “en ese sentido se debe analizar el importe de los servicios que prestan las clínicas y si se corresponden con lo necesario para obtener unas ganancias razonables”.
Para ese día se tiene previsto la visita de la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader; el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rottondaro; el presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Augusto Montiel; y el presidente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez.
La finalidad de la convocatoria realizada por la máxima autoridad de la Institución es “tomar medidas desde el punto de vista de la prevención, es decir, no podemos esperar que el mal ocurra o esté ocurriendo. Hay que tomarlas desde ahora y que, además, las clínicas tengan claridad con respecto a las empresas de seguro”, señaló.
Asimismo, Ortega Díaz informó al país que en los próximos días se imputarán a tres personas presuntamente implicadas en la muerte del ex pelotero grandeliga y de los Leones de Caracas, Oscar Azócar, quien falleció el 14 de junio de 2010 en la clínica La Viña, ubicada en el municipio Valencia, estado Carabobo, aparentemente por no haber sido atendido a tiempo.
Recordó que “el MP asume la responsabilidad y se pone al frente de este problema como garante de los derechos humanos, pese a que la función de la Institución es en la materia penal” acotó.
Fuente: Prensa MP