Por Fernando Camino Peñalver
Además de la caída de la capacidad adquisitiva de la población que ha contraído la demanda interna de alimentos, la comercialización de la producción agrícola nacional se ha convertido en este primer trimestre en un grave problema, debido a la incertidumbre que tienen los agricultores de cosechar y de sembrar sin tener un destino cierto para su producción.
Es el Estado el responsable de velar por el buen desempeño de las actividades económicas, sin que ello implique intervencionismos indeseables. El gobierno debe erigirse como árbitro entre los sectores productivos, para acordar medidas que ayuden a solucionar la controversia existente en la comercialización tanto de materia prima como de productos agrícolas de consumo directo y de los alimentos manufacturados.
Pero este gobierno en vez de ayudar a la solución del problema, se ha convertido en parte del mismo, con su participación como comprador de alimentos para los Clap y por su intromisión en la comercialización de rubros como el azúcar, el aceite crudo de palma, el café y las hortalizas.
El gobierno estimula la importación de azúcar y de aceite crudo de palma mediante la exoneración del pago de impuestos y de aranceles, dejando sin mercado la producción interna de estos productos. En el caso del café, el gobierno mediante el oligopolio establecido por las empresas que le pertenecen, ha creado distorsiones en la comercialización de este rubro bajando los precios e interviniendo en la colocación de la cosecha.
No menos grave es el caso de los horticultores que están siendo afectados por el contrabando de papas y de cebolla, ante la mirada indolente de los organismos oficiales que permiten este delito. Además de permitir el contrabando, el gobierno también está otorgando permisos de importación de estos rubros sin pago de impuestos y ni de aranceles, manteniendo una competencia desleal que perjudica la producción nacional.
Exigimos una política oficial concertada con todos los integrantes de la cadena de producción, a fin de estimular el entendimiento entre los sectores, evitando medidas arbitrarias que puedan favorecer a alguno de ellos. El gobierno debe asumir su responsabilidad de velar por el buen desempeño de las actividades económicas.
A partir del cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de este año, se ha acentuado la caída de la capacidad adquisitiva de más del 85% de la familia venezolana, debido al desajuste de la macroeconomía nacional, situación generada por el gobierno ante la ausencia de políticas acertadas, sobre todo en materia monetaria y cambiaria.
El encarecimiento del costo de la vida ha sido impulsado por una inflación anualizada, estimada en un nivel superior a 500% y un creciente desempleo causado por la desaceleración del PIB en un 50% en relación al crecimiento del pasado año. Esta situación ha dado continuidad al progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, que impide al núcleo familiar acceder a la compra de la totalidad de los alimentos, que en el mes de marzo de este año tuvieron un costo superior a 500 dólares.
La contracción de la demanda de alimentos y la competencia desleal a favor de la oferta importada en detrimento de la producción nacional, permiten que la importación se mantenga en 75% de la menguada demanda nacional. Es importante señalar que a pesar de las circunstancias adversas para producir, el sector agrícola tiene capacidad de producción como para aportar al mercado nacional un porcentaje superior al 25%.
Ante el deterioro progresivo del poder adquisitivo de la población, el cual impide el crecimiento de la producción nacional, exigimos al gobierno restablecer la autonomía del BCV y diseñar políticas destinadas a corregir los desequilibrios macroecomicos que puedan detener la inflación y promuevan la creación de cientos de miles de empleos decentes, que aumenten el ingreso y la estabilidad económica familiar para estimular el crecimiento del consumo. Exigimos también, concertar la política de importaciones para evitar la competencia desleal en detrimento de la producción nacional.
En el primer trimestre de este año, la actividad agrícola está dedicada fundamentalmente a la cosecha de arroz, de leguminosas y de oleaginosas, sembradas en el ciclo norte verano de finales del pasado año, a la zafra de caña de azúcar 2022 – 2023 y a la preparación de tierras para la siembra de cereales en ciclo invierno de este año. No menos importante es la actividad, en estos primeros meses del año, de la continua producción de hortalizas, de tubérculos y la recolección de café y de palma aceitera.
En este trimestre, todas estas actividades han sido entorpecidas por la falta de combustibles, situación ésta que pone en riesgo de pérdida la cosecha de arroz, de frijoles, de ajonjolí, de girasol, de café, de palma aceitera y la zafra de caña de azúcar. La escasez de combustible, además de paralizar la cosecha, la zafra y la recolección de los rubros mencionados, afecta también la preparación de tierras para la siembra de cereales y las labores de mantenimiento de los cultivos de caña de azúcar, café, palma aceitera, frutales y en el sector pecuario, el mejoramiento de los pastizales.
Es necesario darle prioridad a la oferta de combustibles para la producción de alimentos. Por lo tanto exigimos al gobierno normalizar la producción de los mismos y que se permita al sector privado la importación de gasolina y de gasoil.
La obligación que le impone el BCV a la banca nacional de hacer un encaje legal superior al 70% de su cartera de depósitos, está impidiendo la normal fluidez del apoyo financiero que debe recibir el sector productivo nacional. La falta de créditos necesarios para atender las necesidades de los circuitos agroalimentarios, está frenando el crecimiento de la producción de alimentos en el país.
La cartera disponible en la banca para financiar todas las actividades del país, al cierre de este trimestre, fue el equivalente a 862 millones de dólares. La cartera agrícola cerró en 136 millones de dólares. Este monto no cubre ni siquiera el financiamiento para la siembra de cereales, la cual demanda 500 millones de dólares del total de las necesidades del sector agrícola vegetal, el cual precisa de 1.200 millones de dólares. Además, hay que tomar en cuenta, que solo para el primer semestre, la demanda se estima en un 60% de este monto. Es evidente que esta situación está obligando a la banca a una minuciosa selección en la colocación de la cartera agrícola y quedan excluidos la gran mayoría de los pequeños productores y la población dedicada a la agricultura familiar. Ambos sectores también son marginados por el oficialismo.
Con la urgencia que amerita esta grave situación, exigimos que el BCV modifique su política y libere del encaje legal el monto necesario para financiar la producción de alimentos. Exigimos también que la banca pública atienda el requerimiento crediticio de la agricultura familiar y de los pequeños productores.
Ante el incremento en este trimestre de la inseguridad jurídica y personal en el medio rural, exigimos: Restablecer el respeto a la propiedad privada, evitando las invasiones de las unidades de producción agropecuarias. Combatir los delitos que ponen en peligro la seguridad ciudadana en el medio rural, así como evitar los abusos cometidos en la emisión de permisos y de guías de movilización de productos agropecuarios y el “matraqueo” en las alcabalas.
Otro factor que gravita de forma negativa sobre la producción de alimentos, es la falta de políticas públicas por parte del gobierno para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos generados por el cambio climático. Estas políticas permitirán desarrollar una agricultura sustentable y más productiva.
El gobierno al parecer no está al tanto, o hace caso omiso, de los llamados de alerta que vienen haciendo, con precisión científica, varias instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, sobre las consecuencias negativas de los fenómenos producidos por el cambio climático.
La amenaza de aumentos inusuales de temperatura, de lluvias excesivas en unas regiones y de prolongadas sequías en otras zonas, además de las perturbaciones generadas al ecosistema acuático, ameritan que el sector oficial tome medidas para la adaptación y la mitigación de estos fenómenos que están afectando la producción agrícola y la pesca. Sobre todo, en cultivos que son más sensibles como el maíz, las leguminosas y el cacao, así como la perturbación de los ciclos reproductores de las especies acuáticas y de los cambios de los procesos bioquímicos de la anatomía de muchas especies de moluscos.
Por estas razones, exigimos al gobierno nacional la aplicación de medidas para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos generados por el cambio climático y desarrollar un plan de construcción de nuevas obras, así como implementar el mantenimiento de la infraestructura social y de la producción en el medio rural para evitar situaciones de desastres. Exigimos también que Pdvsa asuma un plan serio para prevenir y evitar los derrames de petróleo sobre los espacios acuáticos y terrestres de nuestro país, los cuales están dañando el ecosistema marino y contaminando las fuentes de agua de las zonas rurales.
Fuente consultada: Fedeagro, Fedenaga, Cavidea, Conindustria, Consecomercio, Fedecamaras. Cedice, Pymi avícola, SVIAS, AVAF, FAO, FMI, BM, Fesoca, Federación de Caficultores, Invelecar, Feporcina, Cáritas, ONG Clima 21, CDDLatam, Fedepapa, Secretaría de Agricultura EEUU.
* Coordinador Nacional de Productores UNT